Aún falta que termine septiembre y nos encaminamos a un Estado militarizado. La Guardia Nacional pasará a ser parte del Ejército. Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública no tendrá policías.
Ante los enfrentamientos en Sinaloa, el general de la Zona Militar declaró que la paz no es su responsabilidad, es un asunto en el cual los cárteles deben ponerse de acuerdo para acabar con los enfrentamientos. Como a AMLO sí lo escuchan, pues quizá él pueda lograrlo. Por su parte, Sheinbaum respalda la inacción del Ejército y la Guardia Nacional, porque su intervención pudiese ser más peligrosa al poner en riesgo a los ciudadanos. Que siga la masacre.
Lo grave es que el Ejército, que ahora realiza todo tipo de tareas, no solo de disciplina militar como establece la Constitución, y se reserva sus labores bajo el concepto de seguridad nacional y se amplía a todo tipo de actividades. La Guardia Nacional queda como policía no militar, pero militarizada. Lo que haga la Armada y el Ejército está protegido por el fuero militar o solo con la disciplina militar, se mantendrá la seguridad nacional tan solo por haber sido realizado por miembros de las fuerzas armadas. Esta es una nueva discusión del proceso de militarización que derivará de las modificaciones constitucionales.
Fue Ernesto Zedillo quien puso el dedo en la llaga, sin que AMLO pueda responder la crítica, y como es su costumbre acude a la descalificación y la burla, y no al razonamiento. El expresidente expresó que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial, enterrará la democracia y lo que quede del débil Estado de Derecho. Sostuvo que la democracia no solo requiere elecciones libres y equitativas, requiere de un Poder Judicial independiente que vigile a los otros poderes. La elección de jueces y magistrados es demagógica, la preselección es política, con mínimos requisitos, donde el dinero y la violencia pueden prevalecer, con jueces a modo, que no obedezcan a la ley, sino a sus patrones políticos, al poder político dominante, pues de no hacerlo, el Tribunal de Disciplina los castigará, violando sus derechos humanos. No hay respeto al debido proceso, los plazos fijos los evitan y abren la puerta a condenar a opositores al régimen.
El Poder Judicial debe ser independiente y autónomo. Hay una venganza y buscan controlar a quienes aplican la justicia en nuestro país, es una tiranía. Es escandaloso el atropello a la legalidad. Las prácticas gansteriles usadas en el Senado fueron métodos autoritarios. Los derechos humanos estarán siendo violentados.
La sobrerrepresentación viola la Constitución, con una interpretación retorcida y mal intencionada. Con la mayoría calificada se destruye al Poder Judicial. No se hace efectivo el derecho a la justicia. Se pisotea al Estado de Derecho, se busca transformar nuestra democracia en tiranía, concluyó Ernesto Zedillo.
Y alzó la voz para denunciar lo que sucede en México. Este atropello se une al que se dará en el tema de seguridad pública con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas. En efecto, el proyecto de la 4T es un deseo de instalar en el país el poder que controle el Ejecutivo y cuente con los medios para castigar a quien piense diferente, pues las fiscalías, intocadas, pueden fabricar delitos con sus ministerios públicos, los jueces y magistrados dictarán sentencias expeditas sin análisis de casos, habrá mayores casos de prisión preventiva ilegal. Así avanza el autoritarismo en México.
Le sigue el proceso de desaparición de los órganos autónomos, pospuesto porque sin INE, realizar la elección judicial resulta imposible. Así como la Reforma Electoral, la cual es cuestionada por los partidos aliados a Morena, pues implicaría su desaparición. Pero el proceso está en marcha. No desaparecen funciones, solo se acaba con la autonomía y se traslada toda decisión al ámbito del Ejecutivo.
Hoy vivimos la destrucción de la República. Los que votaron por Morena y sus aliados no tenían claridad de que implicaba un modelo de extinción de libertades, de vulneración de derechos humanos, de descrédito del país ante la cancelación del Estado de Derecho. Estoy segura de que aun cuando AMLO redactó sus reformas y las hizo parte del programa de gobierno que Sheinbaum proponía, muchos no se dieron cuenta de lo que implica este nuevo modelo de régimen político.
AMLO presume de honestidad, pese a las innumerables denuncias contra él y sus hijos, enriquecidos al amparo de contratos de gobierno. Solo reconoce el fraude a Segalmex, a la que hoy desaparecen, para que no queden huellas del atraco. Protege a Ignacio Ovalle, por ser “engañado” por malos funcionarios, es decir, no aplica la ley por su responsabilidad, engañado o no, al frente de la dependencia y cuya obligación era que funcionara adecuadamente, no con fraudes tan burdos. Si en esto tuvo o no que ver Dante Delgado, será una incógnita.
Lo que nadie sabe es qué pasará con Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, “El Chapito”, arrestados en Estados Unidos, mediante un mecanismo poco claro, que ha puesto muy nervioso a AMLO. Está a unos días de perder su fuero constitucional. Y aunque seguramente espera seguir gobernando a través de Sheinbaum, en la parte económica e internacional y de su hijo, Andrés López, en la parte política nacional, este propósito puede verse interrumpido por acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico. Así que las reformas constitucionales tienen también el propósito de mantener el poder, realizar un blindaje a él y su familia, y seguir recibiendo prebendas económicas.
El país, al cambiar de régimen, va a transformarse. La educación tendrá un alto contenido propagandístico, como ya lo vimos en los libros de texto. La salud seguirá siendo un negocio de adquisición de insumos, sin atender a los enfermos. La ciencia y la tecnología no serán prioritarias para el desarrollo. La cultura será abandonada y solo se financiarán proyectos propagandísticos. Los medios independientes seguirán cediendo espacios a voceros oficialistas y los periodistas independientes irán perdiendo su empleo y su libertad.
Las obras públicas seguirán en manos de las fuerzas armadas, al resguardo de la seguridad nacional, para evitar la transparencia. Las megaobras pueden, quizá, terminarse, pero su operación implicará grandes subsidios. El narcotráfico seguirá ejerciendo el control del territorio nacional e imponiendo cuotas a las empresas y los productores. La impunidad contra corruptos y cómplices se mantendrá.
Sin duda, perderemos espacios en el mundo global, en competitividad, en riesgo país, en seguridad, falta de infraestructura y servicios. No lograremos avanzar en producir la electricidad que se requiere para crecer. Pemex continuará llevándose buena parte del presupuesto y bajando su producción. Las tensiones con nuestros socios comerciales irán creciendo y se producirán querellas que perderemos como siempre.
En fin, “septiembre negro” aún no acaba; como tampoco acabará la resistencia contra la tiranía. No serán tiempos fáciles y la violencia puede surgir en cualquier momento.