La operación control de daños del gobierno (es un decir) de AMLO a las pocas horas de conocerse que las Fuerzas Armadas habían matado a cinco personas en Nuevo Laredo se centró en desprestigiar, en una mañanera, al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
Desde Palacio Nacional el presidente de la República autorizó la transmisión de un audio donde el conocido activista tamaulipeco, presuntamente, hablaba con un supuesto narcotraficante.
La administración pretendió de esa manera restar toda credibilidad a quien advirtió a la opinión pública sobre la gravedad de los hechos ocurridos el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin la denuncia de alguien tan acreditado entre la prensa nacional como Ramos, muy probablemente la muerte de esos jóvenes hubiera quedado registrada como un “enfrentamiento” del Ejército con “agresores” “abatidos”.
Cuando Ramos levantó la voz se activaron las alarmas: los hechos podrían constituir una ejecución por balas castrenses. Las pesquisas han fortalecido esa hipótesis.
El gobierno no se iba a quedar con el golpe, y en un afán por lograr un margen de maniobra para restarle importancia a la masacre, la emprendió, desde Palacio Nacional y con medios públicos, en contra de Ramos.
Simultáneamente vino el boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional donde cantinflea pero reconoce que algunos de sus elementos están siendo investigados y, por lo pronto, les achacan desobediencia.
Si AMLO no sabía que la Sedena ha usado Pegasus para espiar a Ramos, entonces el Presidente es un hombre muy muy mal informado.
Y lo mismo se puede decir si ignoraba que varios medios de comunicación nacionales, y al menos uno internacional, junto con activistas, estaban por sacar un reportaje donde se prueba ese espionaje.
Porque la revelación de Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias utiliza documentos de Guacamaya Leaks para evidenciar que, contra lo que ha dicho el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el Ejército en este sexenio no sólo espía a activistas, sino que los espía para tratar de evitar que evidencien abusos de derechos humanos de las propias Fuerzas Armadas. Es un cliché, pero aquí es obligado: en otro país el escándalo ameritaría renuncias del más alto nivel.
Así que una de dos: o AMLO no tiene el control de las Fuerzas Armadas, y el poderoso encargado de éstas (el de la Marina, with all due respect, está muy marginado) le miente cuando le llevan a declarar que en este gobierno no se espía a periodistas y defensores de derechos humanos, o el cinismo del tabasqueño ha marcado un nuevo récord.
Porque desde octubre de 2022 se ha denunciado que la Sedena lopezobradorista compró Pegasus, y no es concebible que, ocurrida la gran sustracción de documentos conocida como Guacamaya Leaks, el alto mando militar no haya reportado al comandante supremo en Palacio Nacional que, entre las cosas que podrían hallarse en sus correos, estaban los reportes de cómo Luis Cresencio Sandoval era informado del espionaje a Ramos en el marco de acusaciones a militares presuntamente ejecutando civiles en Tamaulipas.
El vocero Jesús Ramírez y López Obrador quisieron machacar la credibilidad de Ramos el 1 de marzo, pero sólo le dieron más visibilidad días antes de que se demostrara que los correos de la propia Sedena contienen reportes al general secretario sobre cómo espían al tamaulipeco.
Si el vocero y el Presidente ignoraban esos cables cuando lanzaron en la mañanera el ataque contra Raymundo Ramos, malo. Pero si fue a sabiendas, ¿ante qué estamos?
El Ejército mexicano espía a activistas de derechos humanos para evitar que investiguen muertes a manos de soldados. El Presidente es cómplice o encubridor.