La administración de justicia es sin duda un problema en México. Inicia en los ministerios públicos que para levantar un acta toman horas y exigen generalmente un pago, continúa por la investigación que realiza la policía y que no necesariamente aporta los datos suficientes para proceder contra algún delincuente, abusador o acosador. Se integra la carpeta de investigación con elementos que muchas veces no son útiles para definir hechos y responsables. Las procuradurías, a cargo de las investigaciones, poco aportan al esclarecimiento de lo acontecido. Se desechan los mismos, se archivan o a veces se turnan a un juez especializado, conforme el delito de que se trate.
El juez recibe el expediente. Él no investiga. Escucha abogados de las partes, sin tener la certeza de que sus dichos correspondan a la realidad y toma el camino de la ley para determinar lo que cree procedente. Sin duda hay jueces honestos y otros que no, y pueden pedir ayuda para resolver la sentencia a alguna de las partes. Quien pierde se va a la segunda instancia donde ya son tres magistrados, los que deciden sobre el caso, si las procuradurías no aportan más pruebas, se analiza la información y se ratifica o se anula la decisión del juez, sigue la tercera instancia. Cuando llegan con juzgadores federales es más fácil que los hechos se puedan esclarecer y se procure la justicia. Esto lo saben los abogados y todo el Poder Judicial.
Sin embargo, la reforma a la justicia solo pasa por Corte, tribunales y juzgados. A las procuradurías y ministerios públicos ni los tocan, ni los cuestionan, pues son cómplices en diversos hechos. Se quejan procuradores de que ellos atrapan criminales y los jueces los sueltan. Pero callan respecto a la insuficiente y sesgada investigación que realizan.
Por eso creo que la reforma al Poder Judicial es, en efecto, no solo una vendetta, también el romper el pacto federal y destruir el Estado de derecho y sus contrapesos. No es un cambio que favorezca a los mexicanos. Es uno para tomar control del Poder Judicial y someterlo al Ejecutivo. La reforma está mal redactada, tiene artículos que se contradicen, acciones que son imposibles de ejecutar, el procedimiento de su aprobación en Cámara de Diputados es cuestionable por el desorden imperante en la sede alterna. No hubo plena identificación de qué diputados votaron el dictamen, ni de cuántos en realidad asistieron. Para tratar de enmendar en algo los errores, la presidenta Claudia Sheinbaum envió leyes secundarias, también con vicios y errores, que fueron aprobadas de inmediato.
El martes, en la cumbre empresarial, se presentaron los integrantes del empresariado nacional y parte norteamericano, y se toparon con las protestas. Adentro se les aseguró, según comunicado oficial, que México ofrece certeza y seguridad, y que la reforma no representa un riesgo. Se habló de inversiones nuevas o ya programadas, y la reunión transcurrió en calma.
No tenemos claro qué representan los asistentes al evento, si son CEOs, si son inversionistas, y qué intereses tienen en nuestro país. Pero lo importante es que Claudia Sheinbaum demostró que el gobierno está abierto al diálogo con empresarios que quieran invertir en el país y eso es algo positivo. Marcelo Ebrard manejó la cena previa con argumentos y cifras de importancia para el bloque norteamericano, para los tres países y la necesidad de fortalecerlo frente a la competencia mundial. Descalificó a Trump por lo que llamó su discurso de campaña y en general, podemos decir que fue una buena reunión, con resultados alentadores de que la economía no decaiga aún más por los temas jurídicos.
Sin embargo, es claro que las protestan van a continuar este y el próximo año. No se ve sencillo que magistrados, jueces y trabajadores se allanen a lo que consideran inconstitucional y a que les quiten los fideicomisos, de los cuales se pagaban sus prestaciones sin cargo al presupuesto federal y que ahora la ley ordena que se entreguen a la Tesofe. Sus ingresos sí se verán afectados y lo saben. Por eso, aunque Claudia Sheinbaum les diga que no hay problema, el tema está ahí.
La gobernanza se va a complicar. Si además los ministros deciden declarar nulo el proceso de aprobación de los cambios constitucionales, pueden pasar tres cosas:
1. Que Ejecutivo y Legislativo se nieguen a acatar la sentencia, con lo que entraríamos a una crisis de constitucionalidad que iría a parar a tribunales internacionales, con desprestigio para México, y costos en los mercados, pues caería inversión y la calificación riesgo país.
2. Que se acepte la sentencia y Claudia Sheinbaum aproveche para corregir los errores de una reforma apresurada, mal redactada, con imposibilidad de ser aplicada. Sin cambios de fondo, que harían permanentes las protestas con riesgos de violencia. Tiene la mayoría.
3. Que Claudia Sheinbaum aproveche para aceptar el diálogo con el Poder Judicial y se elabore una nueva propuesta con algunas modificaciones para que se mantenga la autonomía y la independencia del Poder Judicial y se hagan los ajustes necesarios, quizá incluyendo a procuradurías, para fortalecer verdaderamente el sistema de administración de justicia.
Al momento, no existe voluntad de Claudia Sheinbaum de diálogo con el Poder Judicial federal, quieren acelerar el paso para acabar con protestas, lo cual no es fácil de conseguir, por lo complicado de la instrumentación. La tómbola y el Consejo que analizará a los aspirantes han puesto sal sobre la herida, los requisitos son ofensivos para los profesionales de carrera. No hay confianza de a quién postule el Consejo, pero es casi seguro que serán morenistas en su mayoría, si no es que en su totalidad. Es un engaño que el pueblo votará para elegir a juzgadores. Estos son previamente seleccionados por el Consejo y el voto no decide nada en realidad.
Ojalá que la presidenta Sheinbaum estudie el caso con serenidad y se informe de las consecuencias de una mala reforma. Tiene la oportunidad de salir airosa del conflicto, como una demócrata, si decide escuchar y replantear un verdadero cambio a la administración de justicia, no solo al Poder Judicial federal. De otra manera, por más encuentros que se realicen con empresarios extranjeros, estos decidirán tomar riesgos solo si hay proyectos muy lucrativos, o se retirarán a buscar otras opciones con mayor seguridad. Y para ser lucrativos, no necesariamente serán con contenido social, como espera Claudia Sheinbaum.
Este asunto aún no acaba. Como tampoco la descalificación de la opinión pública contra Andrea Chávez, quien utiliza al Senado para zanjar sus problemas personales en redes. Lamentable el quorum de senadoras que no se han juntado para defender a las mujeres de feminicidios, violencia, violaciones, maltratos y discriminación, pero sí se reúnen contra un caricaturista que solo retoma un asunto derivado de los chats de la propia senadora. Eso sí afecta la libertad de expresión. No es violencia de género porque en nada se afectan derechos políticos de la señora, que usa aviones del Ejército para viajar con su familia.