El general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, ha reconocido que elementos de ese cuerpo militar-policiaco dieron muerte a una mujer en el marco de las protestas en Chihuahua, por el uso del agua de la presa La Boquilla.
En un tiempo récord, menos de dos semanas desde los hechos del 8 de septiembre en el que también resultó herido la pareja de la mujer fallecida, el militar informó que la muerte se debió a un "desgraciado, lamentable accidente".
Rodríguez Bucio narró en la conferencia del viernes en Palacio, que el día de las protestas en Chihuahua integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a tres personas que les habían amenazado con lanzarles "granadas". Pero al proceder a trasladar a esos detenidos, varios vehículos se intercalaron con la caravana policiaca y, supuestamente, al oír disparos, un uniformado accionó su arma, lo que derivó en la muerte de la mujer, de nombre Jésica Silva. Las investigaciones, subrayó el militar, las llevan las fiscalías chihuahuense y federal.
Como han subrayado diversos observadores, el que el máximo titular de la Guardia Nacional reconozca los hechos, es signo de un alentador cambio de actitud por parte de instancias policiacas y militares, que en el pasado reciente fueron no sólo renuentes a informar, sino en no pocas ocasiones propensas a ocultar o mentir a la hora de reportar el deceso de civiles en choques violentos.
Sin embargo, es muy pronto para saber si estamos frente a una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas, o sólo frente a un ejercicio diferente de manejo de crisis.
El presidente López Obrador ha prometido que su gobierno será distinto a los anteriores y que no se permitirá violación a los derechos humanos. Y en las mañaneras AMLO ha comprometido que diversos hechos que involucran a soldados o elementos de la Guardia Nacional serán esclarecidos. En ese contexto fue que Rodríguez Bucio, junto con el todavía secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que fue un elemento de la Guardia Nacional el que dio muerte a la chihuahuense.
Pero reconocer no es suficiente. Porque, para empezar, defensoras de derechos humanos ya condenaron el fraseo de Rodríguez Bucio, ese que da a los hechos la calidad de "accidente". Y es que en esos términos, tal declaración está lejos de zanjar responsabilidades.
Aunque Asuntos Internos de la Guardia Nacional debe estar trabajando en ello, si este caso va a convertirse en ejemplo de diferencia con el pasado deberían ser, antes que nada, las autoridades civiles de Chihuahua y de la Fiscalía General de la República las que establezcan qué fue lo que ocurrió esa noche, y qué imputaciones se pueden derivar de los hechos. Imputaciones que busquen reparar el daño a las víctimas, por supuesto, pero también castigar errores y sacar aprendizajes: ¿debe la Guardia Nacional ser enviada a asuntos que tienen que ver no con criminales sino con protesta social? Y habiéndose retirado, por presión, la GN, ¿siguió en todo momento un protocolo adecuado, incluso en las detenciones de quienes supuestamente les amenazaban con granadas? ¿Cómo pudieron quedar mezclados vehículos de civiles con otros de guardias que llevaban detenidos? ¿Y, sobre todo, qué órdenes tenían los uniformados? Tras oírse balazos (si tal cosa, asegurada por los guardias, es cierta), ¿qué dispusieron los mandos?
En tuits publicados por la Guardia Nacional el día 9 de septiembre esa dependencia señalaba que habían sido atacados por gente armada. Informaba, además, detalle nada menor, que las granadas no eran de fragmentación, sino de gas lacrimógeno, así que en mucho riesgo no estuvieron los uniformados.
Ahora, Rodríguez Bucio dice que todo fue un lamentable accidente. No basta con aceptar los hechos en los que murió una chihuahuense: se requieren investigaciones internas y de las Fiscalías para establecer si la agresión fue o no resultado de una confusión. Se requiere que el gobierno dé pasos concretos para aclarar y castigar los hechos. Mientras más pronto ocurra eso, mayores serán las posibilidades de creer que, en efecto, estamos ante un cambio en el tema de no tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados. Porque de confusiones y lamentables accidentes nunca aclarados llevamos ya varios sexenios.