En otro intento por burlar la Constitución, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el enésimo recurso interpuesto para revertir la condición de dos años de la gubernatura de Baja California, Morena y el gobernador electo convocaron a una consulta popular francamente ilegal, con el propósito de legitimar la modificación legal que aprobara el Congreso local para ampliar a cinco años el periodo de gobierno.
El resultado de la consulta no tiene importancia. Se trata de un fraude a la Constitución. Una perversa falsificación de la democracia. No genera efecto alguno en el mundo del derecho. Podrá ser unánime la opción de que se extienda a cinco años la gubernatura, pero en modo alguno la consulta puede derogar o derrotar el orden jurídico vigente. Si bien es cierto que el Congreso local modificó ilegalmente el régimen transitorio de una previa reforma constitucional que empató el calendario electoral local con el federal (la razón de la gubernatura corta de dos años), la validez de dicha modificación dependerá del juicio final de la Suprema Corte, por más que la ciudadanía se hubiere volcado este domingo a favor del atraco morenista.
El Presidente de la República ha tolerado, al menos en vía de omisión, el golpe institucional que se está fraguando en Baja California. No ha intervenido para poner fin a una ominosa intentona de cambiar las reglas del juego. Tampoco para condenar la manipulación plebiscitaria de la consulta. Por el contrario, para el Presidente lo que acontece en Baja California no es más que una "controversia" que deberá ser resuelta judicialmente. Esa es la relevancia que el Presidente le concede al propósito doloso de alterar las condiciones de acceso y ejercicio a la porción de poder político que representa el Ejecutivo de una entidad federativa. La relativización presidencial es un dato preocupante: su partido desafía la legalidad, sin que el Presidente se asuma aludido a intervenir en su calidad de jefe de Estado y como uno de los poderes especialmente vinculados a la defensa de la Constitución.
La situación que atraviesa la Suprema Corte después de la renuncia de uno de sus integrantes debe provocar que el caso Baja California sea observado de manera más estricta. Para derrotar la reforma que amplía a cinco años la gubernatura que fue popularmente electa por dos, se requieren ocho votos de los ministros. Es decir, basta con convencer a cuatro ministros para que la reforma prospere, a pesar de su evidente inconstitucionalidad y de la perversidad del precedente. Cuatro ministros que se sitúen en la acera del "constitucionalismo transformador" en el que milita el Presidente de la Corte. De esa peculiar manera de denominar al activismo judicial que se sintoniza intencionalmente con las mayorías políticas. O, mejor dicho, la actitud judicial que por miedo o conveniencia, termina plegada a los designios del líder que se arroga el derecho de personificar al pueblo auténtico.
El Estado constitucional es indisoluble del principio democrático. Es uno de sus contenidos esenciales. Y además de ciertas instituciones, valores y actitudes, la democracia presupone la existencia de reglas previsibles, ciertas, indisponibles para los competidores. No hay que buscar en las nuevas corrientes de pensamiento latinoamericano sobre la Constitución lo que se puede deducir del ideal normativo de la democracia constitucional. No hay que indagar en el "constitucionalismo transformador" para arribar a la conclusión de que las mayorías están subordinadas, siempre, a la Constitución. Que no pueden hacer lo que les plazca, por más que tengan la aritmética para imponerse.