Esta columna no hablará de que funcionarios de la Secretaría del Bienestar están siendo vacunados ni de si la vacuna será utilizada electoralmente. O no hablará fundamentalmente de eso. Porque esos temas son, para usar el lugar común, la punta de un iceberg que tenemos que ver en su real dimensión: se está aprovechando la pandemia para desmontar instituciones y concentrar poder.

El Covid-19 ya tiene más de un año. A México llegó oficialmente hace casi 11 meses. Las muertes comenzaron, oficialmente, repito, en marzo pasado. La buena noticia al cierre de 2020 fue que un laboratorio comenzó a enviar dotaciones de vacunas a diversos países, entre ellos el nuestro, y que desde entonces otras vacunas están en proceso de autorización o distribución.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presumido las gestiones realizadas para obtener vacunas. Es cierto, miles de dosis de la desarrollada por Pfizer llegaron a nuestro país prácticamente en fechas idénticas a las de cualquier potencia mundial. Y otras más, como la de AstraZeneca, podría comenzar a producirse en México en cuestión de semanas. Se trata, dijeron muchos, de la luz al final del túnel. Sí, pero para que tal esperanza se materialice falta mucho. Antes han de tenerse suficientes dosis de vacunas para lograr una disminución efectiva de muertes, y muchas más para lograr la inmunidad de rebaño. Y en ambos escenarios la logística para la aplicación de las mismas tiene que probarse efectiva.

Nuestro país tiene un entramado institucional que definía quiénes y cómo se establecen las campañas de vacunación. Por ejemplo, y conforme a lo previsto en "los artículos 157 Bis 4, fracción I y 157 Bis 5 de la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, definir los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación". El Consejo Nacional de Vacunación lo preside el secretario de Salud, y los de Defensa y Marina; los titulares del IMSS, ISSSTE, Pemex y Cofepris, subsecretarios de Salud, y "se invitará a formar parte del Consejo Nacional de Vacunación, a cuatro titulares de las secretarías de Salud de las entidades federativas". El consejo puede a su vez invitar a representantes de los sectores social y privado, y a miembros de otras dependencias del gobierno federal. Y la secretaria técnica de ese consejo renunció el fin de semana sin que nadie explique las razones.

Además, está el Consejo Nacional de Salud, donde participan los estados, y el Consejo de Salubridad General, que preside el titular del Ejecutivo y al que la Constitución da tal nivel de autoridad que sus acuerdos tienen rango de ley.

De todo ese andamiaje legal, que da juego a las entidades federativas, a universidades, a colegios de profesionales e incluso a actores como la Cruz Roja, es decir que es plural y representativo de la sociedad, se habla poco en la pandemia. Porque López Obrador prefiere los encargos a los cargos que están sujetos en normas y leyes.

De ahí que hoy nadie atina a saber si son dos o cuatro o más los representantes de la Secretaría del Bienestar llamados servidores de la nación que organizarán las brigadas de vacunación.

Que esos funcionarios sean vacunados o no es casi lo de menos. Lo importante es que una vez más AMLO puso gente que reporta en otros lados –al opaco de Gabriel García Hernández– para administrar un proceso donde el Estado mexicano tenía mucha experiencia y ninguna necesidad de improvisar.

El riesgo es doble. Es la vacunación, no las vacunas per se, la que salva vidas, decía The New York Times antier. Todo apunta a que serán funcionarios de Bienestar y no de Salud los que organicen quién recibe, y quién no, las primeras vacunas para personas no pertenecientes al sector salud. Insisto, por el momento del uso electoral de este operativo no vale la pena ni preocuparse. Ojalá al menos supiéramos que lograrán la aplicación efectiva de los lotes que vayan llegando.

Y el otro riesgo es que, en plena pandemia, o aprovechándose de la emergencia por la misma, AMLO arma una operación hechiza, en la que hace a un lado a las entidades federativas y al marco institucional preexistente para encargar la más delicada de las operaciones preventivas en un siglo a personas ligadas a la promoción del voto de Morena en 2018 y a la entrega de programas sociales identificados sólo con esta administración.

Saldría más barato que vacunaran a todos los servidores de la nación, pero que fuera sólo la Secretaría de Salud, con el apoyo del IMSS, ISSSTE y las autoridades estatales y las Fuerzas Armadas, la responsable de vacunar. Nada de inventos a capricho. No en la pandemia.