En política lo que parece es. La reciente polémica respecto a las atribuciones de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre nombramientos al interior del propio INE, desató fuertes críticas hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por su interpretación de las facultades que dicho órgano puede ejercer.
Como es por todos sabido, Taddei Zavala y su familia son cercanos al presidente López Obrador; sin embargo, no cuenta con la mayoría de los votos del Consejo General del INE. Por tanto, no se logró nombrar a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, los directores ejecutivos, unidades técnicas y otros cargos por acuerdo del Consejo General.
El Consejo General decidió emitir un acuerdo el 15 de diciembre que aprobó un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE. Las representaciones del PRI, Morena y el PT presentaron una demanda de recurso de apelación para controvertir dicho acuerdo. La magistrada ponente fue Mónica Soto, hoy presidenta del TEPJF. Admitió a trámite las demandas. No se admitió que hubiese agravios de violencia política contra la mujer en razón de género por la vulneración u obstrucción del ejercicio del cargo de la consejera Taddei, como lo solicitaron Morena y el PT. Sí aceptó el amicus cururiae de Jorge Alcocer, como representante de un observatorio ciudadano. Antes se desempeñaba en la Segob, con Olga Sánchez Cordero.
Se estableció que los agravios consistían en la violación del principio de legalidad por parte del Consejo General del INE porque ya existen procedimientos para la conformación y funcionamiento de la autoridad. Se dijo que el Consejo General del INE se excede en su facultad reglamentaria, pues establece requisitos y limitantes no previstas en la ley, lo que viola los principios de certeza, objetividad, debido proceso y otros que repercuten en una violación constitucional de los artículos 41 y 105.
Establece que el Consejo General del INE reforma irregularmente el Reglamento Interior al imponer requisitos para ocupar encargadurías, que exceden a los previstos legalmente, como un plazo de treinta días para hacer propuestas, y la duración no mayor a doce meses en el encargo, así como la prohibición de que una propuesta rechazada por el Consejo General sea nombrada como encargada del despacho.
En resumen, el acuerdo extraordinario del Consejo General del INE violaba su Reglamento Interno, la ley y la Constitución, y era improcedente. Dicho acuerdo establecía un plazo para que la consejera presidenta presentara propuestas para la designación de personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y las unidades, además de establecer requisitos y temporalidad no previstos en la ley. El dictamen establece que el legislador otorgó una facultad discrecional a la consejera presidenta para nombrar titulares de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y las unidades, siempre y cuando la propuesta cumpla con los requisitos de ley, aplicable también a los encargados de despacho en ausencia de titulares.
Así las cosas, la presidenta del TEPJF debió explicar a la ciudadanía el alcance del recurso de apelación, pues la decisión se interpretó como un apoyo a la consejera presidenta del INE para nombrar al personal de los órganos de dirección, evitando fuese por una decisión colegiada, y se percibió como un apoyo al gobierno actual, en una competencia poco pareja, muy complicada y riesgosa.
La facultad extraordinaria de la consejera presidenta se usará para los nombramientos de encargados, con el aval del TEPJF, quien no hizo públicas las razones de su fallo. En esencia es un aspecto jurídico, pero políticamente es otra la lectura y a la fecha, la presidenta no ha sabido explicar las motivaciones y la legalidad de la actuación del Tribunal.
Un TEPJF débil es lo que menos requiere un proceso electoral como el que enfrentaremos en 2024, con la elección de más de 20 mil cargos, donde se judicializarán los procesos, ante una competencia, que como ya observamos, no se apega al marco legal establecido. ¿Usted cree que Claudia Sheinbaum gastó en su precampaña la mitad de lo usado por Xóchitl Gálvez? Este tema lo deberá estudiar el INE, pero es probable que se llegue al Tribunal.
Los legisladores no han querido cumplir con el nombramiento de los nuevos magistrados del TEPJF, lo cual agrava los problemas de su funcionamiento. Sería interesante conocer la posición de la presidenta Soto al respecto, no como reclamo, sino como una radiografía de en qué condiciones de debilitamiento se encuentra el Tribunal. Soto ha sido una magistrada muy comprometida con los derechos políticos de las mujeres y a ella se deben sentencias de nulidad de elecciones por violencia de género, lo cual debe ser una carta de presentación de su trabajo.
Sin embargo, el silencio en el caso de los nombramientos del INE, y los problemas de la división de los magistrados, así como la falta de nombramientos de magistrados en las salas, afectan al TEPJF y lo ubican en una zona de poca imparcialidad, la cual es indispensable remontar para generar la confianza ciudadana en sus fallos.
Si el TEPJF no está haciendo política, y busca privilegiar criterios jurídicos, que siempre tienen en lo electoral un ingrediente político, es necesario que la presidenta Soto asuma un papel más activo ante los medios y explique los alcances y motivos de su actuación, ya que la mayoría de los ciudadanos no leen las sentencias o jurisprudencias del TEPJF. A lo más se enteran por medios y editoriales de lo que sucede en los órganos electorales.
Si no existe una confabulación entre el TEPJF y la presidencia del INE, es mejor decirlo con claridad y exponer los argumentos jurídicos y políticos que motivaron el fallo sobre los nombramientos, ya que hoy por hoy, incluso yo misma lo escribí, se percibe que se da manga ancha a la consejera presidenta frente al CG del INE y se interfiere con el logro de consensos para decisiones colegiadas.
Queremos un TEPJF fuerte, confiable y garante de nuestro voto. Hoy, el TEPJF debe tomar un papel más activo para explicar su funcionamiento y decisiones, ante un proceso electoral inédito y que seguramente registrará miles de irregularidades, que denunciará lo mismo la ciudadanía que los partidos y candidatos. Es indispensable un juez imparcial y defensor de la legalidad, acreditado como tal ante la opinión pública.