Todos sabemos que Jaime Rodríguez, El Bronco, como candidato independiente al gobierno de Nuevo León no cuenta con partidos que lo respalden. El Congreso estatal cobra pues una gran relevancia en las decisiones de gobierno. Presupuestos, políticas públicas, cargos, nombramientos, ingresos, transparencia, información pública y otros aspectos adicionales a sus facultades reglamentarias son manejados por la dupla PAN-PRI y a veces se une Morena, para no desentonar en un estado que no ha apoyado a AMLO.
Nuevo León está secuestrado. Hay excesos como es lógico. El más reciente y que más resienten las mujeres es la negativa rotunda del Congreso estatal a legislar en materia de paridad de género, principio constitucional aprobado por el Congreso de la Unión en 2019. Tampoco quieren avanzar en reformar leyes secundarias para combatir la violencia política de género que debe prevalecer en las próximas elecciones. La cerrazón es terrible, inmerecida e ilegal.
Se han negado a homologar preceptos constitucionales y legales con la Federación, a través de salidas retrógradas, tramposas que, para sorpresa de feministas y luchadoras, apoya la propia presidenta de la Comisión de Igualdad, diputada Karina Barrón, conservadora exacerbada. Buscan preservar cuotas en lugar de aplicar paridad, sus transitorios alargan el proceso y sólo emiten recomendaciones y no acciones acordes a los principios constitucionales.
Es vergonzoso que entre el líder de la fracción del PAN, diputado Carlos de la Fuente, y el de la fracción del PRI, diputado Francisco Cienfuegos, cogobiernen y pretendan retroceder en los derechos y oportunidades para las mujeres. Regatear la paridad, instrumento para acceder a la igualdad sustantiva, es ver hacia el pasado y condenar a un papel de subordinación a las mujeres en política y cargos públicos.
Este atentado sigue perpetuando la simulación, donde los hombres deciden qué mujeres pueden o no participar en candidaturas y cargos de elección popular, escogen sólo las que estén bajo su dominio. Tanto los procedimientos instrumentados por el Congreso, como los contenidos, son ilegales. Desde luego proceden amparos, juicios de derechos ciudadanos ante el TEPJF y acciones de inconstitucionalidad, ante la SCJN, que pronto conoceremos. Las redes de mujeres están activas y en lucha.
Lo más grave de esta historia es que durante semanas con grupos feministas, asesores jurídicos y OSC se trabajó un proyecto con el Congreso local para modificar la Constitución y lograron un acuerdo de texto que se presentó hace cinco meses, ante la Oficialía Mayor para que se procediera a su presentación por los diputados a Comisiones y al Pleno con acuerdo de todos los partidos. ¿Qué creen? El Congreso faltó a su compromiso e ignoró la propuesta. Faltar a la palabra en política, y en cualquier ámbito de la vida social, es mortal, denota ausencia de ética y de voluntad. Y aún así hay quien quiere reelegirse. ¿Votarían las mujeres por misóginos?
Con 15 votos del PAN y 8 del PRI, de un total de 42 diputados, 21 hombres y 21 mujeres, no se logra avanzar en llevar adelante la paridad, el lenguaje incluyente, la protección a víctimas de violencia política. Con cinismo, los legisladores han aceptado que aún cuando los remedos de reforma que pretenden introducir a la Constitución local pueden ser reconvenidos por la SCJN y el TEPJF, esperan que sean otros quienes los impongan porque no quieren reconocer la paridad como principio constitucional. Mucho menos aplicarlo a candidaturas, gabinetes y alcaldías. No están dispuestos a avanzar en la igualdad. Ni en toma de decisiones, ni en oportunidades, ni en trato y beneficios de desarrollo hacia las mujeres, como ONU propone. Seguramente la CEDAW descalifique las conductas del Congreso local tras su análisis anual.
El pacto federal funciona bajo condiciones de respeto y de armonización de sus marcos legales, pero los partidos políticos llevan su propia lógica. Lo que sorprende es que ni la dirigencia nacional del PAN, ni la del PRI, tomen parte y reconvengan a sus diputados ante tales conductas machistas y contrarias a la toda lógica política. Esto no quedará en la impunidad, ni será algo que se olvide y se pase la página.
Yo misma participé en plataforma virtual, en foro con las 36 integrantes de la Red Paridad Nuevo León y pude observar el entusiasmo, el compromiso en avanzar y comprometerse con la igualdad. Este grupo plural de mujeres destacadas, exsenadoras, exdiputadas locales y federales, expresidentas de partidos, académicas, servidoras públicas, periodistas, empresarias, no se van a quedar conformes y cruzadas de brazos. Ellas habrán de alzar la voz para denunciar los atropellos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pretende el Congreso local.
Su reclamo legítimo se escucha ya por todo el país, y no están solas. Varios grupos feministas y activistas nos sumaremos para frenar los abusos que la dupla PAN y PRI quieren imponer para mantener sus beneficios y sus intereses particulares para que los asuman sus partidos. Hay quienes apoyan a las mujeres, hombres destacados también diputados, como Luis Donaldo Colosio (MC), Ramiro González (Morena), y seguramente se escuchará su voz, aunque no cuenten con suficientes votos. Es un capítulo muy vergonzoso en la historia de Nuevo León.
Es la entidad más rezagada para incorporar la paridad a sus leyes porque afecta las propuestas que los líderes parlamentarios tienen para las próximas elecciones. Piensan que si la ley se revisa después del proceso electoral que inicia en octubre, ellos ya salvaron los impedimentos legales para postular mayoría de hombres a los cargos de elección. Pero no saldrán impunes. Les guste o no, el mandato constitucional debe aplicarse por el INE, los OPLES, el TEPJF y desde luego la SCJN, así que veremos a dónde topa este conflicto político por el poder partidista en Nuevo León. Las mujeres estamos presentes, aunque quieran invisibilizarnos. ¡Se escucha la voz!