Con el pretexto de cuidar la investidura presidencial AMLO se rehúsa a hablar con los gobernadores. Anteriormente el Ejecutivo incluía a los gobiernos locales, a las universidades y a grupos sociales, mujeres, indígenas, enfermos y niños con cáncer, y otros más en el diseño del Presupuesto federal y se atendían obras de infraestructura, programas sociales, temas de desarrollo regional para impulsar la economía, cobertura de salud, de educación y una serie de inversiones que generan empleo e inversión en las comunidades. Era un presupuesto nacional, adicional a participaciones federales, regidas por ley.
Hoy el Presupuesto se centra en Pemex, a punto del fracaso; en CFE, con costos más altos cada día. En sus proyectos emblemáticos: el tren maya, que no transportará ni mercancías, ni turismo; en Dos Bocas, refinería que se hace cada vez más pequeña y más cara, en terrenos pantanosos, sin comunicación con el país, y sin rentabilidad (su gasolina será más cara que importarla); y por último, su 'sistema aeroportuario', que no considera el espacio aéreo en su operación y que las aerolíneas comerciales podrían negarse a utilizarlo, por los riesgos. Y desde luego, sus ayudas sociales, opacas y sin supervisión, con las que piensa ganar elecciones y paliar efectos negativos de la pobreza que ha incrementado.
No hubo apoyo a entidades o instituciones para cubrir costos de la lucha contra el Covid 19, ni contra el cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas. El Insabi no logró atender a la población del Seguro Popular y están a punto de desaparecer el Fondo de Enfermedades Catastróficas, con lo cual el gasto en salud pública para la población desprotegida desaparecerá.
Los únicos fideicomisos que subsisten son los de Seguridad Pública y Fuerzas Armadas. Se esgrime la corrupción, pero sabemos que no es cierto, una golondrina no hace verano. Los fideicomisos tenían la ventaja de centrarse en un fin único, reglas de operación para conceder recursos, eran auditados por la ASF, supervisaban la operación, podían recibir recursos de organizaciones internacionales, sector privado y gobiernos locales, además de invertir recursos para generar intereses y operaban en forma multianual.
Los recursos pasarán a Tesorería y de ahí a secretarías para atender a los beneficiarios afectados. Todos sabemos que eso no ocurrirá. El dinero se utilizará para mantener metas macroeconómicas y evitar el derrumbe de la economía por una probable caída en la calificación del país. No hay dinero, el SAT crea nuevas estrategias para cobrar, legal o extrajudicialmente. La caída del empleo y del consumo no permitirá una mayor recaudación.
En lugar de posponer sus proyectos absurdos, AMLO los fondea con recursos públicos, rechaza asociaciones con capital privado, dice que como servidor público sólo debe atender a proyectos públicos, cuando 70 por ciento o más de empleo y producción están en el sector privado. Ni un estímulo a la inversión o empleo. Malgasta y derrocha sin medir consecuencias, vaya ni las imagina.
Hartos los gobernadores de ser creativos, y ya sin recursos, se han organizado en una Alianza Federalista. Diez estados Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas exigen un presupuesto equilibrado, dicen que se ha roto el diálogo con el Presidente, que van a impugnar la desaparición de fideicomisos. Que se ha afectado su soberanía y dignidad, están dispuestos a la batalla legal y política, pues la federación impone, confronta y descalifica.
AMLO se burla y pide consulta pública, le responden la harán, lo toma como acto electoral y dice que no podrá romperse el pacto porque requiere reforma constitucional. Reitera que no hablará con gobernadores por su investidura. Olvida que hay instancias internacionales que pueden atender este tipo de conflictos. En un mundo globalizado, no se puede evitar que los conflictos internos sean tema regional y más en un bloque tan importante con el norteamericano.
Si vence Joe Biden, si sigue saboteando las inversiones en energías limpias, si va por el carbón y los monopolios estatales, y se acaba con el outsourcing, encareciendo salarios, el daño seguirá incrementándose. La ruptura del pacto federal no es sólo un tema jurídico, es una protesta de un tercio de las entidades frente a una decisión en donde el Presupuesto federal sólo atiende tres proyectos emblemáticos, Pemex y CFE, y no hay más para Estados y población. No es una ocurrencia de los estados, es un reto que debe resolverse por medio del diálogo. La unidad nacional es responsabilidad del Ejecutivo.