Durante la campaña electoral, López Obrador fue hábil en evadir la cuestión de la reforma energética. A diferencia de la reforma educativa en la que sostuvo consistentemente su posición por derogarla, muy probablemente para cosechar el voto de las bases movilizadas y sindicales del magisterio, no se pronunció explícitamente por revertir la apertura a la inversión privada en el sector de las energías, quizá el cambio más profundo a la estructura económica del Estado desde la reforma al artículo 27 o el TLC. Con ocasionales y tímidas críticas circunstanciales al sentido de la reforma de 2014, el candidato estatista gravitó exitosamente entre la propuesta de evaluar el resultado de las denominadas reformas estructurales y la garantía –de palabra– de que los contratos serían cabalmente respetados. De hecho, uno de los rasgos que sus advenedizos apoyadores resaltaban era, precisamente, una suerte de pragmatismo dolorosamente forjado en las derrotas pasadas y, en particular, en la conflictiva relación con los empresarios. En su tercera contienda por la presidencia, López Obrador parecía alejarse intencionalmente de sí mismo: para despejar buena parte de las dudas en torno a su proyecto económico y a su histórica predisposición a escabullirse de los imperativos del Estado de derecho, era fundamental aparentar que no tocaría la transición hacia un mercado competitivo de las energías y, por supuesto, las inversiones ya desplazadas.
López Obrador no engañó más que a los que quisieron ser engañados. La promesa de campaña de dejar a salvo la reforma constitucional nunca significó el compromiso presidencial de sostener las racionalidades del nuevo modelo institucional ¿O cuándo López Obrador se mostró entusiastamente a favor de más presencia privada en el petróleo y la electricidad o en los distintos eslabones de sus respectivas cadenas de valor? ¿Cuándo presentó una agenda meridianamente coherente sobre las energías verdes? ¿En qué momento abandonó su veneración a los tótems ideológicos de los monopolios públicos?
El Presidente y su gobierno saben bien que no necesitan cambiar la Constitución para retrasar la creación de nuevos mercados, inhibir competencia, desacelerar la transición a energías limpias y, por supuesto, para conservar la condición monopólica de Pemex y CFE. En las reglas constitucionales vigentes que regulan los bienes, las actividades y las modalidades de intervención del Estado en el sector de las energías, caben distintos énfasis de política pública, sobre todo en la etapa germinal de formación de los nuevos mercados. Sin un régimen de transición cierto, previsible y garantizado en condiciones de imparcialidad por reguladores técnicos, es mayor el riesgo de que prevalezca el statu quo. En esas coordenadas habría que adscribir la ofensiva gubernamental al sector: dada su hegemonía en el Congreso, la inhabilitación política de los contrapesos judiciales y la captura de los reguladores, el gobierno puede reescribir las reglas desde el activismo administrativo y a contrapelo de la Constitución.
El reciente acuerdo de la Sener que impide de facto la entrada a los competidores de energías limpias no es el primer golpe administrativo a la Constitución. Antes lo fueron la cancelación de las rondas de licitación de campos petroleros, la suspensión de las migraciones de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y de las subastas de mediano y largo plazos de energía, la posposición de la vigencia de ciertas normas medioambientales particularmente exigentes para las empresas públicas, así como el cambio de reglas a los incentivos financieros a las energías limpias (CEL's). No es, pues, un accidente o una sorpresa en medio del Covid: es el curso de acción planeado para reestablecer por la puerta de atrás la tutela estatal sobre el sector energético.
La vigencia del Estado de derecho en el mercado de las energías no se reestablecerá por la ingenua apuesta a hacer entrar en razón al Presidente, a que los 'moderados' dentro del gobierno logren desplazar a los estatistas, al entorno de intimidad del siguiente café empresarial en Palacio Nacional o a la mediación salvadora de alguien para lograr un acuerdo que deje tranquilo al inquilino del Zócalo hasta nueva ocurrencia. Las competencias y los derechos se hacen valer en los tribunales. Por eso, al plan presidencial de gobernar por decretos, se debe oponer la razón de la supremacía de la Constitución como el núcleo de lo inviolable. Activar el arsenal de defensas que otorga la ley, en lugar de transigir para llevar la fiesta en paz. Porque con cada golpe a la Constitución que se deja pasar hoy, se debilita inevitablemente el instrumento que nos resguardará mañana del abuso del poder.