Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con IEnova, filial de la gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del Estado de derecho.
El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.
López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) "los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general", dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque "las tarifas están por las nubes" y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercado doméstico estadounidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.
La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera –que es también contra TransCanada–, cuyo gobierno ha sido más beligerante y público que el estadounidense. Una semana después dijo: "No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino".
López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.
Ese gasoducto parte de Brownsville, donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales apoyadores de Trump para llegar a la presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.
Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al Presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.