La crónica de la violencia y los ajustes de cuentas que se viven actualmente en Nuevo Laredo, comenzaron el 4 de enero de 2017. Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo Laredo, fue emboscado por un comando poco antes de la medianoche y lo acribillaron. Iba acompañado de una agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un agente de la Policía Investigadora. Se informó que el ataque se dio después de haber tenido una reunión de trabajo, pero nunca se dijo con quién y de qué se trataba esa junta. Lo que sucedió en ese encuentro, según se colige de informes de inteligencia del gobierno federal, es lo que motivó el asesinato.
De acuerdo con la información de inteligencia, aquella reunión de trabajo en enero de 2017 había sido para enviar el mensaje al Cártel del Noroeste, que tiene bajo su control Nuevo Laredo, Guerrero y Mier, en el pequeño cuerno tamaulipeco que encierra a Nuevo León, de que todos los acuerdos que podrían haber tenido en el pasado, se cancelaban. Esa región no estaría ya más en su control. En desafío claro, respondieron asesinando al mensajero. Hoy se encuentra sujeta a proceso por ese crimen Sofía del Carmen, quien era la presunta jefa de la plaza de Nuevo Laredo, y sobrina de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, El Z40 y El Z42, que fundaron ese cártel tras las rupturas internas de Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Un día después, sucedió otro evento vinculado. El delegado estatal del Cisen, Marco Francisco González Meza, el coordinador general de la Policía Federal de Tamaulipas, Sergio Licona Gómez, el inspector general, Tito Jiménez Vázquez, y el oficial Macedonio Hernández, murieron en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cuando se dirigían a una reunión de emergencia del Grupo de Coordinación Tamaulipas, para decidir las acciones a seguir tras el asesinato de Martínez Chávez. Oficialmente se dijo que se había tratado de un accidente, y la camioneta blindada de la Policía Federal en la que viajaban, quedó prácticamente destrozada a un costado de la carretera.
El asesinato de Martínez Chávez cimbró las estructuras de seguridad. Escasos dos meses antes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca había asumido la gubernatura y había designado como nuevo fiscal a Irving Barrios Mojica, con un historial negro de sus tiempos cuando trabajó en la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón. Barrios Mojica era jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y fue pieza instrumental de la entonces procuradora, Marisela Morales, en la manipulación de testigos para acusar a personas públicas, como sucedió con el llamado michoacanazo, cuando se detuvo a 10 alcaldes y 25 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y la llamada Operación Limpieza, que se fue desmoronando y dejó en entredicho el trabajo de la PRG y de su entonces titular, Eduardo Medina Mora.
Barrios Mojica nombró a Martínez Chávez, quien también había trabajado en la PGR en las áreas que combaten la delincuencia organizada, como coordinador regional en Nuevo Laredo. El gobernador designó a Félix Arturo Rodríguez, quien llegó directamente de Puebla, donde estaba acusado de extorsión y privación de libertad, como director del Centro de Análisis de Información y Estudios de Tamaulipas, responsable de los comandos especiales, algunos de los cuales son los que están presuntamente acusados de la ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo la semana pasada. Informes del gobierno federal señalan que algunos de sus integrantes forman parte de varias organizaciones criminales enemigas del Cártel del Noreste.
Tamaulipas está podrido en términos de seguridad, como lo está mostrando el microcosmos de Nuevo Laredo, donde los sucesos violentos de las últimas semanas sugieren que las organizaciones criminales se están alineando con las fuerzas de seguridad del estado para eliminarlos. En Mier, el municipio que sirve de barrera que impide fácilmente llegar a grupos rivales a Nuevo Laredo, opera el grupo conocido como Los Metros, una escisión del Cártel del Golfo, fundado por José Eduardo Castilla, El Coss, exlíder del Cártel del Golfo, que se alió con el Cártel del Pacífico, cuyo brazo armado es el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.
La guerra que enfrenta el Cártel del Noreste, dicen funcionarios federales, es con el CJNG por la aduana de Nuevo Laredo, la principal frontera del comercio con Estados Unidos y Canadá. El control de esa aduana, por donde cruzan 13 mil 500 contenedores al día, es altamente redituable para los grupos criminales, que cobran miles dólares por cada unidad que cruza. De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel del Noreste, en colusión con autoridades federales, maneja la aduana, por donde entran todo tipo de mercancías –sobre todo dinero–, salvo explosivos, municiones y medicinas.
Esa aduana es tan peligrosa, que cuando el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, era administrador general de Aduanas del SAT, el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, le recomendó no meterse en la de Nuevo Laredo, y que si se concretaba la mudanza de su dependencia a esa ciudad, como deseaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, viviera en Laredo, Texas, no en territorio mexicano. Peralta fue relevado en mayo.
El asesinato de Martínez Chávez se dio cuando el Cártel del Noreste entendió que el statu quo en el que operaban se iba a modificar y el crimen fue la respuesta de lo que enfrentarían si lo intentaban el gobierno o sus adversarios, el CJNG, que es el que pretende apoderarse del control de la aduana de Nuevo Laredo. Por esta razón, Nuevo Laredo vive en zozobra desde hace más de dos años y medio.