Acabar con el INE es acabar con la democracia. Lo sabemos todos lo mexicanos, pese a la descalificación de Morena y sus gobernantes. Acusarlo de no cumplir, sin otorgarle recursos necesarios, obligarlo a lo imposible, es buscar su destrucción para recuperar desde el gobierno el manejo electoral, con plena libertad para alterar resultados electorales. Además de culparlo por su propia desgracia, por decisiones de una Cámara de Diputados que boicotea los procesos electorales y las consultas, negando recursos.
La mayor crítica al INE, ya que no hay nada sustantivo, son sus sueldos. Las prestaciones laborales no pueden ser nulificadas en forma retroactiva por un decreto presidencial. Los juzgados han fallado a favor de los trabajadores, aunque después los maltraten o los obliguen a renunciar. La santa austeridad, como inquisición, que no aplica AMLO (lo vestimos, le damos de comer, lo trasladamos) es solo una forma para deshacerse de instituciones y servidores públicos experimentados. Nada funciona en el gobierno, la lealtad no resuelve.
Lograr que las elecciones salieran del control del gobierno implicó una serie de negociaciones y reformas políticas para garantizar procesos confiables. El camino se recorrió por aproximaciones sucesivas, primero con el IFE, 1990, con consejeros magistrados presididos por el secretario de Gobernación. En 1994, para garantizar procesos electorales que empezaron por establecer un padrón electoral confiable, con certeza, legalidad y transparencia, se crea la figura de consejeros ciudadanos, que fueron mayoría en el Consejo.
En 1996 se desliga al Poder Ejecutivo del IFE y se le otorga autonomía plena, recursos y personalidad jurídica. En 2007 se fortalece al IFE para organizar y difundir resultados electorales, y se le otorgan nuevas atribuciones para acceder a medios de comunicación, garantizar equidad y civilidad en las contiendas. Auditar el uso de recursos de mejor forma y mantener actualizado el padrón electoral con medidas de seguridad confiables, fueron proceso exitosos.
En 2014, también por acuerdo de todos los partidos, se reforma la Constitución y se crea el INE (Instituto Nacional Electoral), de carácter nacional, que permitió homologar los estándares de las elecciones locales y federales, se vigiló el gasto de mejor forma, se dispusieron nuevas medidas para garantizar equidad, legalidad, certeza, transparencia y realizar los procesos electorales federales, coordinarse para los locales, se creó el servicio profesional de carrera.
Hoy el INE emite lineamientos electorales, asegura la paridad de candidaturas, establece procesos especiales sancionadores para quienes violan normas o violentan mujeres, realiza las actividades necesarias para capacitar a los ciudadanos para constituir las casillas electorales y sus mesas, realiza el cómputo y la declaración de resultados, establece garantías a candidatos independientes, programa los tiempos estatales en medios de comunicación para ser utilizados por los partidos. Monitorea equidad de medios de comunicación conforme normas aplicables. Fiscaliza recursos de partidos en forma expedita, desde precampañas para evitar excesos. Es garantía y ejemplo.
Por primera vez la Cámara de Diputados citó al consejero presidente Lorenzo Córdova para que justificara el presupuesto solicitado. La comparecencia fue una verdadera vergüenza del Legislativo. Insultos, descalificaciones, groserías, burlas, sesgos, gritos, ofensas de todo tipo. Nunca había presenciado una plenaria tan autoritaria, poco crítica y lapidaria. Lorenzo Córdova, pese a todo, logró explicar las causas de su solicitud de gasto, destacando el ejercicio de revocación de mandato que implica el mismo gasto que una elección federal.
Según el consejero Murayama se debe “visitar al 13 por ciento del padrón electoral, llamar a la puerta del domicilio de 12 millones de ciudadanos para lograr instalar 161 mil casillas; la capacitación electoral que implica contratar a 32 mil 400 capacitadores y a 5 mil 400 supervisores”.
Ayer la SCJN ordenó se continúe el proceso con los recursos disponibles, que no permitirán cumplir con los requisitos de ley. Es una decisión que hace prevalecer la legalidad frente a la imposibilidad presupuestal. Tema muy discutible y que fija grave antecedente. AMLO no cumple tampoco y le sobran recursos.
Todo es una manipulación y una maniobra para quebrar al INE. Pero los ciudadanos que hacemos las elecciones, en las casillas, con nuestros votos, no vamos a permitir el atropello. Morena quizá no logre reunir las firmas necesarias. El ego de AMLO por demostrar que cuenta con respaldo popular es un capricho costoso y no le bastan las encuestas. Quiere ser coronado por una consulta. Nosotros queremos servicios médicos, medicinas, seguridad, empleo. Y desde luego democracia con legalidad y certeza que solo garantiza el INE. No vamos a permitir que AMLO sea la autoridad electoral. El INE es nuestro. Y garantiza elecciones transparentes y confiables. Eso queremos.