Rosario Robles no debería ser un chivo expiatorio. No lo merece ella, por supuesto. No lo merece una sociedad harta de abusos e impunidad.

Que se investigue su responsabilidad como titular de Sedesol y Sedatu en los desvíos de la Estafa Maestra; que se sustancien las respectivas ilegalidades, en caso de haberlas. Pero que no se le convierta en el chivo expiatorio.

Por eso, conviene recordar qué es la Estafa Maestra, qué se denunció en esos reportajes publicados a inicios de septiembre de 2017, y quiénes más fueron protagonistas de un esquema de defraudación utilizando universidades y empresas irregulares.

A partir de reportes de la Auditoría Superior de la Federación, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron contratos en esta modalidad por 7 mil 760 millones de pesos otorgados por once instancias del gobierno federal.

Porque Rosario Robles, en efecto, no fue la única funcionaria ahí señalada. Fue sólo una de once titulares de dependencias.

En La Estafa Maestra, la dependencia con más contratos es Petróleos Mexicanos, con 3 mil 576 millones. En segundo lugar: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 2 mil 224 millones.

El listado sigue en el reportaje: en tercer lugar aparece el Banco Nacional de Obras, con 491 millones; luego el Registro Agrario Nacional (447 millones); la SEP (278 millones); FOVISSSTE (249 millones); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica (138 millones); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 millones); la Secretaría de Economía (96 millones); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 millones), y la Secretaría de Agricultura (19 millones).

Como La Estafa Maestra se basa en hallazgos de los reportes de la ASF de 2013 y 2014, es importante recordar quiénes estaban en aquellos años en esas dependencias:

En Pemex, Emilio Lozoya; Alfredo del Mazo Maza –hoy gobernador del Estado de México–, al frente de Banobras; en la SEP fue en tiempos de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; Sagarpa, con Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cuando lo dirigía Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

Sólo por dar un ejemplo de otros que, como Rosario, deberían explicar cómo fueron aquellos contratos, retomo el caso de Banobras, que en 2013 firmó convenios por 491 millones de pesos –poco menos que la cuarta parte de la Sedesol– con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict), de la Universidad Autónoma del Estado de México. Todas menos una de las empresas entonces subcontratadas por el Fondict presentan irregularidades –algunas ni siquiera tenían dirección fiscal– que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única que operaba de forma aparentemente legal, se lee en el reportaje, fue QUITZE, SA de CV, que recibió contratos por 452 mil 500 pesos, es decir, el 1.18 por ciento del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

¿Qué dijo Del Mazo cuando fue buscado por los autores del reportaje? Nada, no contestó. Quizá dos años después el mexiquense tiene algunos incentivos para explicar.

Rosario Robles no debe ser un chivo expiatorio de La Estafa Maestra. Debe responder por lo ocurrido en ese esquema en Sedesol. Pero hay otros 10 'Rosarios' que también han de ser llamados por las autoridades a explicar por qué utilizaron ese esquema que defraudó las arcas públicas.