Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con alrededor de 100 empresarios, para algo que ya saben en qué terminará. Comprarán cientos de boletos para la rifa de 100 millones de pesos para comprar medicinas y equipo médico, y que se ha disfrazado de sorteo del avión presidencial. El tema sigue metiendo en problemas al gobierno y enredándolo más en temas legales que significan responsabilidades penales. El martes, quien resbaló fue el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien entregó un cheque por dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para el pago de los premios. Se suponía que el Instituto ya tenía ese dinero en caja pero resultó mentira. Sin embargo, el resultado fue peor, porque el fiscal entregó dinero asegurado de una empresa sin haber consignado la carpeta de investigación ante tribunales, y sin saber si el juez va a aceptar las pruebas presentadas.
El avión queda en lo mismo. Ningún recurso asegurado ni dinero de la rifa será para saldar la deuda de 130 millones de dólares de la Secretaría de la Defensa Nacional con Banobras, dueño del avión. La Fuerza Aérea a poco será dueña de la nave hasta que se la pague. El caso contrario sería una cuenta incobrable para Banobras, y Hacienda tendría que aprobar el quebranto para que se convierta en deuda. No había necesidad de todo esto. En la transición, el equipo de López Obrador recibió el reporte que la empresa británica Ascend Flightglobal Consultancy entregó a Banobras el sexenio pasado, cuando se analizó la opción de venta del avión, un Boeing 787-8, antes de aceptar su entrega. La consultora proporcionó también un análisis sobre el mercado privado de las aeronaves de negocios, llamadas 'Bizliners', de fuselaje ancho, cuya configuración se asemeja a la de aeronaves de gobierno.
Una de las conclusiones era que difícilmente podría venderse en un plazo de 12 meses, por las condiciones económicas del mundo tras la crisis financiera de 2009 y por la configuración altamente personalizada, que obligaría a un descuento por readaptación. En su opinión, si el avión se vendiera a un gobierno o una empresa en 24 meses, el valor de la pérdida con respecto a su valor de adquisición, de casi 218 millones de dólares, podría ascender a 70 millones, y de 36 a 76 meses. Si se pretendiera recomercializarlo y reconvertirlo en avión comercial, la pérdida podría ascender a 50 por ciento del valor de la compra.
Ascend señaló que el precio del avión fue muy atractivo y el costo de sus acabados internos estuvo en línea con los estándares de la industria para aeronaves de ese tamaño, por lo que sería improbable adquirir una aeronave alternativa a mejores precios. El avión, agregó, era uno de los de mayor eficiencia en su momento y cumplía con los requisitos para operar desde la Ciudad de México. Adquirir uno nuevo costaría, cuando menos, de 250 a 350 millones de dólares. En conclusión, Ascend recomendó "aceptar la entrega y conservar para operación la aeronave… durante el futuro previsible".
Un resumen de este informe fue publicado en el portal de la Presidencia de la República, el 14 de enero de 2016. Es decir, el equipo de transición contaba con una alerta pública de la existencia del documento y con la misma evaluación. En su momento debían haber informado a López Obrador de la dificultad de llevar a la venta, como había ofrecido en campaña y, si lo hicieron, debió haberlos escuchado. Aun así, hubo algunos que mostraron atracción por el avión. Uno de los últimos interesados fue un país africano –probablemente Nigeria–, pero según allegados a los funcionarios involucrados en el tema, no avanzó porque dentro del gabinete le propusieron la rifa al Presidente. Como ya se sabe, fue un desastre.
El Presidente, típicamente, se ha ido para adelante, a costa de su propio prestigio y de las burlas sangrientas a su inteligencia en las redes sociales, que tanto elogia. Rechazó soluciones comerciales y financieras, y el avión está satanizado. ¿Quién se atrevería a utilizarlo? Sin embargo, López Obrador tiene una salida política al avión, si quisiera explorarla, y mediante un uso fuera de México, no arrendado ni vendido –opciones que deberá mantener abiertas–, podría sacar un gran provecho de esta aeronave que políticamente lo ha lastimado. Por ejemplo, ofrecerlo a las Naciones Unidas con fines humanitarios.
Existe el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, manejado por el Programa Mundial de Alimentos que ofrece transporte de pasajeros y carga ligera, puentes aéreos hacia o desde zonas de crisis e intervenciones militares, desastres naturales, hambruna, y asistencia de emergencia en lugares donde no hay acceso para otro tipo de aviones. El Boeing 787-8 no podría aterrizar en varias zonas en crisis, donde las pistas, o no son lo suficientemente largas o son de terracería, pero sí podría ser de gran utilidad en evacuaciones desde la mayoría de las capitales del mundo, que tienen capacidad para recibir ese tipo de naves.
Naciones Unidas opera una flotilla rentada de 50 helicópteros y aviones de hélices para este tipo de acciones, que en 2018 tuvieron participación en 16 países, donde ayudaron a casi 400 mil personas a ser evacuadas. López Obrador ha dicho que la "lujosa" flota de aeronaves gubernamentales no será usada en México. Ponerlas a disposición de las Naciones Unidas, rentadas a mejor precio o prestadas con fines humanitarios, es una tarea que el mundo le agradecerá y podrá concitar el respaldo de los mexicanos. Definitivamente sería una gesta de solidaridad internacional, en lugar de dejar que se deterioren las naves en los hangares porque no se le ocurrió mejor idea para mantener cara ante su promesa de campaña.