Aún no se definen las curules plurinominales en el Senado y la Cámara de Diputados, los criterios para asignarlas están cuestionados y seguramente el asunto terminará por resolverlo el TEPJF. Desde la campaña de Sheinbaum, la injerencia de AMLO y, en general, de todos los servidores públicos e instituciones, han hecho del proceso una elección de Estado. No hay duda de que pese a los errores, Claudia es la ganadora de la contienda, pero también es cierto que no fue una competencia de piso parejo. Las mañaneras de AMLO fueron propaganda política, que las autoridades electorales amonestaron, pero que no tuvieron ningún efecto.
En una de tantas mañaneras, AMLO le impuso a Claudia el apoyar sus reformas constitucionales para avanzar en el plan C que fracasó por su inconstitucionalidad. Desde luego, la candidata respondió que incorporaba el plan de reformas a su propuesta, y henos aquí, batallando con medidas que ponen en riesgo la división de poderes, la inversión, la calificación crediticia del país porque se acaba la certeza jurídica. Sin ésta nadie arriesgará sus inversiones. Desde luego continuará vigente el T-MEC y las cadenas productivas, pero ya no seremos el país beneficiario del nearshoring.
Con la intención de aprobar sus reformas en septiembre, incluso violando el proceso legislativo, AMLO descalifica riesgos económicos y políticos, de hecho anula a Claudia y su capacidad de gobernar en el próximo sexenio. La somete, la descalifica y la usa de manera humillante. Para el primero de octubre ya todo estará decidido. Es probable que hasta el gabinete le imponga. Para AMLO, el PODER es más importante que el país, afectarlo no le preocupa. Él ya tiene fortuna y busca asegurar su protección, manteniendo su influencia. Es desconfiado.
El INE y el TEPJF deberán actuar conforme a derecho y no bajo consignas. Veremos si logran su independencia, ya muy cuestionada y en riesgo de desaparecer también, lo que podría influir en su ánimo de buscar otras posiciones como recompensa. La SCJN tendrá poco margen de maniobra para atender inconstitucionalidades. Perderemos así el último dique de legalidad en México. La justicia será una mercancía para el mejor postor.
Es muy importante insistir en que no se valide una sobrerrepresentación como lo pretenden Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Ya operaron fraudulentamente en el Congreso de la CDMX, con legisladores que cambian de partido y el IECM valida esta triquiñuela violando sus propios acuerdos de asignación de plurinominales. La legalidad se diluye y AMLO se apropia de una u otra forma del país. No importan, ni críticas, ni costos.
Hay dos muros con los que choca AMLO, los mercados y la sociedad civil. Pero pretende ignorarlos, aún con las implicaciones que tendrán en el sistema financiero y político. Ya endeudó a México, así que si nos bajan la calificación crediticia es algo que no dañará su gobierno, solo al país. Claudia, perpleja, trata de llamar a calma, sin éxito alguno, porque se pronuncia al final por el proyecto que AMLO le impuso, y que, supuestamente, el pueblo votó. Ella sabe que termina su mandato aún antes de empezarlo, pero al parecer no confía en tener la fuerza para frenar la debacle.
Triste papel el de una mujer sometida, violentada y obligada a actuar en su propia contra. Quienes entendemos los riesgos reales que corremos, que no votamos por Morena, pero que representamos un 42 por ciento de la población, no pueden simplemente ignorarnos. La movilización social no logró los votos para derrotar al oficialismo, pero eso no implica que se regresen a sus casas a ver como se destruye al país. La ‘marea rosa’ no va a desaparecer, puede y debe, tomar forma y organizar la resistencia.
En su mensaje, Claudia parece querer echar la culpa al pasado. Dijo que el FOBAPROA fue ilegal y cubrió una deuda con recursos públicos y no pasó nada ¡Claro que no! El Fobaproa no pasó por el Congreso, ciertamente. Pero logró salvar el sistema financiero mexicano de la insolvencia. Hoy, aunque la reforma al Poder Judicial pase al Congreso, eso no la valida como una buena decisión. Tampoco impedirá los costos abrumadores de desaparecer el Estado de derecho y sacarnos de los circuitos financieros internacionales.
De entrada, las finanzas públicas, ya comprometidas con Pemex, las megaobras y los nuevos apoyos sociales, se verán reducidas. Ya subió el costo del pago de la deuda externa con la devaluación del peso. Si un país no produce más y mejores bienes y servicios cae la recaudación fiscal del IVA y del ISR. No habrá recursos públicos suficientes para atender a la población. Aun desapareciendo secretarías y entidades, así como órganos autónomos, no habrá un flujo de dinero suficiente para atender programas sociales y funcionamiento del Estado.
AMLO debe explicar cómo y por qué gastó todos los fondos, el de estabilización, los de los fideicomisos públicos, los de Banobras, los del fondo para devolver al pueblo lo robado, el gasto en un avión presidencial, sustituido por aeronaves del Ejército por el repudio que se dio en vuelos comerciales. En fin, debe aclarar las razones jurídicas y financieras de la cancelación del NAIM. El enriquecimiento de sus hijos con contratos millonarios a sus amigos, en fin, son tantas las explicaciones, que es mejor emprender la fuga hacia delante.
No importa llevarse al país entre las patas, él no dará cuenta del uso de los recursos públicos que utilizó y cómo los aplicó, cuáles fueron los beneficios que dieron al país. Sabe perfectamente de su fracaso, pero no piensa pagar por ello. Ahí deja a Claudia como mascota para ver qué puede resolver. Tras seis años ya caducarán muchas investigaciones. Y desde luego, puede manejar la revocación del mandato para imponer a otro presidente, si Claudia no le sale obediente.
Hoy más que nunca hay que proteger al Congreso de la sobrerrepresentación. Es por el momento la única arma de que disponemos para frenar el suicidio colectivo porque Claudia no parece tener madera para asumir su mandato.