Treinta y seis horas después de que el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso convertir al Inegi en un comisario político y fiscalizador del patrimonio y bienes privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a apagar el fuego. No es conveniente, zanjó en Palacio Nacional, para eliminar un horizonte de impuestos patrimoniales y expropiaciones –como diseñó o ejecutó el presidente José López Portillo por una crisis económica que él mismo provocó–, generó una dura crítica por la intencionalidad del partido en el poder, en un momento en que tendría que estar evitando el conflicto permanente para salir de la emergencia sanitaria y enfrentar la catástrofe económica con un consenso nacional.
Ramírez Cuéllar es un político inteligente, usualmente sensato –como describió el director de El Financiero, Enrique Quintana-, y que como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados había luchado contra los emisarios del Presidente en la negociación presupuestal, para no deshidratar por completo el corpus del sector público en aras de la dogmática austeridad López Obrador. Cuidadoso, Ramírez Cuéllar no es ningún suicida. Por esto mismo, no es creíble que haya sido una iniciativa sin inducción presidencial.
La comunicación entre los líderes de Morena en las Cámaras con Palacio Nacional ha sido fluida, pero en ocasiones difícil. En el Senado, Ricardo Monreal ha tenido que enfrentar los ataques de personas radicales y muy próximas a López Obrador, y necesitado discutir personalmente con el Presidente los asuntos que le interesan para analizar su viabilidad y factibilidad. Ramírez Cuéllar, sin ese acceso y poder, pudo ayudar a sectores populares que iban a ser masacrados en el presupuesto. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es otra cosa. En privado admite los riesgos que se están construyendo con las ocurrencias de Palacio Nacional, pero en público es genuflexo. Sólo Monreal ha llegado a actuar con rangos de autonomía y le ha costado. Ramírez Cuéllar no, pero ha pataleado.
El manifiesto de Ramírez Cuéllar contiene elementos en los que no está hoy el pensamiento de López Obrador, como una reforma fiscal y un Consejo Fiscal autónomo para evaluar las políticas del gobierno, pero en lo general refleja las fijaciones ideológicas del Presidente, particularmente su animadversión contra los empresarios y sus deseos de venganza, que transpira cotidianamente contra ese gremio, que considera, fue cómplice de gobiernos 'neoliberales', chuparon recursos públicos por décadas, fueron avaros y se enriquecieron sin compensar a las clases más desprotegidas. No hay filtros ni excepciones en las palabras de López Obrador. Inclusive del magnate Carlos Slim, a quien está utilizando –y el empresario se deja utilizar a cambio de contratos–, se ha llegado a expresar en privado de manera soez, midiendo su fuerza superior al del multimillonario.
En su tarea de bombero político, López Obrador dijo que "no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen", como deberían de hacerse las cosas. Las palabras se oyen equilibradas y prudentes. Hacer de la propiedad privada y el patrimonio un ejercicio bianual público, es llamar al linchamiento, cuando prácticamente todos los días López Obrador utiliza el atril de Palacio Nacional para lanzar sermones condenatorios de empresarios. Hizo del mercado de la oferta y la demanda en las gasolineras, un ejercicio semanal para lapidar a las gasolineras que cobraran más el litro de combustible, sugiriendo corrupción y abuso. Hizo escarnio público y condena de las empresas que despidieron trabajadores ante la profundización de la crisis económica, a los que llamó no solidarios.
Sin contexto ni explicación, fustiga todo el tiempo al sector privado, generaliza, homogeneiza industrias, personas, omite circunstancias y contextos, y tiempos. Todo el sector es abusivo y obligó al gobierno a firmar contratos leoninos dice, y eso se acabó, afirma, porque era cosa del pasado neoliberal, neoporfirista y corrupto. Hoy son diferentes. Y como lo son, aniquilará todo lo que representa ese pasado.
Sus palabras conciliatorias del martes son un placebo efímero. El Presidente miente y engaña cotidianamente sin pudor alguno ni rectificación posible. No es que no se de cuenta, pero hacerlo debilitaría la narrativa de la cuarta transformación, que con base en ardides y falsedades, de propaganda y semiótica, mantiene todavía el consenso para gobernar. La pregunta abierta es si le cree la sociedad al Presidente.
Si uno se atiene a la aprobación de López Obrador en las encuestas y no se mete a revisar los atributos de su conducción, seis de cada diez personas sí le creen al Presidente. En el otro campo hay un grupo significativamente menor que no le cree. SPIN, Taller de Comunicación Política, que ha llevado el registro cuantitativo y cualitativo de las comparecencias públicas diarias de López Obrador, tiene registrado hasta el 15 de mayo, con 365 mañaneras a cuestas, 26 mil 161 "afirmaciones no verdaderas", como su director, Luis Estrada, identifica falsedades claras –como que México se fundó hace 10 mil años, casi al final de la Edad de Piedra–, o afirmaciones que no son verificables –como que todo el pueblo es bueno.
Creerle o no al Presidente se ha convertido en un acto de fe, por un lado, y de contraste con la evidencia por el otro. No hay punto medio en el México polarizado. ¿Usted le cree a López Obrador? La estadística de SPIN registra 71.6 "afirmaciones no verdaderas" en cada mañanera. Pero en un país con superávit de inteligencia emocional y profunda fe en él, la seducción persiste y oculta los engaños. La inteligencia racional está en cuarentena, en espera –si llega–, el choque con la realidad, que alineará en uno o en otro sentido, la credibilidad en el Presidente. Pero cuando eso suceda, López Obrador no cambiará, ni rectificará el rumbo. Para saberlo no se necesita fe, sino memoria.