La reforma electoral de AMLO quedó en el ámbito legislativo y no constitucional. En la Cámara de Diputados el PVEM y el PT condicionaron su voto para lograr sobrevivir y se introdujo de nuevo la vieja figura, ya desechada por la SCJN, de que en las coaliciones sean los partidos los que establezcan qué porcentaje de los votos que se emitan corresponderán a cada partido. Es decir, se transfieren votos a los partidos pequeños para asegurar su registro y prerrogativas. No es el voto ciudadano el que decide, sino el reparto que hacen las cúpulas del porcentaje de votos firmados por la coalición. Por eso en Diputados todo fue desaseado, en el proceso legislativo, y apresurado e incluso rechazado por AMLO
En el Senado, lo más sorprendente fue la posición del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien votó en contra, anunció tenía reservas a artículos violatorios de la Constitución, por convicción, sin ingenuidad, y con los costos que esta posición le impondrían en su partido y sin nombrarlo, por AMLO. No realizó acciones contra el plan B. Pero esto motivó que Mario Delgado llamara a los senadores a votar por la propuesta de AMLO. Sabían que Monreal hablaba con verdad y había temor de perder votaciones.
El INE fue el más afectado. Nunca se tomó en cuenta su opinión para mejoras. Se recortó su presupuesto, se afectó a las áreas de capacitación de ciudadanos funcionarios de casillas, se recortó gasto para emitir credenciales de elector y se limitó la instalación de casillas. El 84.6 por ciento del personal de carrera es dado de baja y los separa del estatuto que los rige, violando derechos laborales adquiridos. La propaganda gubernamental de servidores públicos se permite y el INE ya no puede amonestarlos, los servidores públicos ya pueden participar en actos de revocación de mandato, no se reducen recursos a los partidos, todos mantendrán sus montos, solo se recortan al INE los recursos.
De esta manera, se permiten las precampañas, sin condiciones. El voto de mexicanos en el extranjero, al liberalizarse, da pie a fraudes. No hay piso parejo. El gobierno retoma el control del proceso electoral. Los recortes afectan instalación de casillas, lo que puede impedir que se vote en las mismas. El conteo de votos también se sesga con la disminución de personal del INE para recibir actas y procesar el PREP.
Las mujeres se ven afectadas. Ni el INE, ni el TEPJF pueden interpretar, vía lineamientos o sentencias, tesis o jurisprudencia, la ley, y por tanto se cancela la posibilidad de ampliar los derechos político-electorales de las mujeres. No se podrán aplicar principios pro persona o de progresividad en derechos humanos, incluidos derechos político-electorales. Puede quedar sin efecto la paridad en candidaturas en gubernaturas. Lo mismo sucede con presidencias municipales con paridad horizontal. También se afecta la alternancia para encabezar las listas plurinominales. Medidas todas que no están en ley, sino en disposiciones del TEPJF y del INE. Se impiden la creación de nuevas salas regionales y se suprime la sala especial.
Vergonzosa la propuesta del Senador Casimiro Méndez Ortiz, se retrocede en el número de candidaturas indígenas, se mezclan con otras minorías. El INE propuso 44 candidaturas indígenas, la nueva ley solo acepta 25 entre todos los grupos minoritarios y se limitan aún más a indígenas, discapacitados, migrantes, comunidad lésbico-gay, solo en Cámara de Diputados, en el Senado ni siquiera se mencionan, en resumen las minorías pierden derechos, es denigrante. Es falso el humanismo de AMLO.
Las violaciones constitucionales son la censura a los candidatos y partidos al no poder comentar sobre aspectos del gobierno, silencian críticas. Le quitan al INE la Junta General Ejecutiva, crean nuevos órganos como la Comisión de Administración y desaparecen el Secretario Ejecutivo. Da facultades operativas al Órgano Interno de Fiscalización. Limitan OPLES y desparecen las juntas electorales distritales, crean órganos auxiliares que no existen en la Constitución. No hubo consultas a pueblos y comunidades indígenas, ni a discapacitados conforme tratados internacionales. Entre otras acciones.
Las faltas procedimentales no se consideraron, la austeridad es en realidad incertidumbre. Se disminuyen facultades de los tribunales electorales con las modificaciones a los medios de impugnación. No protegen a ciudadanos, se centran en los partidos. Se permite que sean candidatos personas con sanciones o con procesos judiciales, lo que va contra los derechos políticos y civiles.
Los controles y la fiscalización del INE se prohíben y eso va contra la Constitución, el partido en el gobierno toma ventaja al inmovilizar al INE a nivel nacional y local. Si un candidato incumple con las disposiciones del INE en la materia debe ser sancionado, pero se suavizan las sanciones y se desaparece la facultad de cancelar registro. Los candidatos que reciban recursos de fuentes ilícitas solo podrán ser amonestados y en su caso, multados con cerca de 400 mil pesos como máximo. Lo grave es que regularizan las aportaciones sin claridad de su origen, espíritu de la ley electoral, origen y destino de los recursos, lo que abre la puerta a financiamientos de grupos delincuenciales o uso de recursos públicos. Esto y más se aprobará en la Cámara de Diputados que recibe la minuta del Senado con algunos cambios.
Cierto que se combatirá por todos los medios jurisdiccionales estas reformas regresivas, pero estamos ante la sucesión del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar y la propuesta de AMLO es contar con un ministro presidente afín, por lo cual se impulsa a Yasmin Esquivel Mossa, con fuertes vínculos con su persona. Ella tiene su propia carrera, pero su matrimonio con Riobóo es un fuerte cuestionamiento sobre su criterio.
Adicionalmente, en abril de 2023, se deberán relevar a cuatro consejeros electorales, incluido el presidente. Actualmente el Ejecutivo no tiene participación en el proceso, pero es él quien a través de Morena y la CNDH propone perfiles. Si son cuadros radicales es probable que no se logre acuerdo de las dos terceras partes del pleno, y se podrá insacular a las propuestas, que serán mayoritariamente afines al Ejecutivo. Así las cosas. Un panorama sombrío.
¿Qué hacer? Manifestarse ante la SCJN. Cabildear con los ministros; reforzar las inconsistencias inconstitucionales que legisladores, INE, TEPJF y otras Instancias presentarán. Hay el riesgo de que no puedas votar porque no se instalen todas las casillas. Hay casillas especiales a las que debes acudir temprano, pues se acaban las boletas. Pero lo importante es tratar de votar a toda costa. Por nuestro derecho al voto, hay que luchar.