Es erróneo pensar que estamos viviendo una demolición institucional que obedece a la voluntad de un solo hombre, así sea el presidente de la República.

Sería deshonestidad intelectual obviar que Andrés Manuel López Obrador tiene, para intentar ese cambio, el mandato que le dieron 30 millones de votantes en 2018. Y ese mandato electoral incluye posiciones mayoritarias en el Congreso de la Unión.

En otras palabras: en medio de la crispación del momento actual también toca observar lo legítimo de lo cuestionable, para no repetir desde fuera del gobierno visiones maniqueas, para no quedar atrapados en discusiones donde no se escucha, menos reconoce, al interlocutor.

Así, uno no puede sino coincidir con López Obrador cuando denuncia que el dinero del Fonden es una bolsa de la que políticos de varios partidos y momentos han robado descomunalmente. Y sí, AMLO debe cumplir su promesa de erradicar la corrupción y qué mejor que hacerlo a partir de limpiar y reordenar un instrumento que ha sido prostituido, como el fondo de los desastres.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que estos días se ha discutido (es un decir) en la Cámara de Diputados sobre la desaparición de los fideicomisos, incluido el Fonden, el anhelado cambio no está garantizado.

La explicación ingenua de por qué López Obrador actúa como lo hace al agarrar a hachazos al aparato institucional en el que sospecha corrupción, es que combatir la corrupción es muy difícil por la vía de establecer eficaces castigos disuasivos a abusos concretos. Investigar al Fonden podría llevar años, y no necesariamente se tendrían grandes resultados pues, ya se sabe, los corruptos son eso, tramposos sin escrúpulos, mas no pendejos. Y cada gobierno descubre que sus capacidades para indagar no son tantas, en realidad.

En esa línea, no es tan difícil de entender que el tabasqueño prefiera la tabula rasa. Demoler y partir de cero. Sin embargo, desaparecer sin investigar supone borrar también aprendizajes institucionales –buenas prácticas logradas luego de prueba y error–, lo que implica pérdida de capital burocrático. Y supone también, paradójicamente, garantizar impunidad para aquellos que en efecto abusaron de esos mecanismos. Los borrones y cuenta nueva suelen derivar en que la administración se ocupe en construir lo nuevo más que en revisar lo pasado.

Y, como se ha advertido en estos días, cerrar los fideicomisos supondrá vericuetos burocráticos nada sencillos (sobrecargar a otras partes de una administración federal ya de por sí descremada), e incluso un alud de juicios de quienes legítimamente resulten afectados.

Así que el beneficio inmediato, o mediato, de destruir la villa para reconstruirla no se ve por ningún lado. Si a todo eso sumamos que este gobierno es famoso por todo menos por eficaz, hay motivos para preocuparse en serio.

La explicación no ingenua de los hachazos presidenciales incluye: que AMLO tiene una cruzada personal por borrar todo lo que huela a Felipe Calderón o al PAN o al pasado, una necesidad ingente de recursos por la crisis que le lleva a carrancearse lo que pueda, y una propensión a instalar un modelo a la par clientelista y centralizador: nadie sino el Presidente decide a quién y cómo se entregan los recursos. En esa línea, no está lejos el día en que él apruebe cada beca del Fonca. No se rían.

En resumen. Dejemos de criticar el cambio por el cambio mismo. Mucho de lo que se quiere desaparecer debía mejorar mucho. Cero cuestionamiento por ahí.

Lo que se reclama de momentos como el actual, donde a partir de un plumazo y usando sólo el mayoriteo –para nada mediante la negociación política– se quiere matar los fideicomisos, es que no ofrece garantía creíble, por sus antecedentes y por lo que exponen en los micrófonos, de que el cambio será para mejor de todos, ni siquiera para bien de los más pobres.

Eso se reclama; eso y la gratuita animosidad pendenciera que no pocas veces acompaña cada decisión del Ejecutivo, así como los escasos datos verificables de la justificación que sobre sus actos da el mandatario en cada mañanera.

Pero sobre todo, el recelo está porque los mexicanos sabemos, nos hicieron ariscos, que el elefante burocrático siempre puede empeorar.