La epidemia entra a su etapa crítica. Los datos revelan que se ha acelerado el número de contagios y, por tanto, es alta la probabilidad de que se sature la capacidad del sistema de salud para atender la demanda y, en particular, los casos críticos. De ser el caso, muy probablemente el número de decesos registrados aumentará a tasas cada vez mayores, si no logramos reducir la recurrencia del contagio con medidas fuertes de aislamiento. Serán semanas que pondrán a prueba nuestras disciplinas sociales, nuestra responsabilidad personal frente a los otros y, por supuesto, las capacidades de liderazgo, dirección y gestión del Estado mexicano.
El gobierno ha retrasado deliberadamente la aplicación de medidas sanitarias especialmente invasivas. Es previsible que esa decisión estuviese motivada por razones económicas. La epidemia nos tomó en un mal momento: al inicio de su evolución, cuando China hizo pública la existencia del virus, la economía mexicana presentaba signos visibles de contracción: una pérdida de 0.1 por ciento del PIB al cierre de 2019, según el Inegi, y un pronóstico muy pesimista para 2020 en el consenso de los analistas financieros. En un escenario así, se reducen las posibilidades de decisión entre bloquear la economía como resultado de respuestas sanitarias más estrictas, o bien, correr los riesgos de posponer las órdenes más severas para la contención de los contagios. López Obrador y su gobierno parecen haber optado por lo segundo.
Esa decisión explica los recurrentes gestos de trivialización de la situación por parte del Presidente: aparentar que no pasa nada para ganar todo el tiempo posible y amortiguar en algo el inevitable coletazo económico de la crisis epidémica. Muy probablemente es, también, la razón detrás del hecho de que no se hubiese activado ordenadamente el régimen constitucional de salubridad general. Y es que el Ejecutivo federal extrañamente renunció a asumir la "unidad de mando y de dirección" de la salubridad general desde el inicio de la contingencia, es decir, de ejercer la potestad central, federal, de dominio general para ordenar las conductas de las administraciones y de los particulares, con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, según las necesidades y prioridades de cada etapa de evolución de la epidemia.
La inacción del Ejecutivo federal en cuanto al ejercicio de las facultades de excepción en materia de salubridad ha provocado un auténtico caos en la respuesta institucional frente a la crisis, justamente lo que la Constitución pretende evitar con la unificación en el Presidente y en el Consejo de Salubridad General de las competencias normativas y ejecutivas frente a las epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas. Desde el 2 de marzo a la fecha, hay rastros de al menos 56 instrumentos jurídicos (14 federales y 42 estatales) que contienen declaratorias de afectación sanitarias, normas para exceptuar la aplicación de leyes, reglas de operación, medidas administrativas, directivas de actuación, órdenes de suspensiones de actividades, criterios de interpretación sobre aplicabilidad del caso fortuito o fuerza mayor para ciertos contratos, reglas de cómputo de plazos, estímulos e incentivos fiscales, subsidios y transferencias económicas, entre un largo etcétera. Cientos de paliativos para una situación de alcance general que no respeta las fronteras administrativas del federalismo.
Este caos no sólo incrementa los costos económicos, provoca enormes ineficiencias y reduce la eficacia en la gestión de la crisis sanitaria. Será también causa de dificultades en la coordinación entre autoridades y potencial fuente de conflictos competenciales en perjuicio de la certeza jurídica de las personas. La ausencia de una actuación unitaria hará más compleja la mitigación de los riesgos y la recuperación de las condiciones de normalidad. El desorden ataranta y, por supuesto, también mata.
El 19 de enero de 1917, el Congreso Constituyente aprobó por una amplia mayoría el régimen de excepción de la salubridad general. Así razonaba su autor sus rasgos constitucionales: "la unidad sanitaria de salubridad debe ser general, debe afectar a todos los estados de la República, debe llegar a todos los confines y debe ser acatada por todas las autoridades administrativas, pues en los pueblos civilizados, sin excepción, la autoridad sanitaria es la única tiranía que se soporta en la actualidad".
En efecto: la tiranía constitucionalmente lícita para cuidar la salud de todos. La responsabilidad ejecutiva por definición, la que puede vencer cualquier resistencia jurídica o de facto, la que borda en la excepción de la vigencia del derecho y de los derechos. La función esencial del Estado, en la órbita directa de responsabilidad del Presidente, para preservar el ser de la persona y la existencia misma de la nación. La potestad que el Presidente más poderoso de la historia contemporánea ha evadido ejercitar, para que la economía que él mismo descompuso, no termine de salírsele de las manos.