A 70 años de que se legisló el voto femenino, las mujeres hemos usado este derecho para cambiar la realidad política, pública, social y económica de las mujeres. Aunque fue hasta 1953 que logramos convencer a los varones de que debíamos tener los mismos derechos, y que debería prevalecer la igualdad. Ya desde 1893 en Nueva Zelanda se logró el voto femenino, y durante el siglo XX Australia, 1902; Finlandia, 1906; Noruega, 1913; Dinamarca 1915; Unión Soviética, 1917; Reino Unido, 1918; Estados Unidos, 1920; Zimbawe y Kenya 1919; Uruguay, 1927, y así hasta en 2015, Arabia Saudita. En 1948, la ONU reconoció como derecho humano universal al voto femenino.
En México, desde 1923, se exige el voto femenino, en 1937 se intenta de nuevo y fracasa, en 1947 se logró el voto a nivel municipal y finalmente en 1953 se logran los derechos políticos a las mujeres. Las primeras diputadas federales fueron electas en 1964. En 1974 se reconoció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. En 1995 se celebra en México por la ONU, el Año Internacional de la Mujer, donde se reconoce que incorporar a la mitad de la población al desarrollo logrará mayor crecimiento, justicia y paz. Siguieron otras Convenciones, Beijing, en 1995. La primera Gobernadora se eligió en 1979.
Surge en la ONU la CEDAW (Convención para Eliminar toda Forma de Discriminación contra la Mujer) en 1979, y se proponen acciones afirmativas o cuotas para la mujer en política. El Congreso mexicano sugiere una cuota de 70/30 en 1993 que no se cumple. En 1996 se legisla la cuota, las mujeres son relegadas a los últimos lugares de las listas y a distritos perdedores. En 2006 se aprueba una cuota 60/40 que es rechazada por los partidos, pero el entonces IFE rechaza las fórmulas si no cumplen cuota y se postulan mujeres propietarias electas, renuncian, para que los hombres ocupen su lugar.
Mujeres en Plural inicia juicio por derechos ciudadanos por la elusión de la cuota y gana, con lo cual el TEPJF establece mujeres con mujeres suplentes, fondos para la capacitación de liderazgos femeninos, cumplir la cuota sin importar el método de elección y otras medidas más. CEDAW establece que las cuotas van lentas y decide optar por impulsar la paridad. Legisladoras mexicanas presionan y en 2013 el presidente Peña Nieto manda iniciativa con la paridad como principio constitucional para elegir candidaturas en el Congreso de la Unión y congresos locales. En 2015 se elevó a casi 40 por ciento la participación de legisladoras. La violencia política contra las mujeres empezó a manifestarse por todo el país.
En 2018 se logró casi el 50 porciento de la representación en Senado y Cámara. Las senadoras Kenya López y Malú Micher enviaron iniciativas de reforma constitucional para lograr la paridad en todo. No se dictaminaban las iniciativas, acudió Mujeres en Plural y otras organizaciones en apoyo y tras varias negociaciones se logró modificar el 115 constitucional. Posteriormente se legisló la violencia política de género y se reformaron siete leyes electorales, se crearon delitos específicos contra las mujeres, se creó un padrón de violentadores en la Fiscalía General de la República y se incorporó el tema de violencia política en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En las elecciones 2020-2021 se aplicaron estas medidas. Fue la elección más violenta de las últimas décadas por la falta de seguridad pública y la intervención de la delincuencia organizada en los procesos.
El voto femenino ha logrado avanzar en su calidad y alcance. Las mujeres votan por mujeres, también muchos hombres. Se previene, se erradica y se sanciona la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluso con la cancelación de la elección, por sentencias del TEPJF. Lograrlo no es fácil, las mujeres no cuentan con recursos para demandar y pagar su defensa. Por eso insistimos, y finalmente logramos, que el TEPJF incorporara a la Defensoría de Pueblos Indígenas, la de las Mujeres y Grupos Vulnerables. Las cargas serán seguramente muy altas en el proceso 2024.
El voto femenino ha permitido avanzar en temas que no se consideraban en la agenda legislativa. Un ejemplo reciente es elevar a nivel constitucional la Ley 3 de 3 “Ningún agresor al poder”, que prohíbe que deudores alimenticios o violentadores de mujeres puedan ocupar cargos públicos o candidaturas.
Apenas se avanza en la instrumentación de esta medida, pero con apoyo del DIF y de las fiscalías, se podrá comprobar si alguien miente al inscribirse en una candidatura o a un puesto público. Por lo pronto, las mujeres están listas para denunciar a simuladores.
También las reformas al Código Familiar fueron posibles por estas mayorías de mujeres y sus aliados para proteger a la niñez y la adolescencia.
En estos 70 años del voto femenino, hoy podemos informar que no solo ejercemos un derecho, también lo hemos usado para mejorar la situación pública, política, social y económica de las mujeres. Falta aún mucho por hacer a nivel legislativo y judicial para que el Ejecutivo impulse políticas públicas acordes a nuestras necesidades.
La ventaja es que hoy las mujeres somos mayoría en el padrón electoral y votamos más que los varones. Y aunque no quieran vernos marchar el 8 de marzo, cada día son más mujeres jóvenes las que defienden sus derechos.
El voto femenino va logrando su misión transformadora de la realidad.