Finalmente, la Corte decidió analizar las acciones de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial. El proyecto de sentencia lo elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y establece la procedencia del análisis de la reforma constitucional. Entre otros temas, determina la improcedencia de elegir jueces y magistrados porque afecta la independencia y autonomía que debe imperar en el Poder Judicial. Afecta la democracia y la división de poderes. Anula la figura de jueces sin rostro pues viola el debido proceso.
Sin embargo, el Ejecutivo y el Legislativo continúan con los procedimientos, y ya se eligió al Comité que evaluará a los aspirantes a suplir a los jueces y magistrados. Este decidirá las candidaturas, o sea, en realidad tu voto no es el que decide, es el Comité. Y son Morena y sus aliados quienes realizaron las propuestas. Este proceso de elección será mucho más caro que la elección presidencial y del Congreso de la Unión. Aproximadamente se habla de 32 a 46 mil millones de pesos. Cada boleta tendrá cerca de 400 candidaturas y cada elector debe escribir el nombre de los que seleccione. O sea, muchos no alcanzarán a votar por el proceso lento que implica. No hay votos, ni dinero.
Obviamente no se cuenta con estos recursos y el Fondo Monetario Internacional señaló que caerá el crecimiento del país a 1.5 por ciento, o menor por la caída de inversión, debido a la falta de certeza jurídica por las reformas al Poder Judicial, que le resta profesionalismo e independencia; el alto déficit fiscal que debe reducirse; el aumento del desempleo; el mal resultado de las finanzas de Pemex y de CFE; la falta de reformas para el nearshoring para contar con la infraestructura necesaria, especialmente en el sector energético; una política monetaria restrictiva, entre otros riesgos.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha defendido al país, y apuesta a más de un 2 por ciento de crecimiento, destaca la fortaleza del mercado interno, sus exportaciones, la integración de cadenas productivas, el control de la inflación que se ajustará el gasto en 2025, la conclusión de las megaobras, entre otros datos. Pero ante el anuncio de nuevos programas sociales, el gasto electoral, el apoyo a Pemex y CFE, el programa de vivienda, el Fondo de Bienestar a tasa cero, la paralización de inversión privada, el reto que enfrenta es de grandes dimensiones.
Se habla de que se reanudarán los proyectos de inversión público-privados para infraestructura. El problema es que muchos empresarios no quieren invertir con el gobierno porque no hay certeza jurídica y podrían perder capital. Prefieren proyectos privados, pese a caída de crecimiento.
En tanto, en la SCJN suceden cosas que no sabemos, quizá haya negociaciones. Hay prudencia, pero el discurso rijoso de legisladores y de la propia Claudia Sheinbaum apuntan a una crisis constitucional si no se acatan los resolutivos de la SCJN. Quedaría invalidada la justicia y el Estado de Derecho. Ya hay mucha polémica por no cumplir las sentencias de jueces federales contra la reforma. Blindarla ha llevado a mayores excesos y estamos frente a la violación de derechos humanos.
Se afecta el derecho a la justicia, a la libertad, a la seguridad, a una vida libre de violencia, al amparo frente actos de autoridad, y a la imposibilidad de defenderse de reformas constitucionales que vayan contra la propia Carta Magna y afecten derechos de propiedad, laborales, se mantiene la prisión preventiva oficiosa y no se respetan procedimientos, ni investigaciones. No se toca a las fiscalías, ni a los ministerios públicos encargados de armar las carpetas y que muchas veces registran sesgos.
Así que los ministros no solo están defendiendo a la República, al Estado de Derecho y a nuestros derechos humanos. Les guste o no a legisladores y a Presidencia, están ayudando a sanear las finanzas públicas y el riesgo que implica un mayor déficit fiscal por realizar una elección costosa de jueces y magistrados. Le dan un respiro a la economía.
¿Qué pasará? Si se desobedece al Poder Judicial, caerá la calificación riesgo país. Si además gana Trump la elección presidencial en Estados Unidos, subirán costos porque desea revisar T-MEC con alza de tarifas. El panorama es de fuertes costos para la economía y cuando la política se cierra, se abre la puerta a la violencia. Lo prudente sería acatar la sentencia de la Corte, dejar de atacar a los ministros, y aprovechar la coyuntura para reorientar la reforma y evitar mayores costos económicos, políticos y sociales. Con ideología no se resuelven los problemas ¿Será Claudia Sheinbaum capaz de gobernar?