Morena y sus aliados ganaron con seis de cada diez votos la Presidencia y con 5.4 votos la legislatura del Congreso de la Unión. Tienen el apoyo popular y es claro que nadie les ha escatimado el triunfo, pese a la intromisión del Ejecutivo federal y la operación del gobierno a favor de sus candidaturas. Lo que ha sido muy cuestionado es la sobrerrepresentación que el INE y el TEPJF les otorgaron para poder efectuar cambios constitucionales sin necesidad de dialogar y llegar a acuerdos con el resto de la oposición, que obtuvo cuatro de cada diez votos, y no está anulada, pues representa a una buena parte de la población.
Con la sobrerrepresentación, en el Senado aún les faltaban tres votos para lograr la mayoría constitucional para aprobar la reforma al Poder Judicial. Su contenido, que pasa por elegir jueces, magistrados y ministros, es la desaparición de la carrera judicial y una politización del Poder Judicial para anular su autonomía e independencia y ponerlo al servicio del Poder Ejecutivo. AMLO ni siquiera sabe distinguir entre las fiscalías y los ministerios públicos, donde en efecto se vive una cada vez más abierta corrupción, de la labor que realizan los jueces.
Y lo que vimos esta semana fue algo inusitado. Chantajes, encarcelamientos, amenazas, confrontaciones para lograr los votos necesarios de legisladores. Desde luego, la familia Yunes es conocida por sus abusos y atropellos, así que eligieron a quienes tienen una mayor fragilidad por sus conductas. Tiempos de canallas, bien elegidos en ambos bandos.
Manifestantes, estudiantes, jueces, magistrados, que ante la negativa al diálogo para construir juntos una reforma de avanzada, tomaron la sede del Senado, en un intento desesperado por frenar el atropello de legislar para destruir a un poder, acabar con los contrapesos y tener toda la vía libre para el autoritarismo. Este mes se concretará la desaparición de los órganos autónomos, violentando nuestros derechos humanos a la información, la transparencia, la regulación con base científica, en fin, vivimos un cambio de régimen que avanza hacia un autoritarismo desbordado.
A México llegaron 15 observadores internacionales de 10 países de la COPPAL, que agrupa a los partidos políticos de América Latina. Emitieron un comunicado, poco difundido, que señala que tuvieron entrevistas con todos los grupos de trabajadores, estudiantes, partidos que señalaron las amenazas a las que se han enfrentado propiciadas por AMLO. Los observadores pidieron al gobierno cesar toda persecución política contra opositores, respetar los derechos humanos, y observar los principios y valores de la democracia, que permiten la convivencia social.
Difundieron estar elaborando un informe con las denuncias recibidas para presentarlo al Secretario General de la ONU y al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo, así como al Parlatino, Parlasur y Parlacen. Comentaron vienen a aportar soluciones y no a participar en conflictos.
La irrupción de los marchistas en el Senado hace evidente que es necesario un profundo diálogo para construir una reforma judicial. Hicieron un llamado al diálogo para generar un consenso, evitar la imposición, evitar una maquinaria legislativa que conduzca a una profunda crisis del sistema político mexicano y su democracia. Llaman a construir un espacio de reflexión conjunta. Pronto conoceremos el informe.
Por lo pronto, ya sabemos cómo Morena y sus aliados utilizaron fiscalías, granaderos, Guardia Nacional, para aprobar, sin aceptar diálogo alguno o modificaciones al proyecto de AMLO, no en bien de México, sino en el apuntalamiento de un autoritarismo que empieza a florecer. Donde los demás no existen. No tienen derechos y no importa su opinión.
Pero en medio de este clima de amedrentamiento a la oposición, sobresale la posición del PRI, también amenazado, pero que no se dobló pese a que el INE listó en su agenda, al mismo tiempo, el dictamen para analizar las reformas estatutarias que permitieron a Alejandro Moreno reelegirse, para echarlas atrás si no se sometían y votaban a favor de la propuesta. La respuesta fue clara, está de por medio el país, y frente a eso, la presidencia del PRI no es importante. Mensaje para los priistas que promovieron las quejas y que no hubiesen aguantado las presiones a que se han sometido a los legisladores actuales. Fue el único partido que resistió y no se dobló. Pese a amenazas, se mantuvo y dejo mal parados a quienes apostaban que los votos traidores saldrían del tricolor. Las amenazas no van a parar, al PRI lo van a querer acabar como lo hicieron con el PRD, socavando sus bases, atrayendo su militancia, sumando personajes, ofreciendo dádivas o amenazando a quien tenga alguna posible causal.
PAN y MC hicieron su mejor esfuerzo. No fue suficiente, ya los senadores del PRD se habían sumado a Morena, pero todo pendía de un voto. Y aunque por momentos se llegó a pensar que se mantendrían, pues Morena y aliados ya querían violentar el proceso con una aprobación de solo 85 votos, los legisladores no aguantaron la presión. Claro que la nota fue el cinismo de los Yunes y la resistencia del PRI, pese a la amenaza lanzada por el INE justo en la votación.
Seguramente quienes votaron por la 4T estarán muy contentos con que se concentre el poder, y ya no tengan responsabilidad alguna ante decisiones de gobierno. Quizá alguno se arrepienta al ver la magnitud del desastre por venir. Pero ya estamos en esa nueva realidad. No es una normalidad democrática. Se trata de la instauración de un nuevo régimen autoritario, y como vimos, violento, capaz de utilizar cualquier método para enfrentar opositores, cárcel, fiscalías, fabricación de delitos, confrontación, cerrazón a cualquier diálogo o acuerdo, porque ellos ganaron, y se llevan todo. Porque no van a reconocer el pluralismo, ni a respetarlo, ni a incorporar visiones distintas a sus proyectos. Ni a respetar los derechos humanos de libertad, igualdad, derecho a la información, de prensa, de salvaguarda contra decisiones del Estado, de filiación política o ideario partidista, de sexo, de edad, de derecho al trabajo, en fin, para eso ganaron y van a ejercer el poder a plenitud, más allá de cualquier cuestionamiento, todos inadmisibles.
Habrá afectaciones, por la falta de certeza jurídica, pero los inversionistas calcularán el riesgo y si es económicamente viable un proyecto, y es lo suficientemente rentable, seguirán adelante. Esto encarecerá el costo país, y perderemos oportunidades del nearshoring, pero como la geografía no cambia, y seguiremos en el T MEC, tendremos algunos avances.
El problema para Claudia Sheinbaum es que le dejan un país en quiebra, con un alto pago por la deuda externa, una serie de reformas de difícil instrumentación, una sociedad confrontada, un déficit público importante, riesgos en la relación con nuestros socios comerciales y con otros países con tratados internacionales, un sistema de salud ineficiente e insuficiente, y una falta de regulación clara y expedita. Proyectos inacabados e inviables, costosos y que requieren subsidios. Pero eso sí, un sistema político blindado contra cualquier oposición. ¿Qué hará Claudia? Endurecerse y usar el poder que hereda, o abrir diálogo con opositores y sociedad civil. En fin, ya veremos como traza su camino.
Por lo pronto, pese a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, está aún lejos que ésta se instrumente y funcione. Las quejas ante organismos internacionales también pesarán si México quiere demostrar que sí existe un Estado de derecho y no un sistema autoritario de una sola voz. Tiempos de resistencia vienen.