Al analizar las políticas de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, el estudioso Luis Astorga apunta en sus conclusiones que el "antiguo poder de regulación del Estado" frente a las organizaciones criminales "había perdido fuerza y eficacia en la misma medida en que se transitaba del monopolio a la pluralidad del poder político".
Con la transición "se habían creado las condiciones para que los márgenes de maniobra de los poderes locales dependieran menos de los intereses y las directrices del poder central, mostraran mayores resistencias y trataran de imponer sus propios intereses de partido o grupo. En esa dinámica, el campo del tráfico de drogas también fue adquiriendo una mayor autonomía respecto del campo político, lo cual llevó a modificar las opciones de relación entre ambos".
En ese contexto, según Astorga, el poder legal tenía como opciones: 1) no hacer nada –dejar hacer al crimen organizado–; 2) establecer relaciones de beneficio mutuo –componendas–, y 3) "(buscar) el acuerdo, la cooperación, la coordinación de todos los partidos políticos con posiciones de poder para aplicarle la ley a quien transgrede".
En su libro ¿Qué quería que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón (Grijalbo, 2015), Astorga destaca que la opción tres se le complicaba al expresidente panista, cuestionado como estaba por la polémica elección de 2006.
"Configurar una política de seguridad de Estado", dice el autor, "estaba objetivamente limitada de entrada, ya que en el campo político y en el social una parte de la población no reconocía su legitimidad como presidente".
Astorga establece que a pesar de ello hubo sectores de la población que sí apoyaron a Calderón en su estrategia contra el crimen organizado, mientras otros le mostraron "una resistencia, desobediencia y crítica ad hóminem".
En términos de legitimidad, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República en una posición diametralmente distinta a la de su adversario expanista. Pero para construir una política de seguridad de Estado se requiere tener en cuenta la añeja debilidad institucional –en policías pero no sólo en ese campo–, la vulnerabilidad añadida con las alternancias, y la metamorfosis que han vivido las organizaciones criminales, que no sólo ya van más allá del negocio de los enervantes sino que, advierte Astorga, se llegan a constituir en grupos paramilitares que disputan al Estado las rentas de negocios lícitos.
Frente a ese panorama, López Obrador ha optado por crear, por un lado, una Guardia Nacional militarizada y, por otro, un discurso preventivo basado en programas sociales; pero su política de seguridad no está cimentada mediante un acuerdo nacional explícito e incluyente. Pues esta administración desprecia a las organizaciones sociales, se pelea con defensores de derechos humanos y desdeña a opositores.
López Obrador tienta al destino al creer que la legitimidad de su movimiento sobra para lograr la contención efectiva de los criminales. Comete un grave error si cree que puede pasar por encima de opositores a la hora de determinar unilateralmente un diálogo de la Federación con grupos armados en Tamaulipas y Michoacán. Y se equivoca también al usar tan grave materia para ridiculizar a un expresidente de la República.
Lejos de aminorar, ya en este gobierno la cuestión criminal ha dado nuevas muestras de su vorágine destructiva. Ojalá el Presidente de los mexicanos busque todos los apoyos posibles para enfrentar ese mal. Sería una paradoja de terribles consecuencias para México que a AMLO le pasara lo mismito que a Calderón: que su reputación, tan revestida de legitimidad, se viera tragada por el baño de sangre que no supo contener.