A saber, si tratar con Donald Trump será hablar con una pared o un muro. Aun así y, sobre todo, presuponiendo que “no hay ningún motivo de preocupación”, no sobraría tomar providencias, ahí, donde todavía se puede adoptar sin presión.
Los ejes del malestar y la hostilidad del virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con México son migración, comercio y tráfico de drogas. En torno a esos asuntos ha formulado amenazas particulares o entremezcladas, revelando la nula intención de compartimentar los problemas y evitar que uno de ellos impacte o contamine la relación en su conjunto.
Ejemplo de lo anterior, el dicho de Trump del lunes pasado: “Tenemos una nueva presidenta en México. Supuestamente, una mujer muy agradable, dicen, yo no la conozco. Y voy a informarle desde el primer día o mucho antes, que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer un arancel del 25 por ciento a todo lo que mandan a Estados Unidos”.
Empaquetar esos asuntos pone en claro el empeño de Trump no de negociar bilateralmente, sino de imponer unilateralmente. Resistirlo o, al menos, contenerlo no será sencillo porque exige poner en práctica dos cuestiones que poco interesan a los cuadros de la llamada cuarta transformación: hacer política –en este caso, exterior e interior–, así como entender y atender con perspectiva los asuntos.
El tiempo apremia y más vale tomar precauciones.
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Entre esas providencias, la más evidente es concretar ya la remoción de Francisco Garduño, del Instituto Nacional de Migración, especialista en centros de reclusión.
Si a su puesto llegará en diciembre Sergio Salomón Céspedes –como anunció la mandataria hace un mes–, el todavía gobernador de Puebla debería pedir licencia y asumir la titularidad del Instituto, siempre y cuando entienda el fenómeno migratorio y el problemón supuesto en el amago de Donald Trump de realizar deportaciones masivas. Si no es así y la posición se le ofreció para no dejarlo sin chamba, lo correcto es rectificar la decisión. Ante lo cantado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración no puede ser un improvisado.
Lo increíble es que Francisco Garduño, sujeto a proceso por el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes en marzo de 2023 en una prisión improvisada con rótulo de Estación Migratoria, siga al frente de esa institución. Que Andrés Manuel López Obrador lo solapara solo se explica por la costumbre del exmandatario de extender carta de impunidad a los suyos, así hubieran incurrido en actos de lesa humanidad, como es el caso. Retirar o no del cargo a ese funcionario es un mensaje. ¿Qué señal se quiere enviar a Estados Unidos? En todo caso, sostener a un cuadro vulnerable como lo es Garduño en un capítulo del mayor interés del delincuente que, en breve, presidirá Estados Unidos obliga a la reflexión.
Asimismo, es menester definir qué secretaría lleva la política migratoria. Se endosó a Relaciones Exteriores sin separarla de Gobernación, dejándola en el limbo. ¿Qué definición se va a tomar ahí?
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Importante también es determinar la diplomacia a seguir con Estados Unidos, tanto a nivel de la interlocución como de la representación. El momento exige una política consistente, en vez de asumir –como en el sexenio pasado– una actitud sujeta al ritmo de la situación.
A Andrés Manuel López Obrador poco le importó tener por interlocutores estadounidenses a funcionarios de tercer nivel y darles el avión hasta convertir la relación en una tensión diplomática. Asimismo, practicó una política de campanazo con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar: primero le abrió la puerta de más y, luego, le dio un portazo.
Mal no estaría pensar en ese tema porque, al margen del resultado electoral en Estados Unidos, era evidente el replanteamiento de la relación entre los dos países. Un ajuste que, por el carácter de Donald Trump, ahora será más ríspido y grosero. ¿Cómo se quiere llevar esa relación?
Al efecto, habría que considerar la reposición de la Subsecretaría de América del Norte en la cancillería. La torpeza de realizar recortes sin reparar en el valor estratégico de algunas dependencias borró aquella subsecretaría que resultaba y resulta fundamental. ¿Se mantendrá como Unidad a la oficina encargada de llevar la relación con la potencia que se tiene por socio y vecina?
Apéndice de esa situación, es quien está al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores-América del Norte en el Senado de la República. Se trata de la senadora Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, cuyo currículum reporta como experiencia haber presidido el DIF en aquel estado. ¿Ella encabezará la relación con el Senado estadounidense?
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Con motivo del triunfo electoral de Donald Trump, se habla de la posible intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano para llevar a cabo operaciones contra el crimen organizado. Esa no es una posibilidad, es una realidad.
Secuestrado o no, la aparición en Estados Unidos del capo Ismael Zambada revela la decisión de las agencias de aquel país de operar aquí con o sin el acuerdo de las autoridades nacionales. Ahora con la llegada de Trump a la Casa Blanca, los halcones de esas agencias han de estar de fiesta.
Ojalá el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, nada tenga que ver con el crimen organizado porque, cualquier día, agentes de Estados Unidos le podrían regalar un viaje todo pagado a ese país. Convendría, pues, estar seguros de no tener socios del crimen incrustados en posiciones de gobierno.
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Aun si no hay motivo por el cual preocuparse con el retorno de Trump al poder presidencial en Estados Unidos, no estaría demás tomar providencias. El tiempo apremia.