Lo que estamos viendo en el caso Ricardo Anaya (o Ricardo ‘N’, como le llamó la Fiscalía General de la República en un boletín ayer) puede contarse de dos maneras que no necesariamente se contraponen, pero que tampoco se complementan de forma tal que terminen por resultar consistentes en términos jurídicos. Y el meollo de ambas es el sector energético nacional.
La primera manera de contar esto es simple. Hay quien dentro del lopezobradorismo está convencido de que el episodio cardiaco de Andrés Manuel López Obrador, del que afortunadamente salió, no se puede entender sin la frustración que sentía por la imposibilidad de detener la reforma energética del peñismo. El ingreso de AMLO al hospital fue poco antes de la aprobación de la apertura de ese sector, pero la coincidencia temporal de ambos hechos, diciembre de 2013, ahí queda.
La segunda manera de contar la historia es más rebuscada. Pero la culpa no es de uno, sino de la FGR, que ayer emitió un comunicado para explicar –es un decir– la causa en contra de Ricardo ‘N’.
Según la Fiscalía, en 2014 Anaya recibió 6 millones 800 mil pesos de Emilio Lozoya como parte de un soborno, supuestamente proveniente de fondos de Odebrecht, para que el panista apoyase la reforma energética que, dice el boletín de ayer, “privatizaría la producción petrolera mexicana a favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil”.
Me permito citar la argumentación de la FGR, porque si uno no lo entrecomilla luego van a pensar que es un invento: “La secuencia de todas las diligencias señaladas, QUE PUEDEN APORTARSE EN VERSIÓN PÚBLICA, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
Hechos: 1) Odebrecht es una constructora (pequeño detalle), encima con contratos en México (con perredistas en Michoacán) previos a 2010, año donde según la confesión de esa compañía iniciaron sus sobornos en México. 2) Sin ser petrolera, es cierto que Odebrecht tiene intereses multimillonarios en el sector de petroquímica mexicana (Etileno XXI), operaciones también previas a la reforma peñista. 3) En efecto, Anaya votó por la reforma energética (su partido siempre buscó eso, y el PAN firmó el Pacto por México, que desde su origen contemplaba la apertura de ese sector). 4) Odebrecht ha intervenido en refinerías y otras instalaciones energéticas, pero no necesariamente en obras que le hubieran estado negadas sin la apertura pactista.
A pesar de todo lo anterior, dice la FGR que el motivo del crimen de Ricardo ‘N’ era entregar petróleo a empresas como Odebrecht.
Se me hace que el Peje le hackeó la computadora a la FGR y se puso a hacer copy-paste del Plan Nacional de Desarrollo para, supuestamente, explicar los presuntos delitos de ‘N’: ideología como prueba ministerial. Aywey.
Uno supondría que el comunicado de la FGR de ayer fue publicado para atajar las dudas sobre la nula independencia de Gertz Manero –cosa que no logró–, menos si sostiene que, en efecto, en el origen de la persecución contra Anaya está el agravio que AMLO toma como personal por las reformas energéticas del Pacto por México en 2013.
Si Lozoya sobornó a Anaya, que se lo prueben y pague por ello. Pero qué raro el rollo de que fue por “entregar el patrimonio petrolero”… a una constructora.
Y si el tema es el Pacto por México, uy, pues les falta ir por José Murat y muchos más.