En tan sólo 24 horas, el gobierno de México ha vulnerado su seguridad nacional por instrucciones de quien debe ser su mayor garante, el Presidente de la República. En dos conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrojó a la tarima de la opinión pública al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que, en aras de la "transparencia" –como retóricamente se esconde la opacidad del gobierno–, revelara información secreta que pone en riesgo la vida de militares y de sus familias, y mostró las capacidades tácticas y tecnológicas que, al poder ser vistas y analizadas por el crimen organizado, minan al Estado mexicano. El Presidente no es un traidor a la Patria, no hay que equivocarse. Lo que se puede argumentar es que no termina de entender que es jefe de Estado, no un político en campaña permanente.
La nueva montaña rusa donde se ha metido de manera voluntaria ha rebasado su capacidad cognitiva y de reacción, pero no su vocación indómita para hablar de todo sin detenerse un momento a reflexionar sobre el daño que pueda causar. En la conferencia del jueves sucedió algo muy grave. Neldy San Martín, de la revista Proceso, cuestionó que en la relatoría que hizo el general Sandoval, el miércoles, no mencionara quién había ordenado el operativo ni establecía la cadena de mando. Con una extraña demostración de sinapsis, el Presidente, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, interrumpió al general Sandoval cuando hablaba de un militar que, por no aceptar un soborno del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre, fue amenazado, al igual que su familia, y le ordenó que, sin revelar el nombre de ese oficial, revelara el nombre del "operativo en lo nacional". Esa instrucción generó una lamentable confusión que atenta contra el Estado.
Operación nacional no es la operación en Culiacán per se. El general Sandoval no pidió explicación al Presidente en la tarima de Palacio Nacional, en una conferencia transmitida en vivo, ni tampoco se negó a acatar la orden. Tampoco le pidió una aclaración a la instrucción antes de dar el nombre del teniente coronel Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GIAN), como el responsable, no de haber ordenado el operativo o como el mando más alto en el culiacanazo, sino como "el responsable de la generación de la obtención de información". No es lo mismo, pero el mensaje que salió de Palacio Nacional es que él fue el jefe de las acciones del 17.
En un día se revelaron dos secretos de Estado. El miércoles, por instrucciones presidenciales, el general Sandoval dio a conocer la existencia del GIAN, un órgano secreto adscrito al desaparecido Estado Mayor Presidencial, que no podía encontrarse en ninguna parte de los organigramas del gobierno federal. El GIAN fue descrito miércoles y jueves como un grupo altamente capacitado que había participado en muchas acciones contra objetivos de alto impacto. En la exaltación del GIAN señalaron dos de sus acciones, aunque uno de ellos, Santiago Mazari, el jefe de la banda criminal de Los Rojos, no fue capturado, sino se entregó este año. El otro secreto fue el nombre del teniente coronel Verde, como jefe del GIAN, a quien, al haber exaltado como un grupo de élite altamente exitoso, se puso su vida en riesgo.
En ninguna parte del mundo los nombres de quienes encabezan las unidades especiales se revelan. Uno de los ejemplos más famosos de esta secrecía es el vestíbulo de la CIA en Langley, Virginia, donde en un muro de mármol blanco están estrellas, sin nombre, de sus agentes caídos en misiones. Cometer indiscreciones de esa naturaleza, por ignorancia o ingenuidad, tiene consecuencias. En México hubo un episodio lamentable de ruptura en la seguridad del Estado, en diciembre de 2009, cuando después de que se hizo un homenaje público a un marino que participó en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, como represalia, sus hermanos subcontrataron a una célula de Los Zetas para que mataran a su madre y a sus dos hermanos. El presidente López Obrador, que forzó la revelación del nombre del jefe del GIAN, había criticado, paradójicamente, aquella falla en la que incurrió el gobierno federal.
Todo ello, empero, no reveló quién diseñó y estuvo en lo alto de la cadena de mando operativa. El responsable de la operación fue el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, exjefe del GIAN, que trabajó con el teniente coronel. Lo que sí quedó al descubierto con la relatoría de lo sucedido en Culiacán, fue la capacidad táctica y operativa del Ejército y los cuerpos especiales militares. Demostraron falta de organización, ausencia de estrategia, carencia de información de inteligencia y deficiencias notables en el mando. La estructura completa de lo que se considera la última trinchera de defensa de México, quedó exhibida como incompetente e incapaz.
Otro secreto de Estado que se reveló fue que la Marina, que durante más de una década fue responsable del combate del Cártel de Sinaloa, está desplazada. Sus comandos de élite, los más preparados de las fuerzas especiales mexicanas, están en sus bases. El resultado se vio hace dos semanas al intentar capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. De los operativos exitosos se pasó al fiasco. Y para ocultar la vergüenza de una derrota tan pública y contundente, la fuga fue hacia adelante, aumentando los yerros. Son estos muy graves, al haberse revelado secretos de Estado, desnudando a la Fuerzas Armadas frente a las organizaciones criminales y regalándoles información para que puedan humillarlos cuando, con dinero y decisión, quieran hacerlo.