La Marcha por la Verdad, la Justicia y la Paz que encabezaron Javier Sicilia y Adrián LeBarón, fue el nuevo catalizador del odio en México, que no se sabe cuánto es real y cuánto es artificial, que sale de la poderosa maquinaria de propaganda de las redes en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene ramificaciones en Palacio Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde donde salen parte de las instrucciones sobre qué tema y qué individuos hay que neutralizar a través de insultos y amenazas, de descrédito y de violencia. Las turbas lopezobradoristas confrontaron a los marchistas el domingo, y el lunes, para profundizar más los agravios, el Presidente reforzó la animadversión.
Las reacciones oficiales a la marcha mostraron la hipocresía del grupo gobernante, que ejerce una empatía discrecional, que aplica en los casos donde las víctimas no representan un reto a la prominencia o credibilidad del Presidente. En el Zócalo, donde agredieron a los marchistas, la estrategia fue la del sabotaje, mediante la intimidación violenta y las agresiones miserables contra un grupo de personas que han perdido a sus hijas e hijos, madres y padres, nietos, parientes, amigos, que sólo pedían paz y justicia. No lo lograron.
La ideología es mucho más fuerte en este régimen que la empatía con quienes han sufrido la violencia de forma irreversible. La politiquería, mediante la desacreditación, es para el gobierno mejor salida que enfrentar cara a cara a personas que no tienen nada que perder, porque ya lo perdieron, y que lo confronten, no para que pague lo que otros hicieron, sino para que deje de mirarse al ombligo y haga la justicia que tantos años y tantos meses en el poder, prometió hacer con quienes han sido víctimas de la delincuencia. No va a pasar, porque para el Presidente hay víctimas que para la mayoría son victimarios, y victimarios que son más peligrosos para él que los cárteles de la droga, como los críticos a su gobierno.
López Obrador, que ganó las elecciones con 53 por ciento del voto –que representa a 30 por ciento de los electores, dentro de los cuales se ubicaron presumiblemente los cárteles de la droga, por las promesas de darles amnistía y no combatirlos–, es consistente en la señal de la gracia juarista para los criminales y la mano estalinista contra quienes piensan distinto a él.
Para los primeros, que en su cuenta deben decenas de vidas, siempre habrá mensajes de apoyo humanitario y llamados a la sociedad para que los comprenda; para los segundos sólo habrá atención cuando coyunturalmente le convenga, como sucedió tras el asesinato de tres madres y seis de sus hijos, miembros de la familia LeBarón, el año pasado, donde los recibió y visitó cuando el ambiente político lo exigía, y ahora, como miembros de la marcha, vituperó y rechazó.
La seguridad nunca debe verse desde un ángulo político, como hacerlo llevó al desastre al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo ha reiterado el presidente López Obrador, con un agravante: el odio que desparraman todos los días él y su equipo con sus francotiradores cibernéticos. Es muy difícil, si no imposible, que la interacción política sea asimétrica, donde el gobierno, que por definición tendría que contener sus inmensos recursos para aplastar a cualquiera, opte por lo contrario en lugar de buscar que sea la vía del debate y la confrontación de ideas lo que alimente a la opinión pública.
Cuando se tiene una tribuna como la del Salón de la Tesorería todas las mañanas en Palacio Nacional, desde donde se puede actuar con impunidad y cuyos excesos nunca resuelve con rectificaciones o disculpas, sino que escala con más ataques, los espacios para actuar políticamente en México se van cerrando. El Presidente debería saber que cuando se acorrala y no se dejan puertas de escape, la respuesta de aquellos a los que quiere aniquilar, puede ser extrema, en los mismos términos políticos.
Dicho de otra forma, si la arena pública para el debate de los asuntos políticos es inexistente en México, buscar otra para discutir los temas mexicanos, es la alternativa más viable. Se vivió durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992 y 1993, cuando la discusión de los asuntos fundamentales para México se dio en Washington. López Obrador está empujando a muchos actores políticos a trasladar la arena pública a la capital de Estados Unidos, sabedores de que lo único que doblega al Presidente es Washington, y cómo el presidente Donald Trump es al único que respeta. Si López Obrador sí tiene un contrapeso, lo natural es que hay que llamar la atención al contrapeso.
La ventana está abierta con su inexistente política de seguridad. Hay muchos apoyos en Estados Unidos para quienes difieren de la estrategia del presidente López Obrador, cuya política entreguista con los cárteles de la droga tiene muchos opositores. López Obrador ha descuidado la forma y las leyes con su actitud militante. Maltratar a activistas como Sicilia y LeBarón, a adversarios políticos como al expresidente Felipe Calderón, a periodistas y a quienes muestran ideas distintas a él, está volando para convertirse en un tema ya no sólo de seguridad y complicidades no escritas con los criminales, sino también de hostigamiento, pérdida de libertades y persecuciones políticas.
Esto es lo que provoca gobernar para una tercera parte de los mexicanos, soslayando la máxima de que el poder no es para siempre. Hoy podrá no importarle nada de esto, y su maquinaria de propaganda seguir incendiando las redes sociales y acercando el momento en que la violencia se convierta en física. Pero todo tiene su punto de inflexión. Robespierre, ya que le gusta la historia, tendría que ser su referencia.