Cerca de Palenque, Chiapas, tierra consentida en este sexenio, mataron a un activista ambiental, a una persona comprometida con la defensa de los monos saraguatos. La muerte, de ocho balazos, de José Luis Álvarez es un trágico aleteo que pronostica el inexorable huracán que nos llegará desde allende el río Bravo.
México tiene 45 días, plazo que corre desde el viernes pasado, para demostrar que puede construir de manera simultánea dos sistemas medianamente funcionales.
Uno de ellos deberá sellar una franja enorme que va de la frontera sur al Istmo de Tehuantepec. El otro será un mecanismo de administración de miles de repatriados no mexicanos, en la frontera norte, a los que habrá de dotarles de alojamiento seguro durante meses.
El sistema a construir en el sur deberá triplicar, según la nota de The Washington Post, el número de centroamericanos detenidos: de 700 al día a 2 mil, de acuerdo con lo publicado este martes por ese diario estadounidense. Si funcionara esta estrategia binacional, un incremento de deportaciones en Estados Unidos y las detenciones de México tendrían por resultado que al final del año la migración hacia el norte bajara a la mitad.
Para triplicar las detenciones se tiene que construir un sistema de controles fronterizos en la selva, afluentes incluidos, que unen a México con Guatemala. Y luego, un efectivo mecanismo de resguardo de carreteras de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca. O sea, en unas cuantas semanas el país tiene que demostrar que puede administrar –de manera efectiva y sin abusos– vías de comunicación que llevan años sin ley en entidades como Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Se ha anunciado que para tal propósito se enviarán al sur desde ya a 6 mil policías y militares disfrazados de Guardia Nacional. Es decir, el estreno real de este nuevo cuerpo de seguridad supone un reto logístico particular: no llegan a espantar criminales a una población tomada por huachicoleros ni a resguardar instalaciones estratégicas, sino a constituirse en el brazo armado, cuerpo de escudo y ¿choque?, de un sistema de barreras e inspección coordinado por el secretario de Relaciones Exteriores.
Ahí surge otra duda sobre esta obra magna de ingeniería institucional que se quiere construir en tiempo récord: si por décadas el INAMI ha sido parte del problema de corrupción que involucra al tránsito y tráfico de extranjeros en México, ¿el nuevo gobierno confiará en que los directivos y agentes de migración ahora sí serán parte de una solución?
Y, por supuesto, tenemos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, organismo minúsculo que ahora deberá procesar de manera eficiente las solicitudes de decenas de miles de migrantes.
Por si no fuera ya de por sí un reto descomunal construir una frontera, más un sistema de registro y control, con un efectivo mecanismo de vigilancia de carreteras y caminos, el éxito del gobierno supondría modificar un statu quo que es muy redituable para bandas criminales, no sólo nacionales, dedicadas al tráfico de personas.
Aquí volvemos al asesinato de José Luis Álvarez. Ese homicidio ocurrió luego de que el ecologista hubiera denunciado que de manera ilegal se socava al río Usumacinta, uno de los que nos conecta con Guatemala.
Además de los actos ilegales, Álvarez también hizo públicas las amenazas que recibió por proteger al río. Su asesinato es una muestra más de las fallas del Estado mexicano, que en tantos otros casos recientes y no tan recientes ha sido incapaz de construir un sistema que proteja a quienes se afanan por defender bosques, ríos, tierras o derechos: activistas y periodistas por igual.
En esa tragedia unipersonal de José Luis Álvarez se cristalizan las deficiencias estructurales de gobiernos estatales y federal, heredadas muchas, sin visos de corrección, todas.
Y ahora, a contrarreloj y para contentillo del vecino del norte, el gobierno que no puede proteger a quienes le ayudan a defender el territorio deberá arrebatar un negocio a los coyotes, y administrar sin abusos ni efectos colaterales (hacinamiento, enfermedades, violencia, revictimización…) un flujo migratorio que ha sido imparable por décadas.
Guarden por unas horas sus dudas sobre la capacidad del gobierno de López Obrador para hacer el aeropuerto de Santa Lucía, el tren maya o la refinería de Dos Bocas.
En el sur (luego hablamos del caso de la frontera norte), y en cosa de semanas, esta administración deberá probar que sirve para algo más que para la arenga.
Pero a diferencia de las megaobras que se pretenden hacer, donde se pueden perder muchos miles de millones de pesos, pero (en principio) no están en juego vidas humanas, en el caso de lo demandado por Trump lo único que AMLO y los suyos deberán demostrar es que pueden administrar con extrema eficiencia y trato digno las esperanzas de decenas de miles de migrantes. Buena suerte.