Cuentan que la jugada le salió redonda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el cambio en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, logró una carambola de varias bandas.
Por un lado, arrebató ese organismo a un grupo ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por el otro, impuso su voluntad de que esa instancia fuera encabezada por una víctima. Pero, sobre todo, pudo sacudirse una responsabilidad mayúscula: si la CNDH ha de corregir enormes deudas del Estado mexicano con las víctimas de desaparición forzada, qué mejor que dejar tal responsabilidad en manos de la hija de una emblemática luchadora contra los delitos cometidos en la guerra sucia de los setenta.
Con el extra de que a esa luchadora el actual gobierno le hizo justicia simbólica al otorgarle en el Senado la medalla Belisario Domínguez. Y precisamente una de las representantes de Rosario Ibarra de Piedra en la entrega de la presea, su hija Rosario Piedra Ibarra, resultaría electa ombudsperson en un procedimiento marcado por ilegalidades y torpezas. Pero eso a AMLO ya no le importaba. Había ganado, e incluso tiene ascendente sobre la nueva funcionaria que, por ley, debería estar muy lejos de resentir influencia o tutelaje de un Presidente de la República.
López Obrador habrá ganado, pero todos, incluso Piedra Ibarra, aunque parezca no percatarse de ello, han resultado perdedores de la maniobra pejista.
Quizá por eso es que ayer en el Senado intentaron corregir en algo el desdoro en que incurrieron cuando realizaron la elección de Piedra Ibarra.
En la llamada Cámara alta se ha presentado una iniciativa de ley que, de aprobarse, modificaría el proceso de selección del presidente o presidenta de la CNDH, incorporando una figura novedosa que en tiempos Andrés Manuel no debería encontrar resistencias: a la titular o al titular de la CNDH se le aplicará, como al Presidente de la República, la revocación de mandato.
En un muy apretado resumen, la propuesta de reforma al artículo 102 de la Constitución parte de la noción de que quien a la postre dirija los destinos de la CNDH deberá, antes que nada, probar su experiencia o conocimientos en el campo de los derechos humanos a partir de resultar uno de los mejores promedios en un examen de oposición.
Así, un comité del Senado sacará a diez candidatos a ombudsperson. De esa decena, un colegio electoral dejará sólo seis nombres, que conformarán dos ternas. Si la primera es rechazada, los senadores votarían la segunda. Si tampoco ésta satisface a sus mercedes, entonces los seis nombres se van a una tómbola. Y que dios, o Chabelo, repartan la suerte.
En todo caso, esos seis nombres garantizarán experiencia e idoneidad. No como pasa con la actual titular.
La reforma más polémica seguramente será el que también se propone que a los 30 meses, a la mitad del mandato, la permanencia de la cabeza de la CNDH será sometida a un proceso de revocación o ratificación de mandato.
Si AMLO es promotor de tal medida para sí mismo, no debería haber en Morena y aliados resistencias a esta propuesta de reforma, introducida por el senador morenista Germán Martínez. ¿O a poco les va a dar frío a los que se autodenominan como transformadores de la política mexicana?
Si se pasara en sus términos, esta reforma alcanzaría a Rosario Piedra Ibarra, pues en un transitorio se expone que ella sería la primera que tendría que probar, a la mitad de su mandato, que corrigió el desastroso rumbo de su nombramiento y que, por sus resultados preliminares, merece ser ratificada.
Ella tendría dos años para ponerse las pilas, olvidarse de que es una activista para una sola causa, por terrible y legítima que sea la de la búsqueda de su hermano y de otros hijos amparados en la histórica lucha del Comité Eureka, y convertirse en la defensora de los derechos de todos, y no en una funcionaria orgánica a Morena.
Piedra Ibarra podría reivindicarse en ese proceso de revocación, o tendría que irse, para dar paso a una nueva elección, que ocurriría, si esta propuesta avanza, sin los bochornosos tropiezos que vimos en noviembre.