Una serie de grabaciones telefónicas de funcionarios de Pemex donde mostraban la corrupción en los más altos niveles de Pemex, fueron presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur en Brooklyn hace cinco días como evidencia en una demanda contra el gobierno de México por parte de la empresa Oro Negro, renovando el escándalo por el saqueo en la empresa del Estado mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las grabaciones fueron revisadas por The Wall Street Journal y Univisión, y a ellas se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes, con frivolidad y estrechez de miras, que soslaya o ignora que lo que se dirime en Nueva York es mucho más relevante, por sus consecuencias, que su ajuste de cuentas con el pasado.
López Obrador dijo que las grabaciones que muestran corrupción correspondían al gobierno anterior y no deberían sorprender ni provocar rasgaduras de vestiduras. La simpleza de su pensamiento es peligrosa. Hacer la diferencia entre el Pemex del presente y el Pemex del pasado juega bien en su narrativa de la destrucción de todo lo que lo antecedió, pero en términos políticos y jurídicos es la misma empresa. El Presidente debería ser cuidadoso en sus declaraciones y preocuparse, pues desde mayo la Comisión de Bolsas y Valores, conocida como la SEC, el acrónimo de Securities and Exchange Commission, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan a Pemex.
"Las grabaciones revisadas por The Wall Street Journal ofrecen una rara ventana a la corrupción endémica en una de las más grandes empresas estatales de México", escribió Robbie Whelan, uno de los corresponsales del diario en este país. "Durante un periodo de tres meses en 2017, Black Cube –una empresa de investigación israelí–, contratada por Oro Negro, grabó en secreto decenas de horas de conversaciones con exejecutivos de Pemex, en ese entonces en funciones, describiendo un elaborado sistema de pagar para jugar en la empresa petrolera, donde se aceptaban sobornos por contratos".
El párrafo es demoledor en términos jurídicos, pero se apoya en la investigación que inició la SEC sobre posibles irregularidades contables (subrayado mío), apoyada por los abogados de la unidad criminal del Departamento de Justicia que se enfoca al Acta de Prácticas Corruptas, los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn, la oficina del FBI en Houston y la oficina de la SEC en Miami, donde vive Gonzalo Gil White, fundador y presidente de Oro Negro. Si López Obrador no entiende lo que esto significa, o si en su equipo de colaboradores no le han explicado la magnitud de lo que representa esta investigación, la omisión significará una irresponsabilidad más grande de lo que las consecuencias para Pemex podrían significar que se le señalara como una institución endémicamente corrupta.
En junio de este año se tocaron en este espacio las investigaciones sobre corrupción en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, y sus consecuencias: "La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución… La forma como el gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex… al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él el presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya… es más chico que Pemex... Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior…
"Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y… no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya, son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del gobierno y, como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta".
El análisis comparativo es PDVSA, Petróleos de Venezuela, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia civil y militar, donde se hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, por las componendas con los empresarios, beneficiados con contratos a cambio de sobornos.
Esto se paró cuando intervino Estados Unidos. El 28 de enero el Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades y los intereses de PDVSA, y prohibió realizar transacciones con la compañía. Cortó el acceso del Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Ya no puede acceder a financiamiento en los mercados estadounidenses, una de las razones por las que detonó su crisis.
La economía venezolana quedó a merced de Estados Unidos porque no fueron las personas, sino PDVSA la que estaba con la gangrena de la corrupción. Por ese camino va Pemex. El presidente López Obrador debe avivarse y ampliar su horizonte estratégico y de acción. No hizo caso del juicio en Brooklyn en un principio cuando no figuraba directamente Pemex. Hoy ya no es lo mismo. O actúa rápidamente, o todos pagaremos su negligencia.