Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante porque prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado con el escarnio masivo de las redes sociales. El gobernador le dijo al Presidente una mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el Presidente la repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político y lastre para López Obrador. Pensar en un proceso de destitución en el Congreso debe ser una opción.
Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winckler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el Presidente, pese a haber sido destituido en 2016 en la Procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El dislocamiento del gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.
Es insólito que un estado donde la seguridad es la prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado, coincidiendo con la llegada de García al poder.
Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14 personas –incluido un bebé– fueron asesinadas en abril, y el martes en Coatzacoalcos, en el que hasta hoy suman 28 víctimas en un atentado a un table dance, donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas, incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto impacto, como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores lugares del país.
Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este año Veracruz estaba en el primer lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por 100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media nacional, de 0.45. La incidencia delictiva se incrementó este año en 122 por ciento, y la gestión de García ha sido tan ineficiente que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial locales propusieron un juicio político contra él y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que presume tener el control de ese municipio.
El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el Presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winckler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del Presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.
Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió a la calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, Caballo Blanco, no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.
Tras el secuestro del dueño del Caballo Blanco, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales podría haber visto que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.
El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Sólo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre el 30 y 40 por ciento del sector productivo, ante la exigencia del 'derecho de piso'. García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.
La violencia se ha extendido y la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el Presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de López Obrador.