El dictamen de la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato deberá ser rechazado por mal hecho, tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con el 3 por ciento de firmas del padrón –el estándar en las naciones es 20 por ciento– con un umbral de participación del 25 por ciento, el respaldo del 33 por ciento del Congreso y el Senado, o una solicitud del Ejecutivo. Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Senado, donde querían debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera, es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos, como el PRI y el PRD, caminen a su desaparición.
Con una visión de corto plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para que busque la reelección presidencial en 2024, a lo que el presidente respondió con la firma de un compromiso en el que garantiza que su mandato termina como lo manda la Constitución, en este caso, el artículo decimoquinto transitorio de la reforma de 2014, el 30 de septiembre de ese año. El debate de la revocación del mandato está atrapado en la coyuntura política.
López Obrador realizó dos referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de México, en 2002 –a los dos años de haber iniciado– y en 2004, pero no en 2003, cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por razones de costo –papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo–, lo que parece baladí frente a decisiones costosas en materia presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como la venta del avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro de 100 mil 300 millones de pesos porque 700 mil personas, muchas de ellas en zonas indígenas y rurales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.
El presidente, un animal político en el más puro sentido aristotélico, muy consistente en su repudio maderista de la reelección, quiere mantener el poder, pero no para él sino para Morena, a fin de consolidar su proyecto de nación. Esto no se le puede criticar. Lo ilógico y absurdo sería que no quisiera hacerlo. El poder se ejerce y se procura extender para poder consolidar todo aquello que comenzó. López Obrador es un enamorado de la democracia participativa, donde el referéndum es una parte vital de su metabolismo. Por ello acompaña el dictamen con consultas ciudadanas, para que queden plasmadas dentro de la Constitución. Sin embargo, la revocación de mandato no es un recurso que necesariamente fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy no se aplica a nivel presidencial.
Una de las razones que se aducen sobre la fragilidad del recurso en una democracia, es cómo puede ser utilizado por grupos de interés para dañar a un funcionario electo. Es el caso que se dio en 2003 en California, donde se revocó el mandato al gobernador Gray Davis –el último de ese nivel que haya perdido el cargo por un referéndum– como resultado de una campaña financiada por un diputado federal que deseaba sustituirlo, grupos de interés de derecha y extrema derecha, y por una crisis energética exógena al estado. Pero hay otros factores más importantes.
Uno de ellos tiene que ver sobre la certidumbre política. En países donde los mandatos son fijos, el sistema crea certidumbres para la gobernanza. Plantear la revocación de mandato a la mitad del término, reduce el periodo de planeación gubernamental a tres años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo, para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad, donde al ganarse una elección el mandato es para cumplir con el plazo establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa legitimidad y daña el orden de la sociedad a la que se pretendía dotar de un instrumento democrático para empoderarla.
El ideal político sería tirar a la basura la iniciativa de López Obrador y legislar sobre una ley que contribuya constructivamente a la propuesta: regresar a periodos de cuatro años de gobierno –como hubo hasta Lázaro Cárdenas–, pero con reelección. De esta manera, el presidente tendría cuatro años para poner en marcha su gobierno y entraría, si así lo desea, en un proceso de reelección, que en la práctica es un referéndum sobre la gestión del gobierno. Esto sería lo mismo, pero mucho mejor.