Encandilados por el juego de la sucesión presidencial, el asedio a la Universidad Nacional pasa desapercibido. El asunto es delicado porque, en breve, ese importante centro de estudios entrará en estado de ebullición con motivo de su propia sucesión en la rectoría.
Ese acoso no es reciente, pero ahora se intensifica y comprende no sólo los señalamientos contra el rector Enrique Graue, sino también contra el gobierno de la Universidad, el sentido de su función e, incluso, sus instalaciones. Y, aun cuando no han faltado voces de alerta advirtiendo el caldo de cultivo que se cocina y las consecuencias que, en un descuido, podría acarrear, más vale no perder de vista lo que sucede.
Con variados motivos y disfraces se ha presentado el asedio, pero ahora tras de ellos asoma la toga de la ministra Yazmín Esquivel que, por los indicios, carece de título para vestirla y aún más para enaltecerla. Con esto, no se quiere imputar a tan lamentable personaje la embestida contra la Universidad, pero sí a quienes enfurecen con la casa de estudios por no ajustarse a los dictados en boga y por no ser cómplice y avalar un nombramiento que, como dicho, al parecer incumple con los requisitos.
Desde luego la Universidad tiene problemas, pero hacer de ellos una crisis es temerario.
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En el ya muy remoto diciembre de 2018 hubo un detalle –visto de buena fe– que llamó la atención.
Al presentar la iniciativa de reforma educativa se perdió, supuestamente por accidente, la palabra “autonomía” al referirse a las universidades. El entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, salió al quite: “Al momento de enviar la iniciativa pasa por varios lugares y finalmente se publica en la Gaceta; parece que, al traducir el texto de un formato a otro en alguna computadora, hubo un error y se aclaró de inmediato; es absurdo pensar que habrá algo relativo a la autonomía, porque es uno de los grandes logros no sólo de las universidades sino del derecho mexicano.” Ahí quedó el asunto, pero el presunto gazapo dejó un regusto amargo.
Luego, en febrero de 2020, vino una de esas propuestas que, en Morena, nunca se sabe si son producto de un disparate, una sentida convicción, del afán de quedar bien con el líder o del acatamiento de una indicación sin revelar quién la dio. El entonces diputado Miguel Ángel Jáuregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM estableciendo la elección del rector y otras autoridades universitarias a través del voto directo y universal de la comunidad. Iniciativa que, según la nota 4435 de la Cámara de Diputados, el propio legislador retiró a fines de ese mismo mes, llamando a debatir el gobierno de la Universidad.
Más adelante, particularmente en octubre de 2021, el mismo presidente de la República criticó duramente a la Universidad. A su parecer, el centro de estudios había perdido su esencia, se había derechizado y promovía valores individualistas, así como principios neoliberales. La UNAM estaba, pues, al servicio del conservadurismo. Las reacciones no se hicieron esperar y, hacia finales de aquel mes, el mandatario matizó la postura y manifestó respeto a la autonomía universitaria. El dicho, sin embargo, ahí quedó.
Finalmente, apenas en marzo pasado, el diputado de Morena, Armando Contreras Castillo, recicló la iniciativa de su correligionario Miguel Ángel Jáuregui proponiendo, otra vez, elegir por voto directo, secreto y universal a las autoridades de la Universidad, dado que –según su decir– la Junta de Gobierno se ha constituido en un factor de inmovilismo político.
Tales dichos y proyectos más parecen una cadena de intención que una serie de desafortunadas coincidencias.
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El asedio a la Universidad se recrudeció a raíz del nombramiento de la ministra que, por los indicios, plagió una tesis de licenciatura en derecho y, por lo mismo, incumple con los requisitos para vestir toga y birrete. El afán del personaje por aferrarse al asiento que aún hoy ocupa en la Corte ha hecho que una y otra y otra vez, la Universidad sea señalada como causa por la cual aquella no se arrellana a gusto en su sillón y despacha asuntos judiciales con un mínimo de autoridad y credibilidad.
Así, a lo largo del año, la hostilidad hacia la Universidad y el rector ha sido una constante. El propio presidente López Obrador ha calificado a Enrique Graue de Poncio Pilatos o se ha burlado de él por recibir medallas, al tiempo de señalar que como al Poder Judicial es menester reformar “nuestra alma mater”, mientras su gobierno retiró las becas Elisa Acuña para manutención. Asimismo, en sendas ocasiones, grupos embozados han arremetido contra la torre de la rectoría o la biblioteca central. Y, desde luego, el Tribunal local se ha puesto al servicio de la ministra intentando acallar y descalificar a la Universidad. Y, ahora, apenas antier, las autoridades académicas de la UNAM han denunciado “la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional” que pretende afectar el prestigio de la institución y la honorabilidad del rector Enrique Graue.
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Cierto, la Universidad Nacional reclama una reforma y revisar la distribución de su gasto, pero si eso es lo que intenta el gobierno, falla de nuevo en el modo, tono y momento, y más si el motor de tal idea es asegurar a la ministra en su puesto. Cierto, el rectorado de Enrique Graue no ha sido uno de los mejores, pero de eso a debilitarlo por no ser cómplice de un capricho hay una distancia.
Empatar el juego sucesorio por la presidencia de la República con el de la rectoría de la Universidad, puede terminar por generar una crisis. Más vale advertirlo.
En breve
Obviamente, hoy toca descanso al comentario sobre la presunta ministra.