Cronopio

Sufragio efectivo, no revocación

La reciente reforma constitucional para introducir la revocación del mandato presidencial no responde al propósito de corregir las fallas de la democracia representativa, señala Roberto Gil Zuarth.

La democracia directa nunca ha existido en estado puro. Es, en realidad, una categoría analítica, una construcción hipotética, que sirve para describir, clasificar y comparar formas de gobierno. La imagen de la comunidad política reunida para adoptar una decisión tras agotar una amplia y suficiente deliberación, sintetiza un conjunto de exigencias internas de la democracia y, en particular, el presupuesto normativo de la igualdad de derechos civiles y políticos de sus integrantes: igual participación, igual voz, igual voto, igual trato y consideración. El deber ser al cual oponer el ser. Ni siquiera en los doscientos años de existencia de la democracia ateniense, la forma de ejercicio directo fue tal: no todos formaban parte del cuerpo electivo, porque no todos -mujeres, esclavos, deudores- eran considerados ciudadanos.

Con todas sus imperfecciones, la democracia representativa es el único tipo de democracia que ha funcionado en la historia de las instituciones políticas. No es propiamente la opción posible ante la complejidad de reunir a grandes grupos de personas para deliberar y adoptar una decisión, sino un modelo que intencionalmente pretendía corregir las causas que degeneran a la democracia. Los liberales que idearon el gobierno representativo entendían que la soberanía popular debía, como todo poder, limitarse en aras de preservar la libertad. En las asambleas tumultuarias flotaba el riesgo de la sinrazón y de la demagogia. La forma plebiscitaria de gobierno era el camino de la tiranía de la mayoría. El reino absoluto de la voluntad del pueblo que solo responde ante sí mismo.

La representación es un vínculo frágil. No garantiza por sí buenos gobiernos, ni es suficiente para responsabilizar a los malos. Conforme la técnica se ha impuesto como racional de la política, los ciudadanos han perdido incidencia en el grueso de las decisiones que les afectan. Unas se toman en grupos reducidos de técnicos que carecen de legitimación electoral, mientras que otras se han trasvasado a instancias internacionales. Los ciudadanos padecen las consecuencias de unas y otras sin tener la oportunidad de fijar mandatos o de castigar a sus causantes. En la brecha que divide a las élites gobernantes y a los ciudadanos, se ha deslegitimado progresivamente el modelo de intermediación en esferas de representación. Y en esa misma brecha, se ha gestado la exigencia de otras formas y mecanismos de participación en la cosa pública, sobre todo con las condiciones comunicacionales y de interacción que ha traído consigo el cambio tecnológico. El desapego social que acecha a la democracia tiene que ver con el hecho de que elegir gobernantes cada tres o seis años es insuficiente para renovar la confianza en los gobiernos o para impulsar agendas que los ciudadanos, especialmente a nivel local, asumen como relevantes. De ahí los complementos semidirectos a la democracia representativa, como el referéndum, las consultas e iniciativas ciudadanas, la revocación de mandato, por citar los ejemplos más conspicuos.

Pero esos correctivos semidirectos no son políticamente neutros. Pueden derivar en peligrosos mecanismos para la concentración del poder y, en especial, para inhibir las vacunas contramayoritarias que el Estado constitucional dispone para proteger la existencia y participación de las minorías. Son armas de poder para superar la obstrucción, vencer vetos o llamar al pueblo a sustituir a la representación. Pueden ser excusas para convocar al pueblo a subvertir el orden institucional.

La reciente reforma constitucional para introducir la revocación del mandato presidencial no responde, a mi juicio, al propósito de corregir las fallas de la democracia representativa. No empodera más a los ciudadanos. Tampoco abre rutinas más dúctiles de participación. En prácticamente todo el mundo democrático, la revocación de mandato no es potestad del mandatario, sino de los mandantes. No se restringen a un momento determinado del mandato: pueden activarse después de pasado cierto plazo de inicio y en cualquier momento en el que se reúnan los requisitos de ley. El resultado revocatorio da lugar a una nueva elección, de modo que sean los propios ciudadanos, y no los políticos, los que elijan al gobierno que sustituya al que ha sido desalojado.

La revocación de mandato lopezobradorista no responde a ninguna de estas características. Por eso, no es difícil especular: la única intención es aparecer en la boleta en la elección intermedia para movilizar a sus bases, para hacer campaña a favor de su continuidad y, sobre todo, para usar los recursos y potestades del poder presidencial para conservar la mayoría legislativa y ganar unas cuantas gubernaturas más. Es decir, otro trazo al diseño de la nueva hegemonía.

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