A mediados de noviembre de 2018, Alfonso Durazo expuso el Plan Nacional de Seguridad para este sexenio. Casi dos años después, y luego de reformas legales para crear la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el discurso que usan funcionarios de seguridad de este gobierno es más propio de una policía política que de servidores públicos abocados a 'construir la paz', como se ofreció en esa fecha de la transición.
Los ocho ejes presentados por Durazo prometían "un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en sexenios anteriores". Y vaya que lo están logrando. Basta con repasar la novedosa forma, y el fondo, de lo expuesto por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, el viernes en la mañanera, donde acusó sin pruebas a gobierno, políticos, empresarios y ciudadanos de Chihuahua.
Ese día, el subsecretario Mejía Berdeja soltó frases como la siguiente: "¿Qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal?".
Otra frase: "el supuesto pleito entre Duarte y Corral es nada más testimonial".
Una más: "él ha estado permitiendo toda una campaña en contra del gobierno federal y sobre todo de la Guardia Nacional".
Y otra más, sobre la cancelación de reuniones de seguridad de autoridades federales con el gobierno de Corral: "Como lo explicaba ayer el señor Presidente, pues perdió la confianza, sobre todo en áreas donde se definen cuestiones muy estratégicas. No vas a estar definiendo operativos clave con quien luego filtre información falsa a los agricultores".
Último ejemplo: "nosotros consideramos que él de entrada tendría que pedir una disculpa a la Guardia Nacional por toda esta campaña, deslindarse de personas identificadas con él que han estado atrás de todas estas movilizaciones que pudieron haber tenido consecuencias catastróficas".
El envalentonado subsecretario Mejía Berdeja es, perdón que recuerde lo obvio, un policía. Un alto funcionario policiaco, pero policía al cabo. Con gente desplegada, miles de policías, bajo su mando en Chihuahua. Todos esos siguen órdenes, porque son policías. Órdenes que no se cuestionan, porque así es el mando policiaco y está bien. Órdenes que, como es obvio al hablar de policías, pueden implicar armas y pérdida de vidas humanas.
El viernes, esos seis mil policías de la Guardia Nacional que Mejía Berdeja aseguró que tienen en Chihuahua oyeron a uno de sus máximos jefes decir que Javier Corral y su gobierno están ligados a criminales, que el gobernador, políticos de varios partidos y empresarios se confabulan para explotar indebidamente millones de litros de agua, y que tales personajes conforman "una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama" (las protestas por el pago de agua a Estados Unidos).
Miren, si todo lo anterior lo dijera el presidente López Obrador, pues uno ya sabe cómo es el tabasqueño y su pasión por el pleito barriobajero.
Pero estamos hablando del número dos de la policía, que plantea a la sociedad cuestiones que no le corresponden.
Incluso cuando hablan de que Chihuahua padece un problema de acaparadores de agua, cosa que es cierta, y no sólo ese estado sino todo el país enfrenta esa realidad (leer de Thelma Gómez https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/), si ese fuera, como dice el subsecretario, el meollo, no le toca a él: son concesiones legales, abusivas pero legales, y si hay que revocarlas, pues serían otras las autoridades a las que corresponde echarse ese trompo a la uña.
Ya no sólo es el Presidente de la República el que siembra encono, el que reclama un trato de sumisión. Ahora también es la policía la que adoptó tan peligrosa actitud. La policía se mete a la política. ¿O cómo era aquello que prometían? ¿Qué en este sexenio iban a desaparecer los sótanos de Gobernación? Pues sí, ahora en vez de que la señora Sánchez Cordero sea la que arregle entuertos con los estados, tenemos a un policía demandando disculpas a una autoridad electa; porque será Corral, pero es el representante de todos los chihuahuenses, que no son pocos, y que también –puras obviedades hoy– son mexicanos con derecho a protestar.
Hasta en lo que uno supone que sí le toca a Mejía Berdeja éste lo hace mal: ese viernes habló de que se están integrando una docena de carpetas sobre las protestas. Carpetas sobre las protestas. Híjole. Claro, si el subsecretario dice, sin probar, que hay criminales ligados a las protestas, dónde entonces fijará él la línea entre el respeto al derecho de protestar de los ciudadanos y el que estos sean considerados como parte del crimen organizado.
Queda reconocerlo: en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (es un decir) están cambiando (para mal) el paradigma de la seguridad y de la política.
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