En materia de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a punto de cerrar el año con un digno nivel de bateo.
Ha recibido a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa: se puso, literalmente, la camiseta de la causa de los 43; ha convocado a familias de desaparecidos, ha dado foro e impulso a Alejandro Encinas para que informe de esa gran deuda que México tiene con esas víctimas, y ha hecho nombramientos dignos de encomio como el de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En este renglón, en efecto, este gobierno había destacado con respecto a cualquiera del pasado.
Sin embargo, justo al cierre del primer año de los seis de esta administración, ha llegado la desastrosa operación gubernamental para imponer en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a alguien orgánico a Morena.
La palabra del Presidente está en entredicho. Si su compromiso de irrestricto respeto a los derechos humanos es real, entonces para qué tanto afán en acomodar en la CNDH a alguien que al revisar la labor gubernamental tendrá mermada su credibilidad.
Si es genuina la decisión del presidente López Obrador de marcar diferencia frente al pasado en cuanto a derechos humanos, qué mejor que aprovechar la larga tradición de lucha en este renglón de múltiples personajes para que alguien con prestigio incuestionable sea el vigilante del gobierno en la materia que Andrés Manuel dice que nada teme porque él es "diferente".
Los tropiezos de Ricardo Monreal a la hora de tratar de forzar la imposición de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH exhiben no sólo la falta de oficio, sino, sobre todo, los pies de barro de lo que se suponía era una piedra angular de esta administración.
Venimos, como bien lo ha dicho el Presidente, de una tragedia humanitaria iniciada hace dos administraciones. Y el fin del ciclo de violencia, con su cauda de víctimas cotidianas, no se ve cerca.
Por ello, el gobierno lopezobradorista debería ser el más interesado en sumar en derechos humanos todo el prestigio posible para su causa. Aquí sí que no se entiende, en forma alguna, la manía sectaria del mandatario.
Tener una ombudsperson de estatura sólo puede abonar al prestigio de la administración. Porque si en algo no se puede engañar es al atender a las víctimas, lo sabe Quintana, lo sabe Encinas y, porque ha recorrido el país, lo sabe el propio López Obrador.
Rara forma del Presidente de meterse el pie al afanarse durante tantos días en que sea la señora Piedra Ibarra quien ocupe una oficina que antes que nada basa en la independencia y capacidad de interlocución su nivel de influencia.
Los derechos humanos van más allá de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, es cierto, pero tenemos una realidad donde se tiene un fiscal general de la República de perfil fuerte, donde se ha involucrado al Ejército en la Guardia Nacional, y se ha encargado a dos pesos pesados como Encinas y Quintana la atención de las víctimas –sin recordar que el Presidente ha asumido como propio el compromiso con los padres de Ayotzinapa–; entonces, el cargo que cierra esa alineación es el titular de la CNDH, que si fuera autónomo subrayaría lo genuino de los esfuerzos del lopezobradorismo. En vez de ello, al terquear con la señora Piedra Ibarra, López Obrador devalúa su promesa de que los derechos humanos serían su prioridad.
Qué manera la del Presidente de complicarse la vida, y de socavar una institución indispensable para México. Un error inaudito. Lástima.