Andrés Manuel López Obrador sacará provecho político de la detención de César Duarte en Estados Unidos, ocurrida el miércoles, en coincidencia con la visita del presidente mexicano a Washington. Pero el mérito de ese arresto es de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y de los habitantes de ese estado, que castigaron electoralmente al PRI. Porque las alternancias son (casi siempre) buenas.
Los abusos de César Duarte como gobernador de Chihuahua fueron denunciados por valerosos ciudadanos –como Jaime García, de la Unión Ciudadana– y algunos opositores, destacadamente Corral. Y tras los escándalos sin castigo por parte del gobierno del presidente Peña Nieto, los electores del enorme estado decidieron destronar estatalmente al PRI en 2016 y elegir como mandatario al candidato panista.
Corral no fue el primer candidato que hace campaña con la promesa de castigar abusos y desvíos de recursos del gobernante en turno, pero sí es de los pocos que ha empeñado buena parte de su capital político en lograr tal castigo. Otros mandatarios no han podido: me viene a la mente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León, que no ha demostrado ni la energía ni la sagacidad para vencer los obstáculos de la impunidad del sistema político.
Digo sagacidad porque hacer justicia desde un estado de la República supone un reto mayúsculo no sólo por las añejas deficiencias de los ministerios públicos o fiscales, no sólo porque los gobernantes cuentan con asesores y despachos que les ayudan, lana de por medio, a borrar huellas y documentos, no sólo porque ellos rara vez firman algo que les comprometa, no, hacer justicia implica sobre todo enfrentar la resistencia de autoridades federales, muchas veces de signo político distinto al del (o la) gobernador (a).
En tiempos de Peña Nieto, las autoridades federales –la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– eran reacias a colaborar con estados como Nuevo León a la hora que les solicitaban informes sobre cuentas o movimientos bancarios de exfuncionarios estatales. Así que los intentos resultaron fallidos, por limitaciones propias o porque desde afuera les hicieron aún más difícil el camino.
Esas resistencias federales también las vimos frente a Chihuahua. En 2018, policías del gobierno de Corral tuvieron que disputar, al punto de una gresca, a elementos federales la custodia de un colaborador del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, acusado de formar parte de los desvíos ocurridos en Chihuahua en tiempos de César Duarte y Peña Nieto. La Federación quería retenerlo cuando le tocaba al estado ese operativo. Eso sin mencionar que a otro personaje de esas tramas –Antonio Tarín– el PRI le quiso dar protección forzando su toma de protesta en la Cámara de Diputados federal. El intento fue exhibido por el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática.
De esas maneras, entre otras, se obstaculizaba la voluntad popular que demandaba, con el cambio en el gobierno chihuahuense ocurrido en 2016, que se llamara a cuentas a todos aquellos que hicieron de Chihuahua en tiempos de Duarte un ejemplo de prepotencia y altanería (Duarte y su secretario de Finanzas llegaron al extremo de negar una operación multimillonaria mediante la cual a una unión de crédito de su propiedad le derivaron recursos del gobierno).
Pero llegó la alternancia y, aunque casi cuatro años después, esta semana por fin ha caído Duarte. El gobierno de Corral ha agradecido al presidente López Obrador por haber apoyado la solicitud de captura a nivel internacional del prófugo.
Al menos, por eso, la ciudadanía ha resultado ganadora: votaron por castigar, y hay frutos a la vista. Porque las alternancias cuentan para bien. Bueno, varias o muchas: porque falta ver qué pasa en Morelos, Veracruz, Puebla, ay, se me hace que mejor escribo otro artículo.