Andrés Manuel López Obrador quiere estar en la boleta en el 2021. Sabe que, sin él, Morena no es la fuerza arrolladora de 2018. Varias encuestas muestran que la intención de voto por el movimiento-partido está varios puntos por debajo de la aprobación presidencial. Y el calendario intermedio es sumamente importante para la restauración de la hegemonía: además de la totalidad de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y más de mil setecientas alcaldías. Mucho poder en juego en una sola jornada. Pero también, el futuro de la democracia mexicana en un volado: la consolidación del nuevo presidencialismo o el retorno al pluralismo transicional. Por eso, el presidente quiere entrar a la campaña y su apuesta es someter a plebiscito su presidencia.
López Obrador ha advertido que habrá consulta sobre su mandato con o sin cambio constitucional, bajo la figura de la revocación de mandato o sin ella, durante la campaña o el día de la jornada electoral y, claro, de preferencia sin la intervención del INE por "razones de austeridad". En pocas palabras, dentro o fuera de la institucionalidad, el presidente entrará a la campaña y usará los recursos y la enorme plataforma comunicacional implícita en el poder presidencial. Esconderá esa intención en la narrativa de la rendición democrática de cuentas: los ciudadanos decidirán en las urnas si el presidente continúa o no en el cargo, con o a pesar de una clase política que se resiste a devolver al pueblo el poder que las élites le arrebataron. Dada la baja confianza en los partidos y los políticos, no hay nada más seductor que proponer la guillotina del voto retrospectivo, ni nada que aporte mayor credibilidad que poner el ejemplo en uno mismo.
La estrategia que sigue López Obrador con la revocación de mandato es típicamente conocida como el "juego de la gallina", en referencia a aquella situación en la que dos conductores aceleran a toda velocidad en dirección al contrario para demostrar quién tiene más agallas. Es muy probable que el presidente mantenga el pulso sobre la revocación de mandato hasta que las oposiciones cedan a la reforma constitucional, o bien, carguen con el costo político de obstruir una posición altamente popular. Así pues, el dilema para las oposiciones es virar y ceder para evitar la colisión, o no cooperar y apostar a que una consulta a modo –como la del aeropuerto– lleve al presidente al despeñadero.
Para las oposiciones deberían ser inaceptables la consulta a modo y la revocación de mandato, tal y como la propone Morena. En primer lugar, la revocación de mandato no es una potestad del poder, sino un derecho de los ciudadanos, es decir, se activa por los mandantes y no por los mandatarios. Si alguna virtud tiene la figura es, precisamente, que somete a los gobernantes al riesgo de que en cualquier momento sus electores y oposiciones pueden llamarlo a cuentas, y no que el gobernante aproveche sus picos de popularidad para refrendarse políticamente.
En segundo lugar, el modelo electoral vigente ofrece una plataforma de ventaja al presidente y su partido: además de los recursos con los que cuenta el gobierno federal y las redes clientelares en ciernes, Morena concentra la mayor proporción de financiamiento público y tiempos oficiales en radio y televisión que se utilizan en los procesos electorales. Con las restricciones actuales, por cierto, nadie fuera de los partidos podrá incidir en la campaña de la revocación, ni siquiera los ciudadanos que se hubieren organizado para promoverla.
En tercer lugar, la incertidumbre de lo que sucedería en caso de que triunfara la revocación, además del costo de repetir eventualmente la elección presidencial, son motivaciones potentes para que los ciudadanos opten por la continuidad frente a la potencial inestabilidad política de cambiar de caballo a medio camino.
Si se corrigen los problemas de equidad –incluida la reforma a los modelos de financiamiento y de comunicación política– y se atiende la cuestión de la incertidumbre, la revocación puede ser un ejercicio interesante para que los ciudadanos renueven los equilibrios de poder actuales. Y esa incertidumbre se atempera si las reglas establecen claramente qué sucede si triunfa el 'no'.
Con el sistema vigente, y en el supuesto de que una mayoría decidiera por la revocación, el Congreso bajo control morenista elegiría al presidente sustituto, es decir, López Obrador designaría a su sucesor. En otras palabras, el eventualmente revocado en las urnas conserva el privilegio de seguir en la presidencia a través de uno de sus leales. El sustituto conduciría al país hasta 2024, salvo que se prevea una nueva elección para elegir a un presidente por seis años o por el resto del mandato original, lo cual cuesta inevitablemente dinero.
Para reducir la incertidumbre, podría pensarse en una suerte de 'revocación constructiva de mandato', en dirección a las racionalidades de la moción de censura española. En caso de que se convoque a un procedimiento revocatorio, partidos e independientes podrán postular candidaturas alternativas para que, en caso de que triunfe el 'no', la opción más votada asuma la presidencia sustituta y concluya el cargo. Este modelo resuelve democráticamente si el presidente se va o se queda y, también, resuelve democráticamente quién lo sustituye. Sin duda, el mejor de los dos mundos, si de lo que se trata es de empoderar a los ciudadanos. Y, de paso, nos ahorramos, al menos, otra elección presidencial.
En el juego de la gallina, las oposiciones deben tomarle la palabra al presidente. Plantear una revocación de mandato creativa, audaz y, sobre todo, seria. Si no acepta una alternativa auténticamente democrática, entonces que pague el costo político del volantazo.