Rosario Guerra

Paridad y violencia

Rosario Guerra relata la lucha para que se aprobaran reformas a diversas leyes para denunciar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por motivo de género.

A medida que las mujeres avanzan en los distintos ámbitos de la vida social y política, crecen los delitos en su contra. La impunidad es el escudo que protege a los agresores. Los feminicidios se incrementan. Crecen las llamadas de auxilio al 911. Los albergues para mujeres maltratadas han casi desaparecido, así como las guarderías. Dádivas no resuelven el apoyo jurídico, psicológico, médico y de capacitación.

En la política se incrementó la violencia. Yo fui víctima y sé lo ineficiente del sistema de justicia. Desde 2012 se ha tratado de legislar para frenar la impunidad, mientras crecían las agresiones contra las mujeres. Les quitaban puesto y prerrogativas, las calumniaban, las amenazaban, a sus familias y colaboradores para que renunciaran a postulaciones. Una vez electas, no las dejaban gobernar por ser mujeres, a regidoras no les pagaban, ni oficinas, ni prerrogativas, ni las citaban a sesiones. Al igual que en otros ámbitos, acoso y hostigamiento sexual eran recurrentes.

La legislación usó las cuotas para vencer resistencias a la igualdad. Pasamos por el 30/70, luego el 70/40 y surgieron las trampas de las 'juanitas', ante denuncia y juicio 12624 se empezaron a desterrar vicios. Pero las candidaturas de mujeres, en muchos casos, no eran para las militantes, sino para parientes de algún dirigente. Cuando las cuotas, que eran temporales, se cambiaron por la paridad y este principio se plasmó en la Constitución en 2014-2015, aunque sólo abarcaba candidaturas a Congreso de la Unión y congresos locales, entramos a otra dimensión en la lucha por la igualdad.

Creció el número de legisladoras en las Cámaras y se extendió la solidaridad y la conciencia de género. Así, en 2018 dos senadoras presentaron iniciativas para lograr la paridad en todo, a nivel constitucional, la de Martha Lucía Micher (Morena) y la de Kenya López (PAN). Empezó la negociación y se fueron retirando varios contenidos, los del sector privado, la municipal, la de una serie de derechos, incluidas comunidades indígenas y se logró un predictamen. Nunca se logró quorum para aprobarlo. Mujeres en Plural y otras organizaciones feministas empezaron a cabildear con las fracciones parlamentarias, las senadoras cerraron filas y tras una serie cambios, que permitió la flexibilidad de la presidenta de la Comisión de Igualdad, al fin se logró un proyecto de consenso. Quedó firmado el dictamen para someterse al Pleno justo el día de cierre de sesiones, junto con la polémica Ley de Educación.

Al no lograrse votar la Ley de Educación, no pasó al Pleno el dictamen de paridad que modificaba los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 que hace extensivo el principio de paridad a gabinetes federal y locales, a órganos autónomos, a municipios, a los tres poderes de la Unión, a empresas paraestatales y productivas del Estado, y a las comunidades indígenas, según sus tradiciones. Posteriormente, en el primer periodo extraordinario, se aprobó, se turnó a Cámara de Diputados, donde las legisladoras se unieron para aprobar la minuta sin modificaciones, pese a algunas resistencias. Se envió a los congresos locales y finalmente en junio se publicó el decreto correspondiente.

Avanzar sin desterrar la impunidad podría incrementar la violencia contra las mujeres. Senado y Diputados empezaron a trabajar un proyecto de reformas a ocho leyes para denunciar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por motivo de género. Se reformaron, entre otras la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se cambió la definición para ampliarla y se describen las acciones que constituyen violencia de género. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorga facultades al INE y a los OPLE para frenar la violencia de género en forma inmediata, sacar campañas del aire y garantiza la paridad de género en candidaturas para registro, programas de educación y capacitación.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral que fortalece el juicio para la protección de derechos políticos de las mujeres. La Ley General de Partidos Políticos que obliga órganos de dirección y candidaturas paritarias. Establece que deben contar con un área especializada en la atención de violencia política de género. Aumentan las multas y las sanciones si no cumplen con la paridad. La Ley General en Materia de Delitos Electorales crea 15 nuevos por violencia contra las mujeres con penas que van desde cuatro años de cárcel hasta multas de 200 a 50 días. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para llevar una Base Estadística Nacional. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para aplicar la paridad en la integración de órganos jurisdiccionales, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que aumenta penas por delitos electorales de violencia política contra mujeres.

Falta que los congresos estatales homogeneicen estas medidas antes de 6 de junio, estén ya publicadas, para que en las elecciones de 2021 apliquen y sea una realidad parar la impunidad contra las mujeres en el ámbito político. Ya se registran avances.

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