Manuel e Ingrid serán recordadas como las tormentas que el peñismo no atendió, con funcionarios de Protección Civil de ese gobierno incluso en Las Vegas.
Si sirviera de consuelo a las decenas de víctimas mortales de esas lluvias ocurridas en septiembre de 2013, esa tragedia hizo que las autoridades cambiaran protocolos ante pronósticos de precipitaciones como las que entonces se presentaron, sobre todo, en Guerrero.
Instancias como la Comisión Nacional del Agua tenían que poner mediante oficio sus alertas meteorológicas –semanales o emergentes– a las autoridades de Protección Civil, y luego verificar vía telefónica que éstas las hubieran recibido.
Eso funcionó, me cuentan servidores públicos del anterior sexenio, al menos hasta diciembre de 2018. Hoy, cuando hay 14 muertos en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que nadie atina a decir por qué no fueron oportunamente trasladados ante la crecida del río Tula, la gran duda es qué hicieron las autoridades de Protección Civil y qué hizo el IMSS en las horas previas a tan grande tragedia. O qué no hicieron.
Este jueves el “Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)” publicó un comunicado en el que expresa “su total solidaridad y apoyo a los habitantes del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, por los acontecimientos ocurridos a causa del desbordamiento del río Tula, la madrugada del pasado martes 7 de septiembre”. En ese boletín también “los integrantes de los sectores obrero y patronal lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de los 14 pacientes derechohabientes en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 del IMSS”.
Pero lo que no dice ese documento, que contiene un reconocimiento para el director del Seguro Social, Zoé Robledo, es la petición –ni menos la oferta a colaborar– de que las autoridades pertinentes realicen una investigación sobre los hechos en los que se dieron esos decesos de pacientes del IMSS.
Los directivos del Seguro Social no entienden que no pueden autoexculparse por lo sucedido. Dejan en claro que no lo entienden tanto en el documento del Consejo Técnico, como en las declaraciones de Robledo el miércoles, cuando en un video señaló que los directivos del IMSS –la jefatura y la delegación locales– no fueron advertidos de lo que podría ocurrir. Zoé incluso señala que “se hizo mucho ante un desastre que no se pudo advertir”.
Lo del IMSS es grave porque sus cabezas no toman la única iniciativa que se espera de ellos: que ofrezcan toda la colaboración para que el proceder de directivos y mandos operativos la noche del 7 de septiembre sea revisado. Y porque hoy alguien no está diciendo la verdad sobre las alertas.
Y es que la encargada de Protección Civil del gobierno federal defendió este jueves en la mañanera su “trabajo de alertamiento”: “Es muy puntual, incluso lo hacemos a través de redes sociales, a través de ustedes, de los medios de comunicación, principalmente de radio y televisión, que nos permiten alertar a la comunidad; lo hacemos también entre la población, lo hacemos principalmente con Protección Civil municipal y del estado para ir alertando y hacer la evacuación”.
Entonces. O los procedimientos internos de emergencia del IMSS no funcionaron. O no es cierto que las autoridades federales alertaron. O Protección Civil del estado y municipio fallaron.
Y dado que el Seguro Social fue el que tiene sobre sí la carga de los fallecidos, entonces lo que siguen sin entender es que debe haber una investigación, y que ellos deben promoverla. Para que no se repitan los casos como el de Tula.