Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los abogados a los que se encomendó.
La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús Delgadillo, la envió a la cárcel.
Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto de las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el teléfono rojo, como se identifica la red intragubernamental, y en sus acuerdos, y de haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada del acta entrega-recepción en esa dependencia.
El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del análisis de la Cuenta Pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor.
Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella en su momento. En los siguientes análisis de la Cuenta Pública no se repitieron las imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del auditor Portal.
Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron sólo provocó que el caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la comparecencia, pueden ser llamados por la Fiscalía, sobre todo porque el propio juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los mismos delitos que la acusada.
La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá ser.
La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad, aportando pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el gobierno del Estado de México. Esa previsión de la ley abriría la caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su usufructo. De estos temas se hablará más adelante.