La controvertida reforma judicial, que consensuada y corregida iba a presentarse ante el Senado, está en entredicho. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión el miércoles por la mañana, antes de ir a Querétaro a conmemorar la Constitución, y dentro del gabinete se espera su cancelación. No se ha dado explicación clara del porqué, y varios funcionarios se sorprendieron por la decisión, después de haber trabajado el paquete de iniciativas la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia. La decisión del Presidente parece, de concretarse en los próximos días, eminentemente política.

La reforma preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero provocó polémica y una airada protesta por la violación de los derechos humanos que pretendía normalizar y legalizar, junto con la restauración del poder en el Ministerio Público ante lo que consideraba como fracaso del sistema penal acusatorio. Gertz Manero nunca estuvo de acuerdo con el sistema, desde que empezó a ser planteado en el gobierno de Felipe Calderón, así como durante el proceso que fue llevado a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo gasto incontrolado e ineficiente en la Secretaría de Gobernación para la capacitación y consolidar el cambio, nunca se dio. La posición de Gertz Manero siempre fue pública y, por la coyuntura que se le abrió en la actual administración y empoderado por una autonomía sin precedentes para consolidar lo que antes era una barrera infranqueable, marchó sobre todos para alcanzar su objetivo, argumentando que el Ejecutivo no podía impedirlo.

Tres imponderables, jurídicos y de la política real, se le atravesaron. El primero fue que la Fiscalía no puede presentar iniciativas de ley; el segundo fue el reclamo dentro del gabinete que había sido pasado por alto, y el último, el Presidente. Para quienes valoran las garantías individuales y los derechos humanos, son buenas noticias que la 'ley Gertz', que las vulneraba –si las señales desde el despacho presidencial se mantienen inalterables–, no vaya a caminar. También, que en la decisión salomónica de conciliar los deseos de la Fiscalía con el resto del gobierno, se evite una minirreforma. El Presidente quiere cancelarla en su totalidad, con lo que también evitaría que el encono y la confrontación se acentuaran dentro de su equipo de trabajo, al decidirse por una reforma que no recogiera a plenitud las propuestas de Gertz Manero, quien está muy enojado por lo que sucedió al frustrarse la presentación de su reforma. No hay fecha para una nueva reforma judicial, pero se podría pensar que no se cruzaría con el proceso electoral del próximo año. López Obrador tiene demasiados fierros calientes sobre la estufa para añadir uno más que afecte lo que sí le preocupa, los votos.

La valoración de cancelarla ha sido unilateral, pero no se puede entender sin el contexto y el ánimo con el que anda el Presidente últimamente. Funcionarios federales apuntaron el enojo que carga el Presidente desde hace unas semanas ante el escenario complejo y difícil que está enfrentando, donde las cosas no están saliendo como deseaba. Las perspectivas económicas lucen oscuras para sus proyectos y programas, y no habrá manera de cambiar la inercia porque no habrá inversión privada. No tendrá recursos suficientes para el Tren Maya, ni para la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, o para otras grandes obras de infraestructura. Los inversionistas desconfían de López Obrador y consideran que no hay garantías jurídicas para la inversión, que la toma de decisiones en una persona conlleva enormes riesgos en el diseño y la ejecución.

La agencia calificadora Moody's explicó que uno de los factores por los que al menos otros 10 bancos y consultoras han recortado la expectativa de crecimiento a uno por ciento para este año, es la gobernanza, que tiene que ver con la relación entre gobernantes y gobernados. Esto significa que lo que se ve en el exterior es que la forma como López Obrador está gobernando, excluyendo a dos terceras partes del país, difamándolos, atacándolos, hostigándolos y amenazándolos con los recursos del poder que causan el mayor terror, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, sólo lleva a una tensión en el sistema, a confrontaciones institucionales y, eventualmente, a una profundización de la ruptura del consenso nacional. Otra es, cómo toma las decisiones.

Eurasia, otra consultora internacional, ha señalado que la toma de decisión en su gobierno, que depende casi en su totalidad y exclusividad de él, implica un riesgo por los enormes márgenes de error que entraña. Desde hace un año, Eurasia ha venido alertando sobre la centralización de las decisiones, que reduce los márgenes de maniobra para sus colaboradores. "Como quedó claro con la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México -señaló en un reporte en enero de 2019- tomará decisiones basadas en sus creencias y preferencias personales, con asesores moderados que tienen una influencia limitada". La experiencia en el primer año de gobierno confirmó el diagnóstico.

En el caso de la reforma judicial, a partir de lo revelado por funcionarios federales, ha seguido el mismo camino. Ni consultó a nadie de su equipo, ni lo pasó por un proceso previo de deliberación. El miércoles por la mañana comenzó a plantear la posibilidad, que tomó desprevenidos a todos. Pero nadie dijo nada. Si López Obrador quiere cancelar la reforma judicial, lo hará. Sus consideraciones no atraviesan, como ninguna de sus decisiones –salvo cuando se le convirtieron en un problema insalvable– por cálculos político-electorales. La reforma judicial se contaminó demasiado por los atropellos a la libertad, y se ha convertido en una papa política demasiado caliente. Un problema más, no lo necesita el Presidente.