Las prisas y las improvisaciones del gobierno de México no ayudaron a fortalecer la posición ante las amenazas del presidente Donald Trump, de imponer aranceles si no frenaban la migración hacia Estados Unidos y enfrentaban al crimen organizado, y mostró su temor. El providencial respaldo republicano que presionó a la Casa Blanca para recular la elevación de aranceles por el costo político que pagarían con el electorado –al ser los consumidores quienes terminarían pagando más por los productos mexicanos–, abrió una puerta de salida al conflicto, pero no solucionó el problema de fondo. En la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, la lista de demandas se elevó. Si las aceptan como "concesiones absolutas", dijo el consejero comercial de línea dura de Trump, Peter Navarro, los nuevos aranceles "podrían no entrar en vigor".
La falta de estrategia mexicana fue evidente desde el primer momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que viajaría una delegación mexicana a Washington para negociar con los estadounidenses y despachó a la mañana siguiente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sin estar enterados los dos que sus contrapartes estaban de viaje y no regresarían hasta el miércoles. Salvó la cara la reunión el lunes con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que se sumó a la delegación el domingo. Pero esto fue fortuito, aprovechando Márquez una oportunidad que se le cruzó.
Márquez estuvo en San Salvador el sábado pasado representando al gobierno mexicano en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, y se cruzó con Ross en el lobby del hotel. La secretaria lo abordó y le pidió una cita en Washington. Audaz, no esperó instrucciones presidenciales, y ayudó a darle cuerpo a un viaje que tuvo que iniciar con conferencias de prensa desde la embajada mexicana, para llenar los espacios de opinión pública y evitar que el énfasis fuera el de una espera en las puertas de Foggy Bottom. La entrevista con Ross sirvió para los consumidores mexicanos, pero sin llegar a ninguna parte. El conflicto de Trump con México no es comercial.
Ebrard habló informalmente el domingo con el secretario de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, que mencionó los temas que molestaron a Trump, y donde no veía avances: freno a la migración, falta de seguridad, y el control del crimen organizado del fenómeno. Ebrard no es contraparte de McAleenan, pero López Obrador prefirió hacerlo responsable de esos temas en lugar de enviar como interlocutores a quienes les tocan esos temas en su administración: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Es el estilo del presidente, la transversalidad, encargando funciones fuera de su ámbito, a quien le da mejores resultados.
El planteamiento sobre la mesa en la Casa Blanca fue conciso: 1) medidas enérgicas con quienes piden asilo en Estados Unidos; 2) reforzar la vigilancia en su frontera con Guatemala, y 3) acabar con la corrupción de sus funcionarios en los puntos fronterizos. Estados Unidos quiere un mayor control sobre las visas humanitarias –preferentemente que se cancelen–, y que, en lugar de hacerles la vida fácil a los inmigrantes en el cruce de México a esa nación, que les quiten los incentivos para migrar.
Navarro explicó que México debía "comprometerse a recibir a todos los que buscan asilo en Estados Unidos –que son deportados– y que les apliquen las leyes mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras". Esto significa que para Trump, el acuerdo con México, vigente desde febrero, de recibir diariamente un máximo de 60 inmigrantes que quieren asilo en ese país, debe ampliarse y aumentar la cuota, bajo lo estipulado en la Sección 235 del Acta de Inmigración y Nacionalidad, que les fue comunicado el 20 de diciembre pasado.
La "concesión absoluta" que mencionó Navarro, significaría revertir la posición del gobierno de López Obrador de proteger a quienes quieran iniciar un procedimiento de asilo en Estados Unidos, proporcionándoles visas humanitarias con entrada múltiple a México, y para quien lo solicite, visas de trabajo. Trump considera que los migrantes son introducidos por el crimen organizado, que México no combate, y que han aprovechado un procedimiento legal, conocido como 'el miedo creíble', utilizado como 'script' por los sujetos a deportación, donde los jueces frenan el proceso al decir que tienen miedo de morir si los expulsan. Las pretensiones no son aceptables todavía.
La segunda concesión sobre la mesa fue el compromiso de México de reforzar su frontera con Guatemala, reforzada por la tercera exigencia de frenar la corrupción en los puntos fronterizos. Los estadounidenses no entienden por qué no pueden frenar la migración si lo que tienen que sellar es una frontera de sólo 240 kilómetros. "Esos puntos de entrada están diseñados para detener el flujo, pero en lugar de eso está la corrupción, los funcionarios del gobierno que están haciendo dinero del tráfico de personas", precisó Navarro.
Los planteamientos generales de la Casa Blanca los expuso McAleenan a Ebrard el domingo. Su afirmación de que había 80 por ciento de posibilidades de llegar a un arreglo sugerían que habían aceptado "las concesiones absolutas". Navarro lo dejó entrever ayer en una entrevista con CNN: "Creemos que los aranceles no van a entrar en vigor, porque ya tenemos la atención de los mexicanos", dijo. La esperada negociación en la Casa Blanca entró en un impasse, aunque las señales son que aceptarán las condiciones. Están muy arrinconados. Trump adelantó que "México quiere hacer un trato", pero Ebrard pidió tiempo para entender la dimensión de lo que exige Estados Unidos. Cuestión de tiempo. Difícilmente López Obrador romperá con Trump.