Los memorandos de Peña

La película de Guerrero ya la vimos en México, en 1968. Comenzó el 22 de julio en la Ciudadela, cuando los granaderos abusaron de su fuerza para aplacar una gresca entre estudiantes después de un partido de futbol. La de Guerrero empezó la noche del 26 de septiembre pasado, cuando la Policía Municipal disparó contra normalistas de Ayotzinapa
–mataron a tres de ellos y a otras tres personas–, y desde entonces no aparecen 43 estudiantes. En 1968 la descomposición creció durante 72 días y terminó con la represión militar en Tlatelolco. En Guerrero, en 15 días pasó de crisis estatal, a problema nacional, y a escándalo internacional. En todos estos 46 años, el Estado mexicano no aprendió las lecciones de la historia.

En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió información de Gobernación y de la Defensa. Los informes del secretario de Gobernación, Luis Echeverría –que aprovechó la coyuntura para amarrar la candidatura presidencial, y descarrilar a su principal adversario, el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou–, lo inclinó por la solución de la fuerza sobre la negociación. Díaz Ordaz no tuvo información completa y confiable para tomar las decisiones más adecuadas a la solución del conflicto, y se manchó las manos de sangre con la muerte de decenas de personas el 2 de octubre.

El movimiento estudiantil de 1968 es una película en cámara lenta al proyectarse en Guerrero. Un asesinato en Iguala fue manejado torpemente por la autoridad estatal, sumida en la negación de su responsabilidad, pero apoyada por su partido ante la mirada pasiva –en los hechos– del Ejecutivo federal. La lentitud del Ejecutivo para intervenir frontalmente en la solución jurídica y pacífica por la desaparición de 43 normalistas, contrasta con la velocidad con la que crece la oposición a las instituciones. En unos cuantos días, las universidades se sumaron con paros y manifestaciones, los grupos sociales están movilizados, los más radicales desataron la violencia, y la presión internacional le cayó al presidente Enrique Peña Nieto. No existe el factor de la sucesión, pero tampoco le están informando sus colaboradores todo lo que necesita para tomar decisiones.

El presidente está aislado en el Palacio, con información dosificada, incorrecta y descontextualizada. Entre la información falsa está lo relacionado a los hallazgos de las fosas comunes. Le han informado que los cuerpos están calcinados, y que para determinar si su ADN corresponde al de los normalistas, se necesitan casi dos meses de análisis. En primer lugar, no todos los cuerpos están calcinados o descompuestos, como se aprecia en las fotografías de su exhumación. En segundo lugar, la Policía Científica, que depende de la Policía Federal, tiene la tecnología para determinar el ADN en dos horas. La demora en conocer quiénes están en las fosas ha provocado frustración, polarización y violencia.

El presidente recibe todos los días memorandos de una página en donde se describe el estatus del conflicto, los riesgos, las implicaciones, y se hacen recomendaciones. Esos memorandos carecen de información de inteligencia, pues el Cisen, responsable de entregar los insumos a la Oficina de la Presidencia, está obteniendo su información de los periódicos. Todos los días, a las siete de la mañana, los directores de Análisis, Inteligencia, Escuchas, Currículas (las fichas de todas las figuras públicas) y Subversión, se reúnen con el secretario general del Cisen para elaborar el Informe Ejecutivo Diario, conocido como IED.

Lo que revisan es la información de los periódicos de la ciudad de México y a partir de lo que se publica, se determina qué información se incorpora en el reporte para el memorando del presidente. Uno de estos informes fue publicado la semana pasada por El Universal, que contenía lo que se había publicado en la prensa de Guerrero y de la ciudad de México en los 18 últimos meses, sin ningún análisis adicional que diera valor agregado a lo entregado en Los Pinos. Esa información es pública y el material entregado al presidente carece de contexto y adolece, más grave aún, de una jerarquía que dé dimensión al insumo.

Una de las variables que demuestran esa debilidad analítica de los órganos de inteligencia, por ejemplo, es la relacionada a las guerrillas. No existe en ninguno de los reportes un análisis sobre los comunicados de la guerrilla sobre Iguala. Desde el 30 de septiembre al 12 de octubre, son seis comunicados, provenientes de cuatro grupos armados diferentes –incluso rivales entre sí–, cuya frecuencia no se daba desde 2007, cuando el EPR (tres de los actuales están firmados por ellos), giró instrucciones a través de ellos a sus cuadros para colocar explosivos en oleoductos de Pemex por la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca. Si al presidente no le han hablado del factor guerrillero en Iguala, menos aún sobre lo que la frecuencia significa.

Los memorandos entregados al presidente no sirven para nada. Si el presidente lee un solo periódico, puede encontrar más información y análisis que lo que le proporcionan sus órganos de inteligencia. Es evidente que si Peña Nieto está tomando decisiones sobre lo que le están informando, van a ser equivocadas y, como en el caso de Díaz Ordaz, serán totalmente fallidas en la solución pacífica del conflicto. Mucho han pagado los gobiernos mexicanos por las malas decisiones de Díaz Ordaz. Cuando menos esto, Peña Nieto no puede soslayar.

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