Se agradece que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconozca que no hay nada de qué presumir en el combate a la delincuencia. Qué bueno que se desterraron los discursos triunfalistas del periodo de la transición y entramos al terreno de la realidad. Frenar la violencia y revertir la tendencia no iba a ser nada fácil, después de seis años de una estrategia de seguridad fallida, equivocada, y pensada más en la construcción de una candidatura presidencial –la del senador Miguel Ángel Osorio Chong–, que en la protección de los mexicanos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claudicó en su función prima, por incompetente, ignorante y ambicioso, y la misma ruta parecía que seguiría el del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este primer corte de caja, vemos con agrado, que no es así. Pero no todo es bueno.
Durazo dio a conocer un informe de 95 páginas lleno de datos y cuadros estadísticos, cuyo trabajo de arqueología permite sacar unas primeras conclusiones. A nivel nacional, como dijo el secretario, se logró una contención en homicidios. Durazo dijo que el máximo histórico se alcanzó en julio del año pasado, con tres mil 74 homicidios dolosos, y que en los primeros meses del año se estabilizó en 0.4. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas el 20 de septiembre –en seis días vendrá la actualización mensual-, durante agosto de este año hubo tres mil 54 asesinatos, lo que explica su "estabilización". Sin embargo, el total de personas asesinadas durante los primeros ocho meses de 2019 fue de 23 mil, lo que significa un incremento de 35 por ciento respecto a 2018, cuando se registraron 22 mil 891 muertes en el mismo periodo.
Estos datos también tienen que ser analizados con otra gráfica que fue dada a conocer por el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien afirmó que el índice de letalidad se redujo en 88 por ciento este año, al registrar 123 muertes de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad federales, contra 230 muertes de agresores en el mismo periodo de ocho meses de este año. Estos datos tienen una explicación: el gobierno de López Obrador no está combatiendo a los criminales. Las muertes se registran cuando son agredidos y responden el fuego, o cuando actúan en flagrancia, no por operativos especialmente diseñados para enfrentar a la delincuencia organizada.
A nivel local, el informe muestra un dato espectacular, por lo negativo del mismo. Una gráfica ilustrativa (página 14) menciona el número de efectivos de la policía por entidad, que incluye una columna sobre el déficit y el superávit de las policiales en el país. Por cuanto al déficit, las cinco entidades que presentan el mayor rezago de policías por habitante son Tamaulipas (-76.79 por ciento), Veracruz (-64.75 por ciento), Coahuila (-59.86 por ciento), Estado de México (-59.79 por ciento) y Zacatecas (-58.95 por ciento). Con respecto al superávit sólo aparecen cuatro: Yucatán (4.46 por ciento), Colima (14.12 por ciento), Tabasco (14.46 por ciento) y Ciudad de México (191.52 por ciento). Si usted piensa que leyó mal el porcentaje de policías por habitante en la capital federal, no lo hizo.
La Ciudad de México tiene un superávit de tres dígitos. El número de policías por cada 100 mil habitantes supera en 70 por ciento el estándar internacional y, sin embargo, la seguridad es un desastre. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la consultora GLAC, entre enero y agosto la Ciudad de México se colocó como la cuarta entidad de mayor incidencia delictiva, con mil 874 incidentes por cada 100 mil habitantes, superada sólo por Colima (dos mil 375), Querétaro (mil 955) y Aguascalientes (mil 917). Por cuanto a homicidio doloso, Colima se mantiene en el primer lugar, con 56 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, y la Ciudad de México en el lugar 19 con 11.4 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes, casi igual que Veracruz (11.6 por cada 100 mil habitantes), que se encuentra en el imaginario colectivo como uno de los estados más peligrosos del país.
Durazo fue cuidadoso y en ningún momento mencionó a la Ciudad de México, cuya jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la funcionaria más protegida por el presidente López Obrador. El secretario habló de la percepción de inseguridad que se vive en el país, sobre la base de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, dada a conocer en septiembre, donde el 78.9 por ciento de los mexicanos dice vivir con inseguridad. Cuando se analiza la encuesta por estados, 14 entidades superan la media nacional, donde la Ciudad de México figura en el segundo lugar de mayor sentir de inseguridad, con 89.23 por ciento, 10 por ciento más que la media nacional, y sólo superada por Tabasco, con 90.24 por ciento.
El mensaje de Durazo se alejó positivamente de su discurso triunfalista durante el periodo de transición, derivado –por confesión de parte– de que el estado desastroso que dejó Peña Nieto en cuanto al tema de la seguridad, fue corroborado en los hechos por este gobierno una vez que entró en funciones. Usar la estadística para manipular a la opinión pública como lo hizo el secretario, no es algo inusual. Todos los gobiernos lo hacen, aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hizo algo distinto: ocultar la cifra de la inseguridad y la violencia hasta que la realidad lo atropelló. Durazo expresó la preocupación del gobierno y lo mucho que les falta por hacer para mejorar la seguridad, el tema que más preocupa a los mexicanos. Tienen que revertir la tendencia, porque los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador, fueron los más violentos en los tres últimos gobiernos.