El país vive una inocultable crisis de violencia. Es cierto que esta crisis no empezó en esta administración. También es cierto que la espiral violenta no es consecuencia directa de un garrotazo al avispero del crimen organizado, sino a la metamorfosis de sus incentivos y de su modelo de negocio. México nunca en su historia moderna ha experimentado una paz nórdica. La violencia se ha ocultado bajo la alfombra del autoritarismo y de nuestra crónica debilidad institucional: siempre ha existido para sustituir los vacíos de Estado. Los vacíos provocados por la incapacidad de la autoridad para gestionar el conflicto, y los vacíos creados por la imposibilidad de someter el monopolio estatal de la fuerza a la razón de la legalidad.
La Revolución y su derivación en el presidencialismo de partido hegemónico instalaron un régimen político, no un Estado eficaz y funcional. Ogro filantrópico con pies de barro. La transición democrática insertó la competencia pluralista en las formas de acceso, distribución y ejercicio del poder para legitimar a la autoridad política. Falló, sin embargo, en encauzar el nuevo pluralismo de la responsabilidad a través de instituciones sólidas, permanentes y estables. Los modelos de seguridad y de justicia se reducen a experimentos sexenales. La nostalgia por la paz narca sigue latente. La disparidad de capacidades inhabilita la respuesta oportuna y pertinente de cada órgano de gobierno. El desfibrilador militar, ese aparato de excepción frente a situaciones críticas, es la terapia prescrita hasta para los estornudos. El país se juega su viabilidad entre dos extremos de paramilitarización: la del Estado y la de los delincuentes.
En un contexto generalizado de violencia, de presencia criminal y de debilidad institucional, la renovación de las autoridades electivas implica un riesgo sistémico en un doble sentido: para la libertad y la autenticidad del voto, y para la autonomía del poder político. La violencia falsifica la elección porque propaga el miedo. La ley de plata o plomo es el instrumento de captura criminal sobre porciones del Estado. Los criminales dosifican violencia para contener la presión del gobierno, para desplazar competidores, para controlar mercados, para apropiarse de las rentas lícitas de la sociedad, pero también para liquidar o silenciar a los perfiles que incomodan y para imponer a sus propios gerentes gubernamentales de plaza. La violencia electoral no son anécdotas del México bronco que disputa salvajemente el poder: es un método, un recurso, de expansión criminal.
Esa forma dolosa de violencia registra una tendencia al alza y responde a un patrón de comportamiento más o menos predecible. En cuanto a la tendencia: en el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados 48 precandidatos o candidatos (Hernández Huerta, CIDE, 2021). La elección intermedia de 2021 dejó un saldo de 239 incidentes de violencia con 179 víctimas mortales, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos (Integralia, 2021). De julio de 2023 a febrero de 2024, se han registrado 57 asesinatos de personas potencialmente vinculadas al proceso electoral (DataInt, 2024). Por patrón: las agresiones no parecen asociadas a la intensidad de la competencia partidaria (Hernández Huerta); las víctimas son en mayor proporción aspirantes a cargos municipales; hay una correlación positiva entre presencia de crimen organizado en la entidad o comunidad y la intensidad de eventos violentos en contra de políticos.
Si la tendencia es clara y el patrón es predecible, no se explica por qué no se han adoptado medidas preventivas para contener el fenómeno. Sólo desde la indolencia, la complicidad o la negación de la realidad, se obvia el elefante que el país tiene en la sala. Por cierto, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral advirtió de este riesgo y vinculó al INE en dos precedentes a celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública, generar y difundir mapas de riesgo, crear filtros de investigación sobre infiltración criminal en las campañas y elaborar protocolos de actuación de autoridades para la salvaguarda de personas en zonas de riesgo (SUP-JRC-166/2021 y SUP-JRC-0101-2022).
El INE ha dicho que eso no le toca y sigue sin cumplir las sentencias. La autoridad federal anda en sus abrazos. Los partidos no exigen anticipaciones institucionales a la violencia electoral. Pero de algo nadie se puede librar: según estos precedentes, las elecciones sí se pueden anular por violencia electoral. Si queda país, claro.