Una salida al acertijo que para Andrés Manuel López Obrador supone el empoderamiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República sería desaparecer la FGR, transformarla de raíz.
A juicio de algunos observadores, una medida de esas características ayudaría al Presidente a romper una más de las herencias del pasado, a formular un esquema de Fiscalía con más controles por parte del Ejecutivo y, por supuesto, a quitar a Gertz Manero para no depender, hoy y más allá de 2024, de su veleidosa voluntad.
Sería un paso osado, incluso traumático. Necesita al Congreso para reformar la Constitución, pero dado que en la Cámara de Diputados la operación de Morena es menos costosa, haría más relativo el peso del receloso Senado.
A favor de López Obrador estaría el hecho de que defender hoy a la fiscalía autónoma es poco presentable dados los excesos en que ha incurrido su titular. Así que el argumento en las negociaciones con diputados y senadores sería que se nos pasó la mano, que se dieron demasiadas atribuciones a una persona y es necesario rehacer el camino. Quien se oponga sería sospechoso de validar al fiscal que pisotea el Estado de derecho.
Entonces, para salir del problema en que está metido –con un fiscal queriendo meter a la cárcel al entorno del exconsejero jurídico, con un fiscal que demuestra que el influyentismo no sólo no se ha acabado en este gobierno, sino que el funcionario evidenciado no reniega de su agenda en contra de su exfamilia política–, López Obrador podría emprender el camino de una nueva reforma constitucional, la cuarta de este trienio.
Cambiar de fiscales no es una cosa rara para el movimiento del Presidente. En no pocos estados a los que ha llegado a gobernar recientemente algún candidato surgido de Morena se ha dado renovación de fiscal. Es decir, de un plumazo se desvirtuaron los términos transexenales de fiscales que se suponía estaban ahí en la lógica de continuidad a pesar de cambios de gobernador, e independencia de éste.
Pero, como se expuso ayer aquí, la correlación de fuerzas que hace posible que una nueva gobernadora de un estado consiga la renuncia de un fiscal heredado no parece estar presente en el caso de la Federación. De ahí que el último recurso sería no quitar a Gertz –que no tiene nada qué perder al dar la batalla por su permanencia–, sino desaparecer su fiscalía.
¿De qué lado se posicionarían grupos ciudadanos y la clase política que peleó por una ‘fiscalía que sirva’, si se planteara un cambio de institución? Quizá la apoyarían si en la formulación del nuevo esquema se pusiera por delante a las víctimas, una cosa a la que, por cierto, parece alérgico Gertz Manero.
¿Tiene Andrés Manuel capital político para emprender esa reforma? La respuesta a esa interrogante será clara en los días por venir. Porque con cambio o no de Fiscalía, él necesita que todo el país crea que ha retomado el control político de una institución que hoy es manejada con agenda poco institucional.
Si López Obrador se muestra impotente frente a Gertz Manero, su gobierno padecerá las turbulencias de las inquinas e ineficacia del fiscal.
En medio del escándalo por el fiscal espiado y exhibido, establecer que prevalece el Estado de derecho debería ser la prioridad para Andrés Manuel. En esa agenda, sin embargo, no necesariamente contará con el actual titular de la FGR.
El sexenio de AMLO, como tantos del pasado, encallaría por los escándalos de la procuración de justicia… o de los supuestos procuradores de la misma.