Aunque el gobierno de AMLO tiene una proclividad estructural por socavar instituciones y organismos autónomos, se puede decir que esa pulsión no ocurre en abstracto, que el presidente de la República calcula cuidosamente esos lances. Aunque también podría decirse que hay sucesos concretos que activan las tarascadas del mandatario.
De tiempo atrás se escucha una versión que sostiene que el INE de Lorenzo Córdova canceló sus chances de convivir con el lopezobradorismo incluso antes de comenzar el sexenio.
El ánimo de Andrés Manuel en contra del Instituto Nacional Electoral se activó sin marcha atrás cuando, apenas unos días después de que el tabasqueño ganara la Presidencia, el INE decretó una multimillonaria multa a su partido/movimiento por un fideicomiso supuestamente creado para canalizar ayuda a damnificados del terremoto de 2017.
“Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo”, informó el INE el 18 de julio de 2018 en un comunicado sobre esa multa.
La sanción que se impuso fue de poco más de 197 millones de pesos, pues según explicó el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, “no se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo. (…) Se incumple la obligación de informar a la autoridad, además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”.
Luego, en marzo de 2021, el INE tumbó a Morena, por irregularidades en sus reportes en gastos de precampaña, sus candidaturas para Michoacán y Guerrero. El resto es historia.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a principios de mes había quedado conjurado el riesgo de parálisis en ese organismo: el 1 de marzo el Senado nombró a dos comisionados; con ello se evitaría que al retirarse hoy el comisionado Francisco Javier Acuña –quien concluye su periodo–, hubiera menos de cinco integrantes en el pleno, cantidad mínima para operar.
Pero, en un recurso extremo e inédito, el 15 de marzo el presidente López Obrador vetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.
AMLO no puede hacer todo lo que quisiera en el Legislativo, pero puede evitar que se atore todo aquello que no desea. Así que o estaba muy distraído cuando se eligió a Alarcón y al polémico (por sus malas calificaciones en su examen) Luna Alviso, o algo encendió el mal ánimo presidencial.
Ese algo pudo haber sido una resolución del Inai sobre una persona que el tabasqueño quiere y procura como a pocas, y para más señas una corcholata de la elección capitalina: Rosa Icela Rodríguez.
El 6 de marzo el Inai instruyó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregara los resultados de la evaluación de control de confianza de Rodríguez, titular de esa dependencia. Eso habría caído en el hígado del oficialismo.
Morena detesta al Inai: ayer mismo, en un debate donde la oposición pedía no paralizar a ese organismo, senadores morenistas descalificaban la necesidad del mismo, argumentando que hoy tenemos un gobierno transparente (sic).
Nada justifica el asalto al Inai. Pero en una de esas, el haber decidido justo ahora una resolución en contra de Rosa Icela Rodríguez, ayuda a entender que se pusieron en la mira del Presidente, y éste decidió estrujar a ese organismo.