Hay para quienes la revocación del mandato puede ser una solución atractiva para acabar con el terrible resultado del gobierno de AMLO. Si bien varias democracias tienen dentro de su legislación esta figura, la ocurrencia de AMLO en campaña fue utilizada como gancho de su compromiso de cambiar al gobierno en forma exitosa, y se garantizaría con la revocación en caso de no lograrlo. Pero esto no va a ocurrir. Primero porque hay que solicitar que el ejercicio se lleve a cabo a solicitud de un porcentaje del padrón electoral, 3 por ciento en por lo menos 17 entidades federativas, que desde luego Morena puede convocar.
¿Por qué Morena? Por la simple razón de que esta consulta tiene por objetivo fortalecer a AMLO en la presidencia y darle mayor presencia para definir quién será su sucesor en las urnas, ya que dentro de Morena las descalificaciones están al día. Talibanes contra conservadores quieren descarrilar el proceso y apuntalar a Scheinbaum. AMLO aún no decide, pero simpatiza con la propuesta. Sin embargo, debe tomar en consideración el peso de los actores. Es decir, quien asegura un triunfo contra quien es su más cercano o apreciado. En política los resultados electorales definen el rumbo.
El segundo es que no hay legislación secundaria para aplicar la revocación de mandato. El Senado intenta legislar en la materia, pero no tiene votos para un periodo extraordinario, por lo que hasta septiembre podrá ser votado el proyecto. Éste es muy criticado ya que la pregunta de la revocación es si usted piensa que AMLO debe concluir el periodo para el que fue electo, por lo cual se convierte en un referéndum y no en una revocación.
El tercero es la retroactividad de la ley. Si bien fue propuesta de campaña, se legisló en Constitución después de la elección y actualmente se intenta una legislación secundaria. Por tanto puede ser impugnada. El dictamen de la ley aprobada en Senado no resuelve el proceso que se debe establecer si el resultado es el de revocar el mandato. Esto crea un gran problema. ¿Se realizarán nuevas elecciones? ¿Se nombrará un interino? ¿Quién hará la declaratoria? Pero en realidad no llegaremos a ese momento.
La revocación se ha convertido en un referéndum para fortalecer a AMLO que sigue arriba en las preferencias electorales. Para ser efectivas debe votar al menos 40 por ciento del padrón y obtener un voto mayoritario en cualquier sentido. La organización de la consulta queda a cargo del INE y el dictamen del Senado estipula procedimientos para impugnar ante tribunales incidentes y anomalías.
Y aquí tenemos otro tema que también atenta contra la democracia. No solo se trata de organizar un referéndum vestido de evocación; se trata de discutir los recursos presupuestales al INE. Y desde luego su vigencia. Ya AMLO ha reiterado su rechazo al INE, a su autonomía, que le resulta molesta, y culpa a los consejeros de ser fruto de acuerdos partidistas y sin credibilidad alguna. Lo mismo opina de la justicia electoral. Acusa a los magistrados y consejeros de ser antidemocráticos por haber sido nombrados con antelación a su mandato. No ha podido tomar control de estos órganos autónomos.
Su propuesta es regresar al pasado. Volver a manejar elecciones desde el gobierno y de acuerdo a su interés. Que las querellas las resuelva también el Ejecutivo y se acaten como definitivas. Esta etapa de nuestra vida democrática ya la superamos, la vivimos con la ‘caída del sistema’ de Bartlett. Enfrentamos colegios electorales poco serios y sesgados por la mayoría de votos. Sufrimos la falta de certeza en decisiones controvertidas. Se anuló la posibilidad de la alternancia. Se sumaron miles de protestas poselectorales, corrió sangre. Se socavó a los partidos, sin recursos y con una competencia poco equitativa. La calidad de nuestra democracia era raquítica.
Contra ese esquema, los partidos tomaron acuerdos y revirtieron los procesos para ampliar la democracia. Fue un proceso de negociación, que poco a poco se fue perfeccionando. Se creó el IFE, luego el INE, se limpió el padrón electoral. Se crearon los tribunales electorales especializados en resolver querellas con certeza y sin violencia. Se vivió la alternancia sin derramamiento de sangre. Fue un modelo exitoso que se replicó en varios países. México ingresó a una mayor cultura democrática y una mayor participación política, con pluralidad y respeto.
Hoy, con un golpe de Estado se pretende acabar con los órganos autónomos acusándolos de mil formas. Olvidan que el proceso es llevado a cabo por ciudadanos que el INE coordina. La valentía de los consejeros para cumplir su misión, sin caer en provocaciones, con apego a la ley, pese a amenazas y descalificaciones, refuerza su importancia para México y su democracia. Ni un paso atrás.
El Congreso no puede permitir reformas constitucionales que afecten nuestra convivencia democrática y cambien las reglas del juego sin garantizar certeza, imparcialidad y apego a la ley. Por eso votamos el 6 de junio. Por un freno a los excesos y ocurrencias de AMLO para destruir instituciones que funcionan bien y a favor del país. Así que esperemos el nuevo Congreso y las iniciativas, que se analicen y voten en los plenos de las cámaras. Ojalá el bloque opositor permanezca unido.